En el período previo a las elecciones generales de julio de 2018, el gobierno de Camboya se volvió cada vez más hostil ante la disidencia. Los partidos de oposición y los medios de comunicación independientes están bajo una dura represión. Los periódicos y los organismos de radiodifusión se vieron obligados a cerrar, los activistas de derechos humanos fueron encarcelados y la policía ejerció violencia para dispersar las manifestaciones.
Cada vez es más evidente que el Primer Ministro Hun Sun no tiene intención de permitir que los medios libres continúen operando dentro del país antes de las elecciones de 2018. En su lugar, el gobierno aprovechó todas las oportunidades para ir tras críticos, opositores políticos, ONGs y medios independientes comprometidos a reportar la verdad.
Últimas elecciones sombreadas por amenazas
Las elecciones locales tuvieron lugar en junio de 2017 en un ambiente descrito por Human Rights Watch como «amenazante» y «hostil a la libertad de expresión y a la participación política genuina», una amenaza exacerbada por la escalofriante afirmación del primer ministro Hun Sen, de que estaba dispuesto a «eliminar de 100 a 200 personas» para asegurar el triunfo del su CPP. No era una amenaza vacía. Veinte años antes, en julio de 1997, decenas de personas fueron asesinadas cuando fuerzas leales al CPP derrocaron al entonces co-primer ministro de Hun Sen, Norodom Ranariddh, líder del partido monárquico FUNCINPEC.
Las elecciones del 17 de junio fueron, en última instancia, pacíficas. El opositor Partido Nacional de Rescate de Camboya (CNRP) obtuvo un 46% de los votos con relación al 51% del CPP, una ganancia significativa para la oposición en comparación con años anteriores. Sin embargo, las elecciones se celebraron bajo una nube de amenazas, específicamente contra grupos de la sociedad civil que desafiaron al gobierno. Esto incluyó a un portavoz del ministerio del Interior que amenazó con repercusiones después de las elecciones si las ONGs persistían en su oposición.
Un año más tarde, esa amenaza se concretó con el arresto el 3 de septiembre de 2017 de Kem Sokha, líder del CRNP, acusado de traición por colusión con Estados Unidos, una escalada de acciones hostiles contra la oposición y por el antagonismo del primer ministro hacia EE.UU.
Mayor presión sobre la prensa antes de la elección general
Justo antes de las elecciones locales del 17 de junio, el Ministerio del Interior estableció directrices para la cobertura de los medios de comunicación que incluían prohibiciones de noticias que afectaban al «orden público» o causaban «temor de violencia». El Comité para la Protección de los Periodistas describió el edicto como «intrusivo, vago y amenazante». Se impusieron restricciones similares en los medios antes de las elecciones generales de julio de 2018, incluida una orden ministerial emitida en junio de 2018, que impone restricciones draconianas a los usuarios de las redes sociales. La orden prohíbe el intercambio de contenido que el gobierno define de manera vaga como causante de «incitación» y «socavamiento de la solidaridad social».
A pesar de la victoria de CPP en las encuestas de 2017, la presión sobre la prensa se endureció. Entre agosto y septiembre de 2017 se cerraron o retiraron del aire a al menos 30 medios de comunicación. Entre ellos se encontraba el periódico camboyano de habla inglesa Cambodia Daily, que se vio obligado a cerrar el 3 de septiembre de 2017 tras recibir una orden de pagar US$ 6,3 millones en años de impuestos atrasados, una cifra «astronómica» disputada por el periódico. Aunque contara sólo con una pequeña circulación, el periódico fue admirado por su cobertura de temas delicados como la corrupción y los derechos a la tierra. Luego, el 12 de septiembre, la Radio Free Asia (RFA) financiada por Estados Unidos fue obligada a suspender sus operaciones en Camboya bajo lo que se describió como una «represión implacable contra las voces independientes». Las emisoras de radio que emiten contenido de RFA y Voice of America también fueron retiradas del aire, acusadas de «promocionar» a los dos radiodifusores financiados por Estados Unidos, entre otras supuestas violaciones de las regulaciones de licencias. El gobierno disputó que los cierres estuvieran motivados por razones políticas, una acusación contradicha por el ministro de Información Khieu Kanharith que describió al director de una de las estaciones cerradas, «La Voz de la Democracia», como un «traidor» por aceptar donaciones extranjeras.
La libertad de prensa recibió otro golpe en mayo de 2018, cuando el último periódico independiente de Camboya, The Phnom Penh Post, fue vendido en circunstancias turbias. Poco después de que se completara la venta, el nuevo propietario comenzó a censurar el contenido y atacar a los periodistas del periódico; 13 miembros del personal fueron obligados a renunciar y el editor en jefe fue despedido.
En los días previos a las elecciones generales de julio de 2018, las autoridades bloquearon 17 principales medios de noticias en línea, incluyendo el Cambodian Center for Independent Media’s Voice of Democracy (VOD), Voice of America (servicio VOA Khmer), Radio Free Asia (servicio RFA Khmer) y el periódico Phnom Penh Post.
El 25 de julio de 2018, IFEX emitió una declaración pública en la que condenaba la represión preelectoral de Camboya contra las voces independientes, lo que «privó a la elección de toda credibilidad». La declaración pedía «la plena restauración de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el país».
REUTERS/Samrang Pring
Activistas de derechos encarcelados y atacados
En 2015 entró en vigor una nueva ley de ONGs que promulgó requisitos de registro y presentación de informes más estrictos, descritos como un «intento un poco velado de reducir la libertad [de las ONGs]». El comentario del primer ministro Hun Sen de que toda ONG que violara las nuevas regulaciones sería «esposada» puso aún más nerviosos a los ya sitiados grupos de la sociedad civil.
Entre ellos están los activistas de derechos humanos que han estado luchando para conservar la tierra reclamada por desarrolladores que ponen en riesgo los medios de vida locales y el medio ambiente. En 2012, 13 mujeres fueron condenadas a penas de prisión por manifestaciones contra estos desarrollos en las afueras de Phnom Penh. Tep Vanny es una de ellas. Está cumpliendo una condena de dos años y medio por organizar protestas para la liberación de su compañera activista de derechos Yorm Bopha, en 2013. Detenida en varias ocasiones entre 2012 y su última encarcelación en 2017, también había sido detenida por un breve período por su apoyo a cinco miembros de la Asociación Camboyana de Derechos Humanos y Desarrollo (ADHOC), detenidos en abril de 2016 y recluidos sin juicio hasta su liberación bajo fianza en junio de 2017. Acusada de soborno, su «delito» consistió en asesorar a una mujer vinculada a una investigación sobre las denuncias de que un miembro de la oposición CNRP había estado teniendo una aventura, una demanda ampliamente vista como un intento de socavar al partido. En noviembre de 2016, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias dictaminó que los cinco fueron encarcelados arbitrariamente y que fueron detenidos por haber dado «consejos legítimos».
Los arrestos de los miembros de ADHOC desencadenaron manifestaciones en mayo de 2016, llamadas la campaña del «Lunes Negro». Se produjo una serie de protestas y eventos para apoyar a los prisioneros, las cuales recibieron en repuesta procedimientos policiacos pesados y decenas de arrestos. Una de los detenidas fue Tep Vanny, quien fue detenida por seis días en agosto de 2016, y continúa detenida por su participación en otra protesta años antes. Las protestas del lunes negro continúan.
El entorno de los defensores de los derechos humanos sigue siendo hostil. A mediados de septiembre de 2017, las tensiones habían aumentado a medida que aumentaba la retórica contra las organizaciones con vínculos estadounidenses, llevando a la embajada estadounidense en Phnom Penh a emitir una advertencia de seguridad a sus ciudadanos.
Una farsa espantosa más que un juicio – el caso de Kem Ley
En medio de estos acontecimientos se encuentra el asesinato de Kem Ley, un comentarista político y activista conocido por sus fuertes críticas al CPP, que fue asesinado a tiros el 10 de julio de 2016 en un café de la estación de servicio donde a menudo se reunía con personas para dar entrevistas. En lugar de dar una impresión de justicia, la condena de un hombre a cadena perpetua en marzo de 2017, suscitó sospechas de que se trataba de un asesinato político ordenado a los más altos niveles. La especulación fue tal que el primer ministro Hun Sen emprendió una acción legalcontra el exilado líder de la oposición Sam Rainsy por sugerir que su gobierno estaba detrás del asesinato. Apenas días antes de su muerte, Kem Ley había dado una entrevista sobre un informe de Global Witness, Hostile Takeover, sobre la enorme riqueza personal que Hun Sen había acumulado durante sus años en el poder.
El juicio en sí estaba plagado de inconsistencias. Mientras que el acusado, Oueth Ang, admitió el asesinato, su testimonio aparentemente estaba plagado de lagunas. Su pretensión de ser huérfano fue socavada por la presencia de su madre como testigo, como lo fue su reclamo de ser trabajador forestal después de que se demostró que anteriormente había servido como ex soldado. Los individuos a los que se refirió como vinculados con el crimen no fueron llamados a los tribunales. Siete de los diez testigos eran oficiales de policía, y así sucesivamente. El observador de la Comisión Internacional de Juristas informó al New York Times que el juicio carecía de un «establecimiento adecuado de la verdad», agregando que «lo que ocurrió fue que el acusado proporcionó una versión de los hechos totalmente improbable, y los mismos no fueron explorados de manera profunda». La indignación fue tal que en julio de 2017, una declaración conjuntafirmada por 164 ONGs en Camboya y en el extranjero pidió al gobierno camboyano que abriera una Comisión de Investigación independiente para abordar los defectos del juicio y revelar la verdad tras el asesinato de Kem Ley.
La falta de justicia por los asesinatos anteriores no es un buen presagio para Kem Ley. La desaparición de Khem Saphath de 16 años, durante la represión policial de una huelga de trabajadores de la confección en 2014 permanece sin resolver, al igual que los asesinatos de otros seis durante los disturbios entre 2013 y 2014. Un documental sobre el asesinato de la ecologista Chut Wutty en 2012 fue prohibido en Camboya en 2016, aunque se estima que más de 100.000 personas lo han visto en exhibiciones secretas en todo el país. En un caso sorprendentemente parecido al de Kem Ley, dos hombres acusados y encarcelados por el asesinato en 2004 del activista sindical Chea Vichea, fueron liberados en 2013 debido a la falta de pruebas. Su juicio había sido profundamente defectuoso y se cree que habían sido utilizados como chivos expiatorios para distraer la atención de los verdaderos asesinos, que permanecen impunes.
Pisethinfo, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
MÁS RECURSOS E INFORMACIÓN
Kem Ley: Rompiendo la apariencia de justicia
ASIA Y EL PACÍFICO 19 September 2017
El 10 de julio de 2016, Kem Ley, popular activista y comentarista político camboyano, fue asesina-do. Esto sucedió dos días después de que haya criticado públicamente a la familia Hun Sen por abusar de su poder para acumular una enorme riqueza personal. Aunque el que apretó el gatillo ha sido condenado a cadena perpetua, aún quedan muchas preguntas sin respuesta, entre ellas una evidente: ¿quién ordenó el asesinato de Kem Ley?