"Solicitamos al Ministerio del Interior y al gobierno de Perú abstenerse de aprobar el decreto por el cual se adopte el protocolo propuesto, y se trabaje en una nueva instancia ajustada a los estándares internacionales, y resultado de un proceso que cuente con la participación de sociedad civil, periodistas, comunicadores y trabajadores de medios."
Señor Ministro,
Reciba un cordial saludo de IFEX- ALC, una alianza regional de promoción y defensa de la libertad de expresión y acceso a la información en América Latina y el Caribe. IFEX- ALC fue creada en 2009, forma parte de la red global IFEX y está compuesta por 24 organizaciones de la sociedad civil distribuidas en 14 países.
Uno de los ejes del trabajo de IFEX-ALC es lograr un ambiente más seguro para quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión y acceso a la información, y ello incluye el fortalecimiento de los mecanismos de denuncia y protección para periodistas en la región.
Por ello, en esta oportunidad nos dirigimos a usted para presentar algunas observaciones sobre el “Protocolo de actuación interinstitucional para la coordinación y atención a periodistas y comunicadores sociales en el contexto de alteración al orden público” publicado el 1 de marzo en el diario oficial El Peruano.
Consideramos problemático que la propuesta de protocolo sea aprobada con su actual redacción. Muchas de las disposiciones que contiene contravienen las garantías y protección del derecho a la libertad de expresión y la seguridad de periodistas establecidas en los tratados de derechos humanos firmados por Perú y los estándares internacionales desarrollados tanto por el Sistema Interamericano como por el Sistema Universal de Protección de derechos humanos.
Es importante recordar que tal y como lo han señalado los relatores especiales de las Naciones Unidas (ONU) para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un contexto de protestas o de alta conflictividad social “el trabajo de periodistas y comunicadores, y el libre flujo de información a través de medios alternativos como las redes sociales, es fundamental para mantener informada a la población sobre los acontecimientos, a la vez que cumple un importante rol al reportar sobre la actuación del Estado y de la Fuerza Pública ante las manifestaciones, previniendo el uso desproporcionado de la fuerza y el abuso de autoridad.”
La CIDH y su relatoría especial han señalado que, “los y las periodistas deben ser percibidos como observadores independientes y no como potenciales testigos para los órganos de justicia. De lo contrario pueden sufrir amenazas a su seguridad y a la seguridad de sus fuentes”.
En ese sentido, los Estados están en la obligación de garantizar que los y las periodistas, así como las personas que trabajan para medios de comunicación, puedan realizar su trabajo sin ser víctimas de detenciones, amenazas, agresiones o cualquier otro tipo de limitación de sus derechos como represalia a su trabajo informativo. Esto atentaría contra el derecho a la libertad de expresión en su dimensión individual y colectiva, privando a la población de recibir información de interés público y generando un efecto inhibitorio que en muchos casos conlleva a un clima de censura.
Además, tal y como lo han indicado los relatores especiales, “es fundamental que las autoridades condenen enérgicamente las agresiones contra los periodistas y comunicadores y actúen con la debida diligencia y celeridad en el esclarecimiento de los hechos y en la sanción de los responsables. Asimismo, los relatores especiales observan que instruir adecuadamente a las fuerzas de seguridad del Estado sobre el rol de la prensa en una sociedad democrática constituye un paso importante para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación en situaciones de conflictividad social.”
Por lo anterior, los protocolos para proteger a periodistas, comunicadores, fotoperiodistas y otros trabajadores y trabajadoras de medios que adopte Perú deben ir encaminados a garantizar que la fuerza pública y los funcionarios públicos garanticen que estos puedan hacer su trabajo en condiciones de seguridad, sin censura, ni restricciones. Además, se deben establecer rutas para atender las denuncias y adelantar las investigaciones correspondientes ante cualquier tipo de agresión, tanto por parte de particulares como por parte de agentes estatales.
La propuesta de protocolo realizada por el Ministerio del Interior, no contempla ninguna de estas consideraciones. Su aproximación, lejos de reconocer la importancia del trabajo de la prensa y de garantizar su labor en el contexto de protestas o de alta conflictividad social, busca restringirla bajo ciertos lineamientos.
Por otro lado, cabe señalar que cualquier iniciativa del Estado debe beneficiar a los y las periodistas en general, no solo a los colegiados, entendiendo que tal y como lo ha dicho la Corte IDH en su Opinión Consultiva OC-5 “el periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión del pensamiento y, por esa razón, no puede concebirse meramente como la prestación de un servicio al público a través de la aplicación de unos conocimientos o capacitación adquiridos en una universidad o por quienes están inscritos en un determinado colegio profesional, como podría suceder con otras profesiones, pues está vinculado con la libertad de expresión que es inherente a todo ser humano”. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en su Observación General No.34, señaló que “[e]n la función periodística participan una amplia variedad de personas, como analistas y reporteros profesionales y de dedicación exclusiva, autores de blogs y otros que publican por su propia cuenta en medios de prensa, en Internet o por otros medios.”
Un protocolo de esta naturaleza debe ser el resultado de un proceso consultivo público y transparente, donde participen todas las partes interesadas, para que en efecto logre su cometido de proteger y garantizar derechos y no de limitarlos. En ese sentido, recomendamos que el gobierno de Perú busque la asistencia técnica de la CIDH y de su relatoría especial para la libertad de expresión.
Por las razones expuestas, solicitamos al Ministerio del Interior y al gobierno de Perú abstenerse de aprobar el decreto por el cual se adopte el protocolo propuesto, y se trabaje en una nueva instancia ajustada a los estándares internacionales, y resultado de un proceso que cuente con la participación de sociedad civil, periodistas, comunicadores y trabajadores de medios.
Atentamente,
Alejandro Delgado
Presidente del Comité Coordinador de IFEX-ALC
