ARTICLE 19 reconoce la importancia de la rectificación a fin de no perseguir a medios de comunicación y convocarles a una verdadera autorregulación a través de códigos de ética y del derecho de rectificación, corrección y réplica.
Este artículo fue publicado originalmente en articulo19.org el 16 de abril de 2020.
ACTUALIZACIÓN: El 16 de abril de 2020 a las 15:00 la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado en el cual anunció que no se realizaría el procedimiento administrativo en contra de los medios el Diario de Juárez y el Diario de Chihuahua. ARTICLE 19 reconoce la importancia de la rectificación a fin de no perseguir a medios de comunicación y convocarles a una verdadera autorregulación a través de códigos de ética y del derecho de rectificación, corrección y réplica.
Ciudad de México 16 de abril de 2020 – El día de ayer el gobierno federal anunció el inicio de un procedimiento “administrativo sancionatorio” contra el Diario de Juárez y el Diario de Chihuahua por información falsa difundida en sus respectivas ediciones del 14 de abril de 2020.
La investigación -que estará a cargo de la Secretaría de Gobernación a través de la Unidad de Normatividad de Medios de Comunicación- vino después de la difusión de una nota publicada en el Diario de Juárez con el título “Prueban con fotos muertes por COVID”. En ésta se afirmaba que las autoridades estarían “maquillando” las cifras de muertos en la ciudad fronteriza.
La nota estaba acompañada de una fotografía de cadáveres apilados en el piso de una habitación y cubiertos en bolsas mortuorias. El pie de foto afirmaba que esta había sido tomada en el IMSS de Ciudad Juárez. No obstante, en realidad esta había sido tomada días atrás en un hospital de Ecuador, cuando el mundo conoció la noticia de la crisis sanitaria que enfrentaba el país sudamericano por la transmisión descontrolada del COVID-19.
Ese mismo día el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, afirmó que se trataba de “una muestra más del amarillismo” de la empresa que publica el Diario de Juárez y el Diario de Chihuahua. “Los diarios se han dedicado a propagar pánico moral entre la población” con el fin de “confundir a la ciudadanía, generar caos (…) y desacreditar a las autoridades estatales,” concluyó.
Al respecto, la reportera que escribió la nota ofreció disculpas públicas explicando que “Nunca tuve el objetivo de ser sensacionalista, de causar pánico en la sociedad o de obtener alguna ganancia. Soy humana y tantos años entrevistando a la Asociación de Abogados Penalistas de Ciudad Juárez (…) me llevaron a un exceso de confianza. Para mis lectores lo único que puedo decirles es perdón, me equivoqué y mi compromiso es seguir trabajando, revisar cada nota, buscar la contra parte”.
De la misma manera, el Diario de Juárez publicó una nota aclaratoria en la portada de ayer. Esta dice que “la información fue recibida de buena fe sin ser sometida a la necesaria comprobación de la autenticidad de la foto, pasando engañosamente por otras instancias en el proceso de edición y publicación. Sin duda, la inclusión de la foto fue un error de cualquier manera injustificable. Ofrecemos la respectiva explicación y solicitamos las más sentida disculpa a nuestros lectores.”
La ciudadanía en el estado de Chihuahua tiene derecho a recibir información veraz, más aún en medio de un contexto en donde las autoridades aún no han logrado controlar la expansión del virus[1]. La publicación de la mencionada fotografía genera un efecto adverso a este derecho y afecta la posibilidad de las y los chihuahuenses de contar con un debate público plural, robusto y con información y datos rigurosamente recolectados.
El debate en torno a la equivocación por la publicación del Diario de Juárez es bienvenido. Las críticas hacia el Diario que ha realizado el gremio periodístico, la audiencia del diario, la academia y demás sectores de la sociedad civil son necesarias y contribuyen a reflexionar sobre los deberes éticos del periodismo y a la necesidad de tener mayor autorregulación. Las disculpas que ha ofrecido la reportera a sus lectores contribuyen a minimizar el daño. Sin embargo, la postura de los gobiernos estatal y federal debe sujetarse a los más altos estándares internacionales y no incurrir en la aplicación de medidas desproporcionadas.
El procedimiento administrativo que ha iniciado SEGOB, de utilizarse de manera indiscriminada y arbitraria a partir de ahora, es un peligroso paso camino a controlar los contenidos periodísticos de los medios de comunicación. El periodismo debe contar con un amplio margen de independencia y autonomía frente al Estado. México no puede avanzar a una situación en donde el gobierno federal determine y sancione a su antojo qué notas periodísticas son falsas y cuáles son verdaderas.
Para ello debe transparentar con base en qué criterios pretende iniciar procedimientos en unos casos y en otros no, tomando en cuenta que esta medida de sanción es extrema y puede afectar el derecho de acceso a la información en este contexto de crisis en la salud pública. Además es responsabilidad del gobierno, antes de adoptar cualquier medida de sanción, difundir información fiable sobre la situación de la pandemia en el país.
Previendo este potencial de abuso, el pasado 19 de marzo las relatorías de libertad de expresión de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declararon: “Es esencial que los gobiernos (…) aborden la desinformación por sí mismos proporcionando información fiable (..) Con respecto a otras medidas, como la reducción de contenidos y la censura, puede dar lugar a la limitación del acceso a información importante para la salud pública y sólo debe realizarse cuando se cumplan las normas de necesidad y proporcionalidad. Cualquier intento de penalizar la información relativa a la pandemia puede crear desconfianza en la información institucional, retrasar el acceso a información fiable y tener un efecto silenciador en la libertad de expresión [2].»
Antes de anunciar la persecución de medios, el Estado debe preocuparse por detener la difusión de información falsa por parte de sus propios funcionarios. En días pasados el gobernador de Puebla afirmó que “los pobres estamos inmunes” frente al COVID y el propio Presidente de la República afirmó a inicios de marzo «Hay quien dice que por lo de coronavirus no hay que abrazarse. Pero hay que abrazarse, no pasa nada”. Por su parte, el propio gobernador de Chihuahua tiene un largo historial de intimidaciones [3] a la prensa en los que se destacan amenazas de demanda [4], negativa de responder información, así como campaña de desprestigio[5], acciones que tampoco han tenido consecuencias ni han sido investigadas por las autoridades.
En paralelo, otros funcionarios como el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla han hecho afirmaciones notoriamente exageradas como el decir que los médicos del estado estaban “cayendo como moscas” ante la falta de protección.
ARTICLE 19 reitera que los medios de comunicación y periodistas «deberían apoyar sistemas efectivos de autorregulación (…) que incluyen estándares para propiciar la veracidad de las noticias, entre otras cosas, contemplando el derecho de rectificación y/o réplica en el caso de hechos incorrectos en los medios[6].»
Por estas razones. ARTICLE 19 exige a la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México tomar en cuenta la rectificación del medio como remedio a la difusión de información falsa y cesar de inmediato este proceso administrativo en contra del Diario de Juárez y el Diario de Chihuahua.
Es positiva la preocupación del gobierno para detener la información de información falsa pero debe transparentar los criterios y las bases bajo las cuales se iniciarán este tipo de procedimientos, recordando que este tipo de medidas extremas pueden prestarse a abusos. El uso desviado del derecho puede generar un efecto inhibitorio en la difusión de contenidos legítimos.
[2] COVID-19: Los gobiernos deben promover y proteger el acceso y la libre circulación de la información durante la pandemia – Expertos internacionales: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=1170&lID=2
