Ante la insistente campaña de criminalización impulsada por el Presidente del Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigió al Estado venezolano proteger activista Marco Antonio Ponce.
Este artículo fue publicado originalmente en ipysvenezuela.org el 20 de marzo de 2015.
Ante la insistente campaña de criminalización impulsada por el Presidente del Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió al Estado venezolano proteger la vida e integridad de Marco Antonio Ponce, coordinador general del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), dedicada al seguimiento del derecho a la manifestación pacífica en Venezuela.
El organismo también exhortó a las autoridades públicas a garantizar las medidas necesarias para el activista de DDHH pueda desarrollar sus labores sin ningún tipo de riesgos ni amenazas. Así lo dio a conocer la CIDH a través de una medida cautelar, que contempla medidas de protección para Marco Antonio Ponce, quien ha sido víctima de una campaña de criminalización emprendida por el Presidente del Parlamento en su programa de TV, Con el Mazo Dando, transmitido los miércoles de 9 a 11 p.m., por Venezolana de Televisión, principal canal del Estado.
Este organismo internacional levantó su voz de alerta debido a que el 18 de marzo, Diosdado Cabello mostró una foto de Marco Antonio Ponce y lo acusó -junto a otros defensores de DDHH- de “recibir órdenes” e “instrucciones” “del Imperio”, en referencia a Estados Unidos. De igual manera, el funcionario criminalizó la participación de los activistas en las audiencias que realizó la CIDH el 17 de marzo, en el marco de su 154° periodo de sesiones.
Marco Antonio Ponce, de manera recurrente, ha recibido mensajes de agravio que buscan deslegitimar sus actividades de activismo en investigación en derechos humanos. Entre octubre de 2014 y marzo de 2015, el Presidente de la Asamblea Nacional lo ha intentado incriminar en “actividades conspirativas”. También lo ha calificado como “promotor de manifestaciones y protestas en contra del Gobierno”. Ponce, en diversas oportunidades, ha expresado que estas acusaciones son falsas y que sus actividades profesionales las desarrolla apegado a los estándares de DDHH y los principios democráticos.
La Comisión, también, cuestionó que Diosdado Cabello utilice a supuestos “Patriotas cooperantes”, red de informantes anónimos para criminalizar, sistemáticamente, a defensores de DDHH en Venezuela.
“La CIDH ha expresado de forma reiterada su más profunda preocupación ante las amenazas, represalias y acciones de descrédito de las que son objeto algunas de las personas que acuden a las audiencias y reuniones” de este organismo. La Comisión, además, calificó como “inaceptable cualquier tipo de represalia o estigmatización que emprenda un Estado” en contra de quienes realizan labores de activismo en DDHH.
En un comunicado público, la Comisión Interamericana instó “a los funcionarios públicos a abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen a defensores y defensoras o que sugieran que las organizaciones actúan de manera indebida o ilegal, solo por el hecho de realizar sus labores de promoción y defensa de los derechos humanos”.
