En contextos como el colombiano, la labor de la prensa, el libre flujo y la pluralidad de la información son sumamente importantes para que la sociedad se pueda mantener informada, y con ello exigir una rendición de cuentas por parte de las instituciones del Estado y tomar decisiones informadas.
Respetado
Gustavo Petro Urrego
Presidente de la República
Presente
Señor presidente,
Reciba un cordial saludo de IFEX- ALC, una alianza regional de promoción y defensa de la libertad de expresión y acceso a la información en América Latina y el Caribe. IFEX- ALC fue creada en 2009, forma parte de la red global IFEX, y está compuesta por 24 organizaciones de la sociedad civil distribuidas en 14 países.
Uno de los ejes del trabajo de IFEX-ALC es lograr un ambiente más seguro para quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión y acceso a la información, incluyendo el ejercicio periodístico.
En contextos como el colombiano, la labor de la prensa, el libre flujo y la pluralidad de la información son sumamente importantes para que la sociedad se pueda mantener informada, y con ello exigir una rendición de cuentas por parte de las instituciones del Estado y tomar decisiones informadas. Para ello, es indispensable que las audiencias y las figuras públicas manifiesten sus inconformidades hacia los medios de manera respetuosa y a través de los canales dispuestos para ello.
Los estándares internacionales en materia de libertad de expresión exigen de quienes ostentan cargos de elección popular y aquellos que son servidores públicos, independientemente de su orientación política, cumplan con su deber de garantía y respeto de la libertad de prensa y libertad de expresión.
En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se refirió al impacto potencial de las declaraciones de los funcionarios públicos y sus labores en el ejercicio de su libertad de expresión.
Para la Corte, los funcionarios deben cumplir con cuatro deberes generales: 1) referirse a asuntos de interés público; 2) “verificar de manera razonable, pero no necesariamente exhaustiva, los hechos en que fundan sus opiniones”; 3) “tomar en consideración que como funcionarios públicos tienen una posición de garantes de los derechos fundamentales de las personas y, por tanto, sus manifestaciones no pueden desconocer esos derechos”; 4) velar por que sus manifestaciones no constituyan “formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva sobre los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública a través de la expresión y difusión de su pensamiento”[1] (negrillas fuera del texto original).
Este último deber debe observarse especialmente en “situaciones de mayor conflictividad social, alteración del orden público o polarización social o política, precisamente por el conjunto de riesgos que pueden implicar para determinadas personas o colectivos en un momento dado”, tal como ocurre en la coyuntura actual en Colombia.
La limitación del derecho a la libertad de expresión por parte de funcionarios, también ha sido estudiada por la Corte Constitucional de Colombia. Esta sostiene que cuando la máxima autoridad de un Estado se pronuncia no está ejerciendo “la simple libertad de expresión reconocida en general a los ciudadanos, sino que están utilizando un medio legítimo para el ejercicio de la autoridad pública.”
Sobre este tema, la jurisprudencia constitucional ha estimado que existen ciertas limitaciones válidas para el ejercicio de libertad de expresión de los funcionarios del Estado, cuando lo hacen como autoridades públicas, porque ejercen un existir un “poder/deber” en su ejercicio comunicativo. “Este poder-deber llama a que los funcionarios del Estado, deban tener mayor prudencia en el ejercicio comunicativo con el fin de asegurar al público la recepción de una información lo más completa y ecuánime posible.”[2]
Desafortunadamente, Colombia es un país que en las últimas décadas ha sido de los más peligrosos en la región para quienes ejercen el periodismo y para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa. De eso dan cuenta los múltiples informes de monitoreo publicados por las organizaciones de la sociedad civil, tanto internacionales como nacionales, entre ellas la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), así como los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
Esta tendencia no se ha revertido y es así como en los últimos 8 meses 3 periodistas han sido asesinados. Además, según el último informe de Reporteros sin Fronteras (RSF), Colombia aparece dentro de los países más peligrosos de la región para ejercer este oficio, ocupando la posición 139 (de 180); y, según la FLIP el último año se registró un récord en la cantidad de amenazas contra periodistas. En ese contexto, resulta de suma gravedad que usted, como jefe de Estado, emita y replique expresiones que superan el umbral de la libertad de expresión de los funcionarios públicos, y contribuya a la situación de riesgo a la que están expuestos los y las periodistas.
Estas expresiones además, ponen en riesgo a quienes defienden derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil que asumen esta tarea, tal y como es el caso de la FLIP. IFEX-ALC tiene conocimiento de la estigmatización de la que la FLIP ha sido víctima en redes sociales en las últimas semanas, precisamente por defender el derecho a la libertad de expresión y de prensa y exigir garantías para el ejercicio periodístico. La FLIP, es una organización que por más de dos décadas se ha destacado a nivel regional e internacional, por su defensa irrestricta a la libertad de prensa en Colombia, indistintamente del gobierno de turno.
Por lo anterior, le invitamos a que las discrepancias con los y las periodistas se resuelvan resguardando la integridad física y en línea de los y las periodistas. Cabe subrayar que el aleccionamiento contra la prensa en redes sociales tiende a convertirse en un caldo de cultivo de diversos actos como la autocensura, y amenazas a la seguridad de los y las periodistas.
Desde IFEX-ALC consideramos que voces y liderazgos como el suyo podrían contribuir a desescalar la violencia que se ha incrementado contra los y las periodistas en el último año. Su voz puede contribuir a un ambiente de reconocimiento de la diferencia o por el contrario puede alimentar una atmósfera peligrosa para la vida democrática que es generosa con la libertad de expresión de quienes se identifican con sus ideales, pero permisiva con el atropello e incluso con la violencia hacia la libre expresión de sus contradictores.
Por último, queremos hacer un llamado para que el gobierno adopte e implemente protocolos dirigidos a evitar que se hagan declaraciones estigmatizantes o se caiga en generalizaciones y se garantice el acceso a la información e interés público respetando la pluralidad y la diversidad.
Cordialmente,
Alejandro Delgado
Presidente del Comité Coordinador de IFEX-ALC
[1] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Ríos y otros vs. Venezuela. Para 139.
[2] Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-466 de 2016.
