En esta primera etapa, el análisis del asesinato de los periodista de "El Comercio" determina inconvenientes en el acceso a parte del expediente del caso y problemas en el enfoque de la indagación que Ecuador lleva a cabo.
Este artículo fue publicado originalmente en fundamedios.org el 1 de noviembre de 2018.
Este 1 de noviembre el Equipo de Seguimiento Especial (ESE), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, presentó un informe preliminar de la investigación que se realiza en torno al secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, miembros del equipo periodístico de Diario El Comercio. El periodista, fotógrafo y conductor fueron asesinados en la frontera entre Ecuador y Colombia, en abril de 2018, a manos del frente Oliver Sinisterra, disidencia de las FARC.
En esta primera etapa, el análisis determina inconvenientes en el acceso a parte del expediente del caso y problemas en el enfoque de la indagación que Ecuador llevan a cabo. Se solicita a las autoridades ecuatorianas que la información requerida y que falta por examinar sea suministrada de «manera expedita y oportuna», puesto que la información relevante no ha sido entregada en su totalidad, alegando «reserva de la investigación». En ese sentido el Equipo de Seguimiento le recuerda al Estado «la importancia de adoptar las medidas necesarias para posibilitar que el ESE acceda a la totalidad de la investigación».
En el caso de la investigación en el Estado colombiano, el ESE expresa que existen avances significativos en lo desarrollado por la Fiscalía de Colombia, con la captura y judicialización de al menos tres de los coautores del crimen.
Todo lo contrario ocurre en territorio ecuatoriano donde «no se ha avanzado satisfactoriamente en la investigación y vinculación a proceso de los responsables y observa la necesidad de que la Fiscalía General del Estado realice un esfuerzo integrador que permita incorporar a la investigación las evidencias obtenidas en varios procesos adelantados en relación con las advertencias y los ataques realizados por el denominado grupo Frente Oliver Sinisterra, disidente de la exguerrilla de las FARC, en la frontera de Ecuador y Colombia entre los meses de setiembre de 2017 y abril de 2018».
El ESE recomienda a la Físcalía «incorporar una nueva línea de investigación en la que se evalúe la actuación y eventuales responsabilidades de los agentes sobre quienes pesaban específicos deberes de garante de la seguridad del equipo periodístico», así como agregar a su plan de trabajo «actividades dirigidas a investigar cuál pudo ser el móvil del secuestro y, en particular, indagar si pudo tener origen en la actividad periodística (…) y si ello afectaba o podía afectar la operación del grupo irregular o de otros actores relacionados con sus actividades al margen de la ley».
Además, el ESE reitera que los familiares tienen derecho a saber las circunstancias y el motivo del secuestro y recuerda que frente a crímenes contra periodistas, «los Estados, en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos y otras normas internacionales, tienen la obligación de actuar con debida diligencia y agotar las líneas de investigación vinculadas con el ejercicio periodístico de las víctimas».
Este diagnóstico es el resultado de las visitas técnicas realizadas por el ESE a Ecuador y Colombia, en julio y agosto pasados, respectivamente. También se tomaron en cuenta las reuniones de trabajo y la audiencia en que participaron ambos Estados y los familiares de las víctimas, el pasado 3 de octubre en el 169 período de sesiones de la CIDH, en Boulder, Estados Unidos.
El Equipo de Seguimiento Especial está integrado por la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora de la CIDH para Ecuador; Paulo Abrāo, secretario ejecutivo de la CIDH; el equipo técnico de la sección de medidas cautelares y de la oficina del relator especial para la Libertad de Expresión, Édison Lanza. Los principios de transparencia, acompañamiento y centralidad en los hechos ocurridos en relación con el asesinato marcan su línea de investigación.
Desde su integración, el ESE trabaja con base en cuatro objetivos: 1) Asesoramiento técnico y monitoreo en el avance de la investigación y sanción de los responsables del secuestro y asesinato de los periodistas; 2) Acompañar la atención integral a las víctimas y familiares, y mantenerlas informadas del proceso; 3) Asesoramiento técnico y monitoreo en el cumplimiento de las obligaciones estatales sobre el acceso a la información y a la verdad de lo sucedido, tanto a la sociedad ecuatoriana, como a los familiares; 4) Asesorar y apoyar al Estado en la adopción de medidas estructurales a que hubiere lugar y evitar su repetición.
Está previsto que para diciembre de 2018 se presente el informe final con observaciones, conclusiones y recomendaciones en torno al manejo de la investigación oficial para esclarecer el contexto en que se produjeron los hechos que acabaron en la muerte de los miembros del equipo periodístico.
