IFEX-ALC, CPJ y RSF observamos con suma preocupación la reciente escalada del uso de la fuerza contra la prensa y contra quienes ejercen su derecho a protestar, así como las limitaciones a la libre circulación de información en Colombia.
Mayo 5 de 2021.
Señor
Iván Duque Márquez
Presidente de la República de Colombia
Señor
Diego Molano Aponte
Ministro de Defensa
Señora
Margarita Cabello
Procuradora General de la Nación
Mayor General
Jorge Luis Vargas Valencia
Director de la Policía Nacional de Colombia
Les saludamos desde IFEX-ALC, una red compuesta por 24 organizaciones en América Latina y el Caribe que a su vez hace parte de IFEX[2], una red global que defiende y promueve la libertad de expresión e información; junto con las organizaciones miembro de IFEX, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) Reporteros sin Fronteras (RSF).
Las organizaciones que suscribimos esta carta pública observamos con suma preocupación la reciente escalada del uso de la fuerza contra la prensa y contra quienes ejercen su derecho a protestar, así como las limitaciones a la libre circulación de información en Colombia.
Los más de 70 ataques registrados entre el 28 de abril y el 4 de mayo contra la prensa que realiza el cubrimiento de las protestas son alarmantes y revelan una violencia sin precedentes. Vemos con gran preocupación que dichos ataques tienen como objetivo censurar, generar miedo e intimidar lo cual implica, además, una vulneración del derecho a la libertad de expresión en su dimensión colectiva, al impedir que la población reciba información vital sobre sucesos que afectan sus vidas y al país en general develada por periodistas que ejercen su derecho a reportar.
En este periodo, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y Reporteros sin Fronteras (RSF) han documentado por lo menos 75 ataques y 85 víctimas. 30 agresiones físicas, 8 robos y eliminaciones de material, 9 obstrucciones, 5 detenciones ilegales, 8 acciones arbitrarias en redes sociales, 3 daños a infraestructura, 3 casos de negación al acceso a la información, 3 amenazas, 3 hostigamientos, 2 estigmatización y 1 exclusión. Aún están en proceso de documentación otros 14 casos, de los cuales se advierten al menos 7 agresiones, 1 amenaza, 2 detenciones ilegales, 2 obstrucción, 1 acción arbitraria en redes y 1 exclusión. Además, se han documentado 45 ataques provocados por la Policía Nacional, entre ellos, miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).
En situaciones de crisis es imperativo garantizar el trabajo de los medios de comunicación para propiciar la más amplia y plural cobertura de los hechos. Tal y como lo han señalado los relatores especiales para la libertad de expresión de la OEA y la ONU “en el contexto de manifestaciones y situaciones de alta conflictividad social, el trabajo de periodistas y comunicadores, y el libre flujo de información a través de medios alternativos como las redes sociales, es fundamental para mantener informada a la población sobre los acontecimientos, a la vez que cumple un importante rol al reportar sobre la actuación del Estado y de la Fuerza Pública ante las manifestaciones, previniendo el uso desproporcionado de la fuerza y el abuso de autoridad.”
El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha señalado que, “El papel de los periodistas, los defensores de los derechos humanos, los observadores electorales y otras personas que participen en la vigilancia de las reuniones o la presentación de información al respecto reviste especial importancia para el pleno disfrute del derecho de reunión pacífica”.
El Estado colombiano tiene el deber de garantizar que periodistas y comunicadores no vean limitados sus derechos de forma alguna, como consecuencia del ejercicio de su profesión. Aunado a ello, las autoridades deben enviar un mensaje claro y contundente sobre la importancia del rol de los medios de comunicación, periodistas y comunicadores en el contexto de las protestas que están teniendo lugar.
Además de las violaciones, agresiones e intimidación directamente a periodistas, observamos con alarma otros tipos de ataques a la libertad de expresión y al libre flujo de información mediante la intimidación y estigmatización por parte de funcionarios públicos contra personas que utilizan las redes sociales y sus cuentas personales para informar sobre los sucesos actuales, el uso de la fuerza excesiva por parte de agentes policiales, y la restricción del libre acceso a datos oficiales.
En ese contexto, expresamos nuestra profunda preocupación por las denuncias del uso excesivo de la fuerza contra quienes, en su mayoría de forma pacífica, han tomado las calles para expresar su descontento. De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil 26 personas han muerto como consecuencia de la represión policial. La Defensoría del Pueblo por su parte ha anunciado que se encuentra investigado 19 muertes ocurridas durante las protestas.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha señalado que “Los agentes del orden deberían tratar de reducir la tensión de las situaciones que podrían dar lugar a violencia. Tienen la obligación de agotar los medios no violentos y advertir previamente si es absolutamente necesario utilizar la fuerza, a menos que ello sea manifiestamente ineficaz. Todo uso de la fuerza debe ajustarse a los principios fundamentales de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y no discriminación”.
La CIDH, en el pasado ha llamado la atención de las autoridades colombianas con relación al uso excesivo de la fuerza señalando que, “la actuación de la policía en el mantenimiento del orden público debe basarse estrictamente en los estándares internacionales de derechos humanos que rigen el uso de la fuerza bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad. Además, la CIDH le recuerda al Estado su deber de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la libertad de manifestación.
Pero, la prensa no ha sido la única afectada en su derecho a la libertad de expresión. La gran disrupción provocada por internet es la de ser un canal de doble vía, donde las personas por sí mismas no solo son audiencia, también son generadoras de información. Considerando, como lo ha dicho la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA, que la protesta es particularmente relevante “para dar mayor resonancia a las voces de las personas marginadas o que presentan un mensaje alternativo a los intereses políticos y económicos establecidos”, las redes sociales que son el instrumento que les da voz, deben ser protegidas de la interferencia estatal. Esto incluye que las autoridades deben abstenerse de estigmatizar a quienes protestan y usan las redes con este fin.
Durante las protestas de los últimos días hemos visto a una ciudadanía que usa las redes sociales para manifestar sus inquietudes y mostrar sus actividades, también para denunciar los abusos y violencia policial. La prensa no llega o no está en todos los lugares en los que la protesta sucede, mucha de la cobertura la hacen medios independientes, colectivos o las propias personas desde sus celulares, quienes además de sufrir la violencia y los problemas descritos, son también estigmatizadas. Cuando el comandante general de las Fuerzas Militares indica que se manipulan imágenes y audios, se usan irresponsablemente las redes sociales y se desinforma[14], está estigmatizando la documentación y la protesta social y a sus protagonistas, en una actitud que no le corresponde, afecta y obstaculiza la libre circulación de información, tan necesaria en el actual contexto en que éstas sirven para permitir a las personas protestar debido al temor a la pandemia y además para denunciar los abusos de la fuerza pública en contra de las personas que ejercen el derecho a la protesta.
Observamos también con preocupación las denuncias de amenazas en contra de personas cuyas transmisiones en vivo, desde sus cuentas personales en redes sociales, se han hecho virales. Estas amenazas tienen un claro efecto inhibitorio en la población.
En este contexto, hay que recordar que tal y como lo han señalado los relatores especial para la libertad de expresión de la CIDH, ONU, OCSE y CADHP, «la interrupción del acceso a internet, o a parte de este, aplicada a poblaciones enteras o a determinados segmentos del público (cancelación de internet) no puede estar justificada en ningún caso, ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional«. Así mismo, el filtrado de contenidos de internet cuyo control no está en el usuario final constituye censura previa, la cual está prohibida por la Constitución Política. En fin, el derecho a la libertad de expresión protege la difusión de información que contiene críticas hacia los gobiernos o sistemas políticos.
Los medios de comunicación y periodistas han tenido dificultades para acceder a los datos, por ejemplo, sobre números de personas fallecidas, agredidas o detenidas durante las manifestaciones. El Estado debe garantizar el flujo de información, para ello debe asegurar que la prensa regional tenga acceso a información local, que no se centralice la divulgación de información en entidades nacionales. De lo contrario, se profundiza el abismo del silencio que desata la violencia.
El Estado no debe recriminar el tipo de información que se divulga, todo tipo de fuentes de información son legítimas. No se debe reducir el quehacer periodístico a la réplica de información oficial, nada sería más antidemocrático. El Estado debe alentar la pluralidad informativa, para ello debe impartir la información sin discriminación a los periodistas y los medios.
Por lo descrito anteriormente, las organizaciones que suscribimos esta carta, solicitamos:
- Al señor Presidente, al señor Ministro de Defensa y al Director General de la Policía Nacional a rechazar de forma clara y pública las violaciones cometidas contra la prensa en el contexto de las protestas que tienen lugar en el país y enviar un mensaje de cero tolerancia a los agentes estatales involucrados en dichas violaciones. Igualmente, las investigaciones disciplinarias contra quienes han estado involucrados en dichas violaciones deberán realizarse con celeridad, apegadas a los estándares internacionales en la materia para sancionar a los responsables.
- Al señor Presidente, al señor Ministro de Defensa y al Director General de la Policía a investigar y esclarecer los hechos de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y adelantar las investigaciones correspondientes para sancionar a los responsables. Debe ordenarse el cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.
- Al señor Presidente y al señor Ministro de Defensa y demás autoridades competentes, garantizar la libre circulación de información, incluyendo la que circula en internet y abstenerse de realizar cualquier acción que implique la interrupción del acceso a internet o el filtrado de contenidos. Debe abstenerse de estigmatizar a quienes protestan o la información que entregan incluyendo indicar que desinforman. En ese mismo sentido debe garantizarse el acceso a la información pública y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en cabeza de las entidades estatales, sin ningún tipo de discriminación.
- A la Procuradora General de la Nación que promueva la transparencia en la función pública, el acceso y la publicidad de la información de las entidades del Estado, por todos los medios. De igual manera, que promueva los procesos disciplinarios correspondientes en los casos de faltas o mala conducta derivada de las negativas al acceso a la información.
- A la Procuradora General de la Nación, que ejerza el poder preferente sobre todas las investigaciones disciplinarias relacionadas a las agresiones contra la prensa por ser población especialmente protegida.
Atentamente,
