A pocos días de cumplirse un mes de la brutal agresión física a la que fueron sometidos los periodistas Beatriz Lara Mendoza y Alfredo Paradas, la fiscalía otorgó medidas de protección al equipo reporteril.
Este artículo fue publicado originalmente en ipys.org.ve el 8 de julio de 2015.
A pocos días de cumplirse un mes de la brutal agresión física y moral a la que fueron sometidos la periodista Beatriz Lara Mendoza y el reportero gráfico Alfredo Paradas, del diario El Aragüeño, por parte de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones científicas penales y criminalísticas en la población de Villa de Cura en el estado Aragua, la Fiscalía 20 de Derechos fundamentales a cargo del fiscal Elías Martínez finalmente otorgó medidas de protección al equipo reporteril, las cuales tendrán una vigencia de 6 meses.
El Fiscal Superior del estado Aragua, Roberto Acosta fue quien inicio el anuncio, en el marco de una reunión solicitada por el Colegio Nacional de Periodistas de Aragua, y en donde estuvieron presentes también, directivos del Círculo de Reporteros Gráficos del estado y un representante legal de la ONG Espacio Público.
El pasado 19 de junio, Beatriz Lara Mendoza y Alfredo Paradas, fueron brutalmente golpeados, maltratados física y verbalmente, vejados y esposados por unos funcionarios del CICPC en Villa de Cura, en un hecho sin precedentes en el periodismo venezolano y en el que se puso de manifiesto, un peligroso abuso de poder. Desde el primer momento, el CNP Aragua, IPYS Venezuela, Espacio Público, Círculo de Reporteros Gráficos de Aragua activaron las alertas y acompañaron a las víctimas para formular las denuncias y exigir sin dilaciones, sanciones correspondientes ante los organismos respectivos.
La Fiscalía 20 de Derechos Fundamentales en el estado Aragua conoció del caso y allí acudieron las víctimas para solicitar urgentes medidas de protección ante el miedo y temor que sienten luego que fueron varios funcionarios del cuerpo policial y detectivesco quienes los agredieron. Este lunes 6 de junio finalmente les fueron otorgadas tales medidas por un lapso de seis meses.
El CNP Aragua y el CRGV también acudieron a la sede regional del CICPC en tres oportunidades, solicitando un encuentro con el comisario jefe Luis Ollarves. Éste, delegó en los comisarios Leonardo Peña y Mercys Bracho su representación. Ambos funcionarios reconocieron los excesos cometidos y anunciaron el inicio de un proceso de investigación interno, que fue remitido a la Inspectoría general del CICPC en Caracas. A la fecha, se desconocen los avances o resultados de esta investigación interna en contra de los funcionarios que agredieron al equipo reporteril, ni ha habido un pronunciamiento oficial y público por parte de las autoridades policiales sobre el caso, pese a que así fue exigido por los representantes gremiales.
Los comisarios Peña y Bracho, aseguraron además que no existe ninguna reseña policial en contra de la periodista y el reportero gráfico, aunque así se lo señalaron a las víctimas, los funcionarios que participaron en la agresión. Se les acusaba de obstrucción a la autoridad, resistencia a la autoridad y complicidad en un supuesto plan de fuga de unos delincuentes que habían sido detenidos ese día durante un procedimiento policial.
A escasos días de cumplirse un mes de este atropello contra periodistas en Aragua, las víctimas siguen recibiendo asesoría y acompañamiento por parte de los respectivos gremios a los que pertenecen, amén del apoyo por parte de ONG´S como Instituto Prensa y Sociedad, Espacio Público, Expresión Libre, Provea y solidaridad dentro y fuera del país.
Mientras tanto, exigen y esperan justicia.
