Luego de que se produjera un corte de energía eléctrica que afectó a LRA8 Radio Nacional Formosa, los periodistas de esa emisora comentaron el hecho en sus perfiles de Facebook. Con capturas de pantalla de esos posteos, el gobierno de Insfrán formuló una denuncia en el Juzgado Federal de Formosa, pidiendo que se investiguen esos comentarios.
Este artículo fue publicado originalmente en fopea.org el 22 de noviembre de 2016.
Una vez más, el gobierno de Formosa que encabeza el gobernador Gildo Insfrán concretó una presión judicial indebida y desmesurada contra periodistas de esa provincia, por esta razón, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) condena el intento de amedrentar y producir autocensura en periodistas y medios de comunicación, y exhorta a jueces y fiscales de la Provincia de Formosa a constituirse en garantes de la libertad de expresión y no en una amenaza para el ejercicio de la labor de informar.
En esta ocasión, luego de que se produjera un corte de energía eléctrica que afectó a LRA8 Radio Nacional Formosa, los periodistas de esa emisora, Gabriel Hernández y Leonardo Fernández Acosta, comentaron el hecho en sus perfiles de Facebook. Con capturas de pantalla de esos posteos, el gobierno de Insfrán formuló una denuncia en el Juzgado Federal de Formosa, pidiendo que se investiguen esos comentarios.
Paralelamente, la Procuración General del Superior Tribunal de Justicia de la provincia también inició una investigación por el corte de luz, cuya primera medida fue requerir a LRA8 que informe en qué días y horarios se emite el programa “Sin Censura” de Gabriel Hernández, donde se dio la primicia de la vinculación de la sobrina del gobernador Insfrán con la sonada causa de los “Narcozapallitos”. Ambos periodistas fueron citados a declarar como testigos ante la Fiscalía Federal N° 1 de Formosa, donde la fiscal de Estado de la Provincia, Stella Maris Zabala de Copes, se presentó “siguiendo expresas instrucciones” del Poder Ejecutivo, pidiendo que se investigue “la conducta y los dichos temerarios” de los periodistas y pidiendo para ellos como sanción “el máximo de la escala penal punitiva”.
Hernández, que en perfil en la red social solamente preguntó qué había pasado con la “inexplicable falla eléctrica” que le impidió hacer su programa, denunció en el Juzgado Federal de Formosa a funcionarios del gobierno provincial de Gildo Insfrán por “injerencia abusiva” en su actividad periodística e incluso en su ámbito privado de Facebook. Afirmó que los funcionarios de Insfrán cometieron el delito de abuso de autoridad penado por el art. 248 del Código Penal, por incurrir en injerencias arbitrarias e ilegales en su vida privada, en violación del art. 11 del Pacto de San José de Costa Rica y del art. 4 de la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional, que prohíbe “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas” por sus acciones privadas, su ocupación laboral y demás actividades lícitas.
Hernández fue anteriormente condenado al igual que su esposa Paola Cóspito, Carlos Orué, Carlos Julián González -director del Diario Opinión Ciudadana-, la propietaria de Radio Fantasía FM 100.3, en la causa caratulada “Insfrán Gildo contra Hernández Gabriel y otros s/Juicio de Daños y Perjuicios”, Expediente N° 16/2013, a pagarle a éste dos millones de pesos. La condena fue confirmada, aunque por un monto menor, por la Cámara Penal y está ahora en instancia de revisión ante el Superior Tribunal de Justicia provincial.
Recientemente, en un acto público, el gobernador Insfrán afirmó que Hernández pronto iba a tener novedades sobre su apelación y que “si yo manejara la justicia éste hace rato no hablaba como lo viene haciendo”.