Aunque Argentina, en general disfruta de una prensa libre, los grupos de libertad de prensa han expresado inquietudes por aumentos en las incidencias de amenazas y agresiones contra periodistas en las provincias y la influencia de lo que se llama «censura suave» en los medios. Reporteros sin Fronteras (RSF) mencionó tres casos desde el principio […]
Aunque Argentina, en general disfruta de una prensa libre, los grupos de libertad de prensa han expresado inquietudes por aumentos en las incidencias de amenazas y agresiones contra periodistas en las provincias y la influencia de lo que se llama «censura suave» en los medios.
Reporteros sin Fronteras (RSF) mencionó tres casos desde el principio de este año en que los políticos locales han atacado a periodistas que criticaron a funcionarios.
El incidente más reciente implicó al reportero Ángel Ruiz del semanario «El Este Rionegrino» en la provincia de Río Negro, que recibió llamadas telefónicas que amenazaban con cerrar la publicación después de que Ruiz había revelado la existencia de un tráfico de fósiles y criticado a dos altos funcionarios provinciales. Ruiz está siendo demandado por difamación y se enfrenta a tres años de cárcel de ser condenado.
En otros casos, el 18 de febrero de 2006, Juan Cruz Sanz y Juan Obregón del diario «Perfil» en la provincia de Santa Cruz fueron amenazados por tres hombres que fueron vistos salir de la residencia del presidente Néstor Kirchner en la ciudad de Río Gallegos.
El 18 de enero, un funcionario de alto rango del Partido Justicialista (peronista) en la provincia de Buenos Aires atacó violentamente a Alberto Callejas, editor del periódico local «El Nuevo Cambio».
Según RSF, los periodistas y las empresas de medios de comunicación de las 23 provincias de Argentina con frecuencia están a merced de funcionarios locales, quienes tienen amplias facultades para silenciar a quienes informen críticamente acerca de sus políticas.
Aparte de usar amenazas y ataques físicos para intimidar a periodistas, los funcionarios también usan la publicidad gubernamental, o «censura suave», para influir directamente en la cobertura de los medios.
Un reciente estudio de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la Iniciativa de Justicia del Instituto Sociedad Abierta, titulada «Buying the News» («Censura sutil» en su versión en castellano), examinó la situación en las provincias de Córdoba, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego.
Encontró «una afianzada cultura de abuso constante por parte de funcionarios gubernamentales provinciales que manipulan la distribución de publicidad con fines políticos y personales», e indicó que esas decisiones son particularmente «insidiosas» en las provincias en las que la publicidad oficial es crucial para la supervivencia de muchas empresas de medios de comunicación. En Tierra del Fuego, los medios obtuvieron 75 por ciento de sus ingresos de publicidad de organismos gubernamentales.
En una encuesta nacional de reporteros publicada en noviembre de 2005 por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), 53 por ciento de los encuestados identificaron la dependencia de los medios respecto a la publicidad estatal como el problema más urgente que enfrenta la profesión. Los resultados se basaron en datos proporcionados por 282 encuestados a un cuestionario nacional.
Visite estos vínculos:
– RSF: http://www.rsf.org/article.php3?id_article=16565
– Informe de RSF sobre Argentina: http://www.rsf.org/article.php3?id_article=13200
– Buying the News (Una censura sutil): http://www.justiceinitiative.org/db/resource2/fs/?file_id=16596
– ADC: http://www.adc.org.ar
– FOPEA: http://www.fopea.org
– Informe de la SIP sobre Argentina: http://www.sipiapa.org/espanol/pulications/informe_argentina2005o.cfm
– Informe del CPJ sobre Argentina: http://www.cpj.org/attacks05/lang/AtaquesPrensa2005.pdf
