Una vez transcurridos 100 días del gobierno de Enrique Peña Nieto, se anunció que 216 personas perdieron la vida en Coahuila de manera violenta.
Una vez transcurridos 100 días del gobierno de Enrique Peña Nieto, se anunció que 216 personas perdieron la vida en Coahuila de manera violenta. Apenas pasadas 48 horas de inicio del actual gobierno, ya se contaban las primeras víctimas de este sexenio en la zona de La Laguna, frontera con Durango (norte). Torreón (suroeste de la entidad) es considerada la ciudad más violenta del país de acuerdo a organizaciones ciudadanas.
La crisis de seguridad se ve acompañada de una profunda crisis de confianza en el desempeño y resultados de las autoridades federales, estatales y municipales. En 2011 fue puesto en marcha el operativo Laguna Segura que integran miembros del Ejército Mexicano y de la Marina, mismo que tiene vigencia y que no ha dado buenos resultados en la percepción de la seguridad en la entidad. Los últimos eventos de violencia contra la prensa ponen de manifiesto los profundos vacíos en materia de seguridad y justicia, así como las escasas condiciones para ejercer el periodismo en el estado.
Aunado al miedo que asola a los habitantes de dicha entidad, el silencio impuesto por el crimen organizado, acalló a un medio más, el Zócalo de Saltillo, después de sufrir la desaparición de Rafael Ortiz Martínez en 2006 y el secuestro y asesinato de Valentín Valdés Espinosa en 2010.
El pasado jueves 7 de marzo, aparecieron en varios puntos de la entidad, mantas con amenazas de muerte dirigidas a Francisco Juaristi Santos, presidente y editor del diario Zócalo de Saltillo, firmadas por un dirigente del crimen organizado que controla la zona y cuya supuesta muerte fue difundida por medios locales y regionales en octubre de 2012 hasta que fuentes oficiales pudieron confirmar su personalidad y desmentir el fallecimiento.
Tras las amenazas, Zócalo de Saltillo anunció el día de hoy, el 11 de marzo, que dejarán de publicar noticias relacionadas con el crimen organizado “en virtud de que no existen garantías ni seguridad para ejercicio pleno del periodismo».
La autocensura es una respuesta común en situaciones de riesgo inminente para salvaguardar la integridad física de cada una de las personas que laboran en medios de comunicación amenazados. Frente a la deficiente política de seguridad y a las insuficientes medidas de seguridad otorgadas por el Estado, algunos directivos simplemente deciden modificar su línea informativa para frenar las agresiones.
Omisiones graves en las responsabilidades del Estado Mexicano colocan a la sociedad frente a un daño, hasta el momento irreparable, en materia de Libertad de Expresión. Por otro lado, la información oficial sobre las detenciones de presuntos responsables de crímenes contra la población y contra medios de comunicación no abonan en la construcción de un clima de seguridad que garantice el ejercicio de los derechos humanos entre los que se encuentra la libertad de expresión, ni brinda justicia y reparación del daño a las víctimas coahuilenses que han quedado desprotegidas en los constantes enfrentamientos entre grupos criminales y fuerzas de seguridad.
El ejercicio sano de la libertad de expresión existe cuando comunicadores, editores y cada una de las personas que conforman el ciclo de la información están posibilitados para cumplir a cabalidad con su labor y permiten a la sociedad ser crítica y capaz de involucrarse en la construcción de ciudadanía. El goce de este derecho está lejos de alcanzarse frente a la inacción de las autoridades mexicanas y en medio de la escalada de violencia en el norte del país.
Cencos hace un llamado a las autoridades del Estado Mexicano en todos sus niveles a que se comprometan a romper con el círculo de impunidad castigando a los responsables de cada uno de los delitos cometidos en contra de medios de comunicación, periodistas y trabajadores y trabajadoras de medios de comunicación, con investigaciones sólidas, expeditas y transparentes.
