Las autoridades guatemaltecas deben garantizar la seguridad de los periodistas cuando dan cobertura informativa a protestas, e investigar los ataques contra la prensa.
Este artículo fue publicado originalmente en cpj.org el 4 de diciembre de 2020.
Las autoridades guatemaltecas deben garantizar la seguridad de los periodistas cuando dan cobertura informativa a protestas, e investigar los ataques contra la prensa, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
El 28 de noviembre, un sujeto que participaba en una manifestación antigubernamental en Ciudad de Guatemala golpeó a Jovanna García, periodista del medio digital Ruda, con un tubo de hierro en la clavícula y el hombro, y la señaló de ser una “feminista infiltrada”, según una alerta de IM-Defensoras, organización regional de derechos humanos, y declaraciones de la editora jefa de Ruda, Quimy de León, quien habló con el CPJ por vía telefónica.
“Las autoridades guatemaltecas deben garantizar que los periodistas puedan cubrir las protestas libremente y sin recibir hostigamiento ni amenazas a su integridad física”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York. “Las autoridades deben investigar a fondo el ataque contra Jovanna García y enjuiciar al agresor”.
García llevaba la credencial de prensa y un casco con el letrero de “Prensa” cuando fue golpeada, declaró de León, quien agregó que la periodista se había tomado un descanso para recuperarse en un lugar seguro y que ella hablaría en nombre de García. De León afirmó que la periodista había sufrido una contusión moderada a causa del golpe.
De acuerdo con de León, García había enfrentado hostigamiento anteriormente por su trabajo periodístico. En septiembre de 2020, después de colaborar en un artículo de Ruda sobre manifestaciones celebradas en reconocimiento del Día Internacional de la Despenalización del Aborto, García fue objeto de hostigamiento y mensajes amenazadores en sus cuentas de redes sociales y el teléfono personal. Algunos de estos mensajes contenía información personal como la dirección de su domicilio, informó IM-Defensoras.
Daniel Ordóñez, director de la Fiscalía de Delitos contra Periodistas, declaró al CPJ por vía telefónica que su entidad ya estaba en contacto con García y esperaba a que la periodista se sintiera lo suficientemente bien como para sostener un encuentro en persona, con la finalidad de abrir una investigación oficial sobre los hechos.
El CPJ llamó a la sede de la Policía Nacional Civil y a Pablo Castillo, vocero de la Policía, para obtener una declaración, pero no recibió respuesta.
Desde el 21 de noviembre, cuando estallaron protestas contra el Congreso y el presidente Alejandro Giammattei como respuesta a una propuesta de presupuesto nacional para 2021, como mínimo 10 periodistas han sido hostigados o agredidos, según Voz de América, que citó como fuente a la Sociedad Interamericana de Prensa. El fotógrafo freelance Carlo Sebastián fue agredido por agentes policiales en la primera jornada de protestas, informó el medio noticioso guatemalteco Guatevisión.
Un informe especial del CPJ sobre los desafíos de la libertad de prensa en Guatemala, publicado en marzo de 2020, analizó en detalle la violencia de que son objeto los periodistas durante las coberturas noticiosas.
