128 violaciones a las garantías informativas afectaron a periodistas, activistas y medios de comunicación entre enero y abril de 2024.
Este artículo fue publicado originalmente en ipysvenezuela.org el 2 de mayo de 2024.
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128 violaciones a las garantías informativas afectaron a periodistas, activistas y medios de comunicación entre enero y abril de 2024
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La intimidación por parte de cuerpos de seguridad del Estado y los señalamientos discursivos de altos funcionarios del gobierno fueron los agravios más registrados hacia la prensa
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El Ministerio Público anunció el inicio de investigaciones contra cuatro comunicadores sociales críticos o integrantes de partidos opositores
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11 emisoras salieron del aire en seis estados del país durante el primer cuatrimestre del año
El Día Mundial de la Libertad de Prensa fue proclamado el 3 de mayo de 1993 por la Organización de Naciones Unidas con la intención de fomentar las garantías del libre ejercicio periodístico. La fecha fue una recomendación de la Unesco en conmemoración de la Declaración de Windhoek, hecha en 1991 durante un seminario en Namibia, para el desarrollo de la prensa independiente y pluralista. Sin embargo, actualmente y en un año electoral, en Venezuela quienes ejercen el periodismo se enfrentan a desafíos y amenazas que obstaculizan el trabajo informativo.
Entre enero y abril de 2024, el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS Venezuela) constató 71 casos que representaron 128 violaciones a las garantías informativas de periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. Estas vulneraciones se registraron en las categorías de agresiones físicas o verbales (44), discurso estigmatizante (18), restricciones en internet (18), restricciones administrativas (11), censura (11), hostigamiento judicial (10), restricciones de acceso a la información (9), detenciones arbitrarias (2), normas que restringen la libertad de expresión (1) y el indicador transversal de género (4).
La entidad con más incidentes denunciados fue el Área Metropolitana de Caracas, con seis casos, desde donde el Ministerio Público anunció el inicio de investigaciones y procesos penales contra cuatro periodistas. En el estado Bolívar hubo cinco casos, en los que destaca el cierre de dos emisoras en menos de un mes. También se documentaron hechos en los estados Barinas (3), Lara (3), Yaracuy (3), Carabobo (2), Falcón (2), Nueva Esparta (2), Trujillo (2), Anzoátegui (1), Mérida (1), Monagas (1) Portuguesa (1), Táchira (1), Vargas (1), Zulia (1) y 36 casos a nivel nacional que corresponden a ataques a través de espacios digitales o transmisiones de televisión nacional.
Marzo, mes en el que fue anunciado el cronograma electoral para las votaciones presidenciales convocadas para julio, fue el periodo con más casos (22), de los cuales 12 fueron por difundir información política y cuatro, por coberturas electorales. El resto de los acontecimientos ocurrieron en enero (16), febrero (12) y abril (21).
Las víctimas de estas violaciones a las libertades informativas fueron 63 trabajadores de la prensa. Los reporteros (46) fueron la profesión más atacada en los primeros cuatro meses del año, seguidos por los directivos de medios (5), camarógrafos (3), locutores (3), articulistas (2), reporteros gráficos (2), conductores de televisión (1) y coordinadores (1). También resultaron afectados familiares de periodistas (4), activistas (2), así como medios de comunicación (28), organizaciones defensoras de la libertad de expresión (3), organizaciones gremiales (1) y agencias de análisis político (1). Estas víctimas fueron 41 hombres y 28 mujeres.
Los victimarios más recurrentes en las denuncias documentadas fueron los cuerpos de seguridad del Estado, con 16 casos, y los ministerios y sus dependencias, con siete registros. También fueron responsables de estos hechos los desconocidos (11), así como los simpatizantes oficialistas (7) y ciudadanos (7).
El 15 de febrero, el Estado venezolano suspendió las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y ordenó la salida de los delegados del país. Esta medida, que ocurrió después de que la instancia se pronunciara sobre la detención y desaparición forzada de la activista Rocío San Miguel, aumenta la desprotección de las personas víctimas de violaciones de derechos humanos y disminuye la veeduría ante tales vulneraciones. Más de dos meses después, el 23 de abril, Nicolás Maduro anunció que la Oacnudh volvería a Venezuela.
En marzo, la alta comisionada adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, se pronunció sobre la actualización de la oficina del Acnudh sobre los derechos humanos en Venezuela y expresó su preocupación sobre “las medidas para restringir indebidamente el espacio cívico y democrático, incluidos los casos de detención, intimidación y estigmatización de miembros y simpatizantes de los partidos de oposición”. Asimismo, reiteró la importancia de garantizar la libertad de expresión y asociación como condiciones esenciales para los procesos electorales.
Foco de persecución
Los mensajes estigmatizantes y la criminalización por parte de altos funcionarios del gobierno contra periodistas y medios de comunicación por su trabajo informativo marcaron un patrón de persecución discursiva. Asimismo, autoridades ejercieron el hostigamiento judicial para asediar a periodistas disidentes o simpatizantes de la oposición. Estos ataques contra la libertad de expresión y de prensa reducen el espacio cívico y afectan la participación diversa de comunicadores, activistas, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil en el debate público.
En enero, el Ministerio Público (MP) anunció que se libró una orden de aprehensión contra la periodista Sebastiana Barráez, por los presuntos delitos de traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del presidente y el gobernador de Táchira, Freddy Bernal, terrorismo y asociación, por su supuesta participación en la presunta trama conspirativa llamada Brazalete Blanco.
De manera similar, en marzo se dictó una nueva orden de aprehensión contra la periodista Claudia Macero, coordinadora de Comunicaciones del partido Vente Venezuela, y otras ocho personas de esa tolda opositora, por estar presuntamente involucradas en un plan para desestabilizar el país incitando a la violencia, de acuerdo con declaraciones de Tarek William Saab, fiscal general de la República.
En abril, la Fiscalía también abrió una investigación contra el periodista Orlando Avendaño, en el exilio desde 2018, por el presunto delito de incitación al odio, por publicar un post en la red social X a principios de marzo. En ese contexto, la vivienda de sus padres fue allanada por un fiscal y funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). También en abril, el periodista y activista social Carlos Julio Rojas fue detenido arbitrariamente en Caracas y presentado ante el Tribunal Segundo de Control con competencia en Terrorismo, luego de que el MP lo acusara de los presuntos delitos de terrorismo, conspiración, instigación a delinquir y magnicidio en grado de tentativa.
IPYS Venezuela también registró cuatro casos de periodistas que decidieron abandonar sus residencias y resguardarse en sitios seguros por temor a represalias por parte de actores de poder. En este contexto, preocupa que el Estado continúe ejerciendo mecanismos de asedio contra la prensa.
La persecución estatal hacia las voces críticas además se evidenció en el discurso estigmatizante contra periodistas, medios de comunicación privados y extranjeros.
En marzo, el presidente Nicolás Maduro y el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, emitieron descalificativos hacia el medio alemán DW Español por publicar un video sobre tramas de corrupción presuntamente vinculadas al gobierno venezolano. Ñáñez los acusó de “mentir, difamar y propagar odio contra Venezuela”, mientras que Maduro llamó “nazi” al canal durante la emisión de su programa “Con Maduro +”, que sale al aire por el canal del Estado VTV. Tras estos señalamientos, las cableoperadoras SimpleTV, SuperCable y NetUno suspendieron a DW Español de sus parrillas de programación.
Un mes después, el 1 de abril, Maduro; el fiscal general de la República, Tarek William Saab y el canciller de Venezuela, Yvan Gil, criminalizaron el trabajo informativo de la unidad de investigación de “Noticias Caracol”, del canal Caracol Televisión, por un reportaje del medio colombiano sobre presuntas operaciones de inteligencia hechas por el Estado venezolano en el extranjero para capturar a los responsables de supuestas conspiraciones contra el gobierno de Maduro.
El también ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, emitió descalificativos hacia el medio digital Alberto News y la periodista Sebastiana Barráez, respectivamente el 12 y el 28 de marzo, tras difundir información. En el caso del portal digital, luego de publicar un titular sobre declaraciones de la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, durante el seminario internacional “Nueva arquitectura financiera regional”, que se llevó a cabo en Bolivia. Por otra parte, Barráez fue señalada por el ministro Ñáñez por difundir información sobre los presuntos vínculos de Jerry Ostos con el oficialismo.
En su declaración pública del 15 de abril, Amnistía Internacional se pronunció sobre la escalada de persecución de voces críticas y disidentes en el país en el marco del periodo electoral en curso en Venezuela. Asimismo, la organización reiteró su preocupación “por varias leyes que están en trámite legislativo, cuya intención sería dar apariencia de legalidad a la persecución política y al ataque a quienes defienden los derechos humanos”.
En el documento de Amnistía internacional se menciona la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, cuya consulta pública inició en enero y que impone nuevos requisitos para regular el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil, lo que podría limitar el derecho a la libertad de asociación y de expresión.
Otra propuesta legislativa contraria a la libertad de expresión y que condiciona el debate democrático es el Proyecto de Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares, aprobado en primera discusión el 2 de abril. Esta normativa, que establece pautas de actuación para los medios de comunicación y actores de la sociedad civil, incurre en imprecisiones que permitirían que se aplique de manera arbitraria y discrecional, lo que aumentaría el clima de censura ante el temor de sufrir represalias por ejercer la libertad de expresión.
Prevalece la intimidación
En los primeros cuatro meses de 2024, funcionarios públicos, simpatizantes oficialistas y otros actores atacaron, amenazaron e intimidaron a la prensa por hacer su trabajo noticioso. En nueve casos, efectivos de seguridad del Estado fueron los responsables de estas acciones de amedrentamiento.
Con 11 incidentes, enero fue el mes con más casos en la categoría de agresiones físicas o verbales. El día 24, el periodista Luis López, del diario La Verdad de Vargas, denunció que presuntos efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) estuvieron cerca de su vivienda en La Guaira y tomaron fotos. Esto ocurrió después de que, el 23 de enero, el reportero fuera a la casa del coordinador del partido político Vente Venezuela en Vargas, Juan Freites, a realizar una cobertura informativa minutos después de la detención del dirigente.
También en enero, pero en el estado Barinas, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) obligaron a Gerson Cuevas, del canal de YouTube Televisora Cultural Barinesa, y Neptalí Querales, reportero gráfico del diario La Noticia de Barinas, a entregar sus teléfonos para borrar el contenido audiovisual informativo que registraron sobre el operativo policial que ocurrió en la sede de la Federación Nacional de Sindicatos y Colegios de los Trabajadores de la Educación de Venezuela (Fenatev), en la ciudad de Barinas, en el que resultó detenido el profesor Víctor Venegas.
