Una coalición de organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales, entre ellos ARTICLE 19, lanzó una campaña el 5 de octubre de 2007 para exigir transparencia y participación en la asignación de licencias de difusión en Brasil. Según el periodista y profesor universitario Laurindo Leal Filho, «el pueblo de brasil está privado de su […]
Una coalición de organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales, entre ellos ARTICLE 19, lanzó una campaña el 5 de octubre de 2007 para exigir transparencia y participación en la asignación de licencias de difusión en Brasil. Según el periodista y profesor universitario Laurindo Leal Filho, «el pueblo de brasil está privado de su derecho a saber quien tiene las concesiones y exactamente cuándo se otorgaron esas concesiones».
La Constitución brasileña de 1988 hace de la difusión un servicio público que será operado directamente por el estado o mediante una licencia. Para renovar licencias (después de (@ diez años para la radio y quince para la televisión), el ministerio de Comunicaciones evalúa el cumplimiento con las obligaciones legales y presenta una evaluación al Presidente. La Constitución también declara el derecho a saber de los brasileños como un derecho fundamental, mientras las leyes específicas delinean el acceso público a la información en algunas áreas como leyes ambientales y presupuestales.
Sin embargo, la coalición dice que para la sociedad civil ha sido extremadamente difícil vigilar las renovaciones de licencias, pues las leyes pertinentes son confusas y la información del ministerio está incompleta y se restringen a las «partes interesadas». Así, el pueblo no puede juzgar cómo se evalúa a las emisoras o cómo participar en el proceso de renovación.
Para obtener esa información, ARTICLE 19 e Intervozes (el Coletivo Brasil de Comunicacao Social, la Central Unica dos Trabalhadores y la Uniao Nacional dos Estudantes) presentaron una petición al ministerio. Éstas y otras organizaciones también organizaron una manifestación pública (en la presencia de dos diputados) para lanzar una campaña por la transparencia en la asignación de licencias de difusión.
Más de veinte años después del fin de la dictadura militar de Brasil, ARTICLE 19 dijo el 28 de septiembre, Día Internacional del Derecho a Saber, que las familias de las víctimas y grupos de derechos humanos siguen organizando campañas para que se hagan públicos los archivos del periodo. Los documentos sobre las muchas desapariciones en ese periodo siguen siendo confidenciales y, de acuerdo con las leyes aplicables, pueden seguir siéndolo indefinidamente.
Cuando un informe gubernamental de 500 páginas sobre los cientos de asesinatos y «desapariciones» políticas durante la dictadura de 1964-1985 fue publicado en agosto de 2007, Human Rights Watch los saludó como «un importante paso hacia adelante para enfrentar años de impunidad oficial». Pero debido a que las fuerzas armadas de Brasil nunca han abierto archivos claves, «todavía es importante aclarar importantes aspectos de esa historia oscura».
A diferencia de otros países latinoamericanos que han sufrido regímenes militares abusivos, Brasil nunca ha perseguido a los responsables de las atrocidades pasadas.
Visite estos vínculos:
– Campaña por la transparencia (PDF): http://tinyurl.com/2ff8ho
– Misión de ARTICLE 19 a Brasil (en inglés): http://tinyurl.com/2fshns
(en portugués): http://tinyurl.com/yvd8sx
– Human Rights Watch: http://hrw.org/english/docs/2007/08/31/brazil16783.htm
(16 de octubre de 2007)