Dado que la Cámara de Diputados ya había rechazado anteriormente el veto, el Ejecutivo ahora deberá promulgar la ley obligatoriamente.
(AMARC/IFEX) – Paraguay, 09 de marzo de 2011 – El 8 de marzo, la Cámara de Senadores de Paraguay, con 25 votos, rechazó el veto del Poder Ejecutivo a las modificaciones a la Ley de Telecomunicaciones. Dado que la Cámara de Diputados ya había rechazado anteriormente el veto, el Ejecutivo ahora deberá promulgar la ley obligatoriamente.
El 12 de noviembre de 2010, el Presidente de la República, Fernando Lugo, vetó el proyecto de ley que modifica artículos de la Ley de Telecomunicaciones que establece criterios discriminatorios para el funcionamiento de los medios comunitarios. Previo a la aprobación de esta ley la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envío una opinión al gobierno paraguayo manifestando que las propuestas de modificación de los artículos eran contrarias a los estándares del Sistema Interamericano en materia de Libertad de Expresión.
La reforma aprobada modifica los artículos 57, 58, 70, 73 y 100 de la Ley Nº 642/95 «De Telecomunicaciones». En el artículo 57 se establecen restricciones de potencia para los medios comunitarios, en el 58 la prohibición de transmitir publicidad para dichos medios y en el 100 las sanciones y la facultad del ministerio público para conocer y penalizar de los casos de radiodifusión no autorizada. Todas estas disposiciones resultan contrarias a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión por restringir indebidamente a los medios comunitarios y establecer procedimientos y sanciones que resultan desproporcionales. Así fue establecido por la propia Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH en una carta enviada al Estado paraguayo.
Por tanto, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina y el Caribe (AMARC ALC) une su voz a las organizaciones defensoras de libertad de expresión en Paraguay y expresa su profunda indignación y rechazo a esta decisión parlamentaria, que se aleja de un Estado democrático respetuoso de los derechos humanos y conduce a un serio retroceso en materia de derechos humanos.
