El editor regional de IFEX, Mong Palatino, analiza algunas de las respuestas más populares al problema de la desinformación en su región.
Esta es una traducción del artículo original.
La desinformación puede ser un fenómeno global, pero su impacto y las medidas utilizadas para contrarrestarlo varían de un país a otro.
En Asia-Pacífico estamos experimentando un entorno de medios que cambia rápidamente, y muchos países están en transición o se encuentran asediados por la agitación política. El creciente problema de la desinformación exacerba claramente las tensiones sociales y socava la democracia.
Su impacto tiene un gran alcance, y algunas de las soluciones propuestas también. Quizás, incluso, demasiado. ¿Pueden, las medidas para abordar la desinformación, o “noticias falsas”, como se les llama de manera corriente, impactar negativamente la libertad de expresión e información y obstruir el espacio cívico?
Varios gobiernos han respondido con nuevas leyes y regulaciones. Los medios de comunicación y los grupos de la sociedad civil han lanzado sus propias iniciativas para abordar el problema. Incluso las empresas tecnológicas han modificado sus plataformas para evitar la propagación de las llamadas “noticias falsas”. Pero muchos de estos esfuerzos para combatir la desinformación han engendrado sus propias preocupaciones.
En este artículo analizo algunas de las herramientas y prácticas más populares para tratar la desinformación en la región de Asia y el Pacífico, y me pregunto: ¿Funcionan estas soluciones? ¿Cómo están afectando la vida de los ciudadanos comunes?
Apagones de comunicaciones
“El costo humano de este tipo de apagón es inmenso.”
La desinformación puede fácilmente avivar el odio y encender la violencia colectiva. Considere las consecuencias de compartir discursos falsos contra la minoría rohingya por parte de budistas de línea dura en Myanmar. Los gobiernos a menudo invocan el temor de que escale un disturbio para imponer restricciones amplias o completas en las redes de comunicación.
Después de los ataques con bombas mortales en Sri Lanka en abril de 2019, las plataformas de redes sociales fueron bloqueadas. Sucedió lo mismo en Indonesia durante los levantamientos postelectorales en mayo pasado.
Las autoridades de Sri Lanka dijeron que esto era necesario para “evitar la propagación de informes y especulaciones no verificadas”. Pero evitar que las personas compartan información en general también significa que no pueden acceder a información verificada de fuentes confiables. Garantizar la seguridad de los ciudadanos en situaciones de emergencia significa proporcionarles actualizaciones constantes de agencias estatales e instituciones confiables sobre nuevas amenazas, esfuerzos de ayuda y medidas de seguridad que salvan vidas.
Además, como lo señala la Federación Internacional de Periodistas (FIP), el bloqueo de las señales de comunicación crea “un estrés innecesario en las personas y las familias cuando estas intentan contactar y confirmar la seguridad de sus seres queridos”.
El trabajo de los medios también se ve obstaculizado, ya que los periodistas no logran acceder a sus fuentes o archivos a tiempo.
Y al igual que lo que está sucediendo en Cachemira, donde desde agosto se ha bloqueado Internet e incluso los cables de línea fija, esto ha afectado la prestación de servicios básicos, como la atención médica de emergencia.
Algunos grupos de derechos humanos en la región han advertido que “el costo humano de este apagón es inconmensurable”, y esto incluye su impacto devastador en las empresas locales.
Legislando contra las ‘noticias falsas’
“Este tipo de poder entregado a cualquier gobierno es una puerta abierta para el abuso”.
Los gobiernos ponen las amenazas que plantea la desinformación como motivo para legislar la regulación del contenido en línea. En muchos países, las autoridades aplican las leyes existentes para penalizar la desinformación. Por ejemplo, Tailandia utiliza la Ley de delitos informáticos para ir tras aquellos que desinforman.
En los últimos años, un número creciente de gobiernos ha elaborado proyectos de ley y órdenes ejecutivas para luchar contra las llamadas “noticias falsas”. En abril de 2018, Malasia aprobó la “Ley anti-noticias falsas” unas semanas antes de las elecciones generales, en medio de críticas que acusaban el gobierno de pretender suprimir las voces de la oposición. La nueva coalición gobernante del país se comprometió inicialmente a derogar la ley, pero algunos legisladores ahora insisten en que la reforma es la mejor opción.
En mayo de 2019, el Parlamento de Singapur votó a favor de la Ley de Protección contra falsedades y la manipulación en línea (POFMA por su sigla en inglés), que los críticos describieron como “orwelliana”, ya que esencialmente otorga a los ministros del gobierno el poder de decidir lo que es verdadero o falso. Como le dijo a IFEX la periodista independiente Kirsten Han, le da al gobierno “un gran poder sobre el discurso público sin los controles y equilibrios adecuados”. Advirtió que “este tipo de poder entregado a cualquier gobierno es una puerta abierta para el abuso”.
Camboya y Filipinas también tienen proyectos de ley pendientes contra la desinformación. Pero, de manera similar a las leyes aprobadas en Malasia y Singapur, estos proyectos de ley son criticados por la manera difusa en que definen lo que son las “noticias falsas”, lo que puede permitir el abuso y hostigamiento de activistas, periodistas y miembros de la oposición.
Colaborar en la verificación de hechos
«¿Le llegamos realmente a aquellas personas que se ven afectadas por la desinformación?»
Los periodistas y los miembros de la sociedad civil desempeñan un papel crucial al organizar y liderar varias iniciativas que buscan verificar los hechos en la región. Entre las mismas se encuentran la Fact Check Initiative Japan, el «Fact Check Center» del sitio web de noticias independiente Prachatai en Tailandia, la asociación del medio de comunicación Rappler y la organización sin fines de lucro Vera Files con Facebook en Filipinas y CekFakta en Indonesia.
Wahyu Dhyatmika, editor de Tempo.co y miembro de la junta directiva de la Alianza de Periodistas Independientes, organización miembro de IFEX en Indonesia, subraya el valor de la colaboración en cualquier campaña contra la desinformación. “Compartimos nuestros artículos verificados y trabajamos con Google para mejorar el rendimiento de esos artículos en el motor de búsqueda. También trabajamos por separado con Facebook como verificadores de hechos de terceros”.
Agregó que CekFakta realizó una verificación de hechos en vivo durante los debates presidenciales de Indonesia, lo cual es especialmente importante ya que los dos principales candidatos buscaban obtener votos gracias a los llamados buzzers, unos individuos pagados para crear operaciones de desinformación en línea.
Esto es un recordatorio de que la verificación de hechos no es simplemente una extensión de los informes de los medios, sino un deber periodístico esencial, ya que las formas más maliciosas de desinformación se pueden encontrar en los mismos partidos políticos e incluso los centros gubernamentales.
Reflexionando sobre el trabajo de CekFakta, Dhyatmika le dijo a IFEX que quieren superar desafíos mayores: “¿Le llegamos realmente a aquellas personas que se ven afectadas por la desinformación? ¿Cómo podemos evitar instruir solo a los alfabetizados, y realmente hacer una diferencia para las personas que fueron influenciadas por la mala información / desinformación?
Autorregulación de los medios
“Hay una tendencia histórica de decir la verdad, porque cualquier intento de engaño puede exponerse rápidamente y tiene repercusiones para los responsables”.
Muy seguido, los políticos acusan a los periodistas de divulgar “noticias falsas” cuando sus historias critican al gobierno. Y lo que es aún peor, sus partidarios recurren a la intimidación a través de la práctica de doxxing y otras formas de acoso en línea. Pero lo que deberían hacer los políticos, si tienen un problema legítimo con un informe incorrecto o inexacto, es plantear esto directa y adecuadamente a los medios de comunicación implicados.
Tener un mecanismo efectivo de rectificación podría ayudar a evitar que se hagan acusaciones de desinformación contra los medios. Muchos países de la región tienen consejos de prensa que pueden procesar quejas contra miembros que cometieron errores. El problema es que muchos políticos prefieren presentar cargos penales contra miembros de la prensa en vez de resolver su problema por medios no antagónicos.
Australia proporciona un ejemplo de cómo la autorregulación de los medios puede minimizar el impacto nefasto causado por políticos que acusan injustamente a los periodistas de permitir la desinformación. El miembro de IFEX La Alianza de Medios, Entretenimiento y Artes (MEAA, por su sigla en inglés) alienta a los oyentes, televidentes y lectores a presentar sus quejas directamente a los medios de comunicación. Asimismo, el Consejo de Prensa de Australia e incluso el regulador de difusión del gobierno mantienen sus propios mecanismos de denuncia. MEAA señala que “existe una práctica general observada por los medios de comunicación de informar de manera veraz, justa y precisa; de revelar todos los hechos esenciales y corregir los errores lo antes posible”.
MEAA agregó que hay una “tendencia histórica de decir la verdad, porque cualquier intento de engaño puede exponerse rápidamente y tiene repercusiones para los responsables”.
La experiencia de Taiwán
“Si hay un rumor que se hace tendencia y los ministerios salen y aclaran dentro de la hora, entonces en realidad más personas escuchan primero la aclaración.”
Para el ministro digital de Taiwán, Audrey Tang, la desinformación es “información que es intencionalmente dañina y falsa”. Lidera la batalla de su país contra la desinformación sin apoyarse en leyes de censura, citando la experiencia traumática del país con la ley marcial y la preferencia del público de continuar el proceso de democratización.
En respuesta a una consulta publicada en un portal del gobierno, explica el enfoque proactivo del ministerio para contrarrestar la desinformación: “Si hay un rumor que se hace tendencia y los ministerios salen y aclaran dentro de la hora, entonces en realidad más personas escuchan primero la aclaración. La segunda defensa, por supuesto, es la verificación colaborativa”.
Hizo hincapié en la participación de varios sectores para identificar la desinformación, y agregó que su ministerio está trabajando con la comunidad local de Internet para que la información sospechosa no se elimine, sino que se almacene en una carpeta similar al spam. “Una vez que el remitente envía otro correo electrónico, le seguirá llegando al destinatario, no es censura, sino que va a la carpeta de correo basura para que no se le haga perder tiempo a las personas por defecto”.
También sugiere que, al desarrollar un programa público contra la desinformación, la guía debería enfocarse primero en una norma. En otras palabras, plantea que el establecer una norma social donde se desaliente el intercambio de desinformación es menos conflictivo y punitivo que una ley, y alienta de manera más eficaz el apoyo público.
La respuesta de las empresas tecnológicas
“Las empresas tecnológicas también deben repensar sus políticas internas para garantizar que, al eliminar contenido, no lo hagan arbitrariamente, y que los usuarios tengan derecho a expresar sus preocupaciones”.
En la región de Asia Pacífico, Facebook tiene alrededor de 577 millones de usuarios, y Twitter unos 94 millones. El mercado más grande de WhatsApp se encuentra en India, donde tiene 400 millones de usuarios. Desde 2018, estas compañías tecnológicas globales masivamente populares han reconocido el papel que pueden desempeñar sus plataformas en facilitar que el discurso de odio se vuelva viral, específicamente, así como otras formas de desinformación.
Un ejemplo es Myanmar. Facebook ha prometido abordar las preocupaciones planteadas por la sociedad civil sobre la lenta respuesta de la compañía frente a las publicaciones que conducen a la violencia racial y el extremismo religioso y que permiten la persecución de grupos étnicos minoritarios como los rohingya. El gigante tecnológico ha informado que ya ha eliminado cientos de cuentas basadas en Myanmar vinculadas a poderosas fuerzas políticas, como los militares, que estaban llevando adelante un “comportamiento falso y coordinado”.
Las protestas que llevaron a casi dos millones de personas a las calles de Hong Kong en los últimos tres meses de este año inspiraron a muchos y preocuparon a otros. Se empezó una campaña activa de desinformación y doxxing contra los manifestantes y periodistas que cubrían las manifestaciones. Twitter anunció que eliminó cientos de cuentas que estaban desinformando contra el movimiento de protesta.
Pero algunos temen que los enfoques adoptados por poderosas empresas tecnológicas corran el riesgo de afectar los derechos a la libertad de expresión e información. Se les insta a ser más transparentes y cuidadosos con sus acciones. Por ejemplo, Twitter está acusado de eliminar cuentas con contenido que expresaba solidaridad con Cachemira, en base a solicitudes presentadas por el gobierno indio. El miembro de IFEX, Sflc.in, afirmó que las empresas tecnológicas “también deben repensar sus políticas internas para garantizar que, al eliminar contenido, no lo hagan arbitrariamente, y que los usuarios tengan derecho a expresar sus preocupaciones”.
También en India, WhatsApp acordó prohibir la práctica de agregar usuarios en grupos de chat sin su consentimiento. Antes de este ajuste, el grupo de la sociedad civil afirmó que “los usuarios son vulnerables al acoso a gran escala y a las violaciones de la privacidad” porque pueden estar expuestos a contenido no deseado al ser agregados en grupos, incluso sin su aprobación. WhatsApp también impuso algunas restricciones técnicas en el reenvío de mensajes para deshabilitar las operaciones de desinformación automatizadas.
A pesar de estos esfuerzos, las redes sociales y las aplicaciones de mensajería continúan inundadas de desinformación. Esta situación hace que las autoridades busquen impulsar una regulación más estricta de Internet, pero también está inspirando a los medios de comunicación y a la sociedad civil a adoptar otros enfoques para derrotar la desinformación.
Todos estamos juntos en esto: construyendo pensamiento crítico y resiliencia
Existen diferentes puntos de vista y estrategias sobre cómo abordar el espectro creciente de la desinformación, y he revisado ejemplos en toda la región de Asia y el Pacífico por parte de gobiernos, medios de comunicación, sociedad civil y empresas tecnológicas. No existe una solución única que pueda terminar efectivamente con el problema causado por la desinformación. Pero todos los interesados deberán trabajar juntos en su objetivo de mejorar la conciencia pública y la alfabetización mediática. Esto requiere un diálogo sostenido y una cooperación que solo puede tener lugar en condiciones en las que se promueva activamente la libertad de expresión y en donde las libertades civiles estén genuinamente protegidas.
Para obtener recursos útiles sobre desinformación, consulte el manual de la UNESCO sobre la enseñanza de la desinformación, la base de datos global de Poynter sobre acciones contra la desinformación y el trabajo de Journalism Trust Initiative para construir una mejor transparencia y estándares entre los profesionales de los medios para combatir la desinformación.
Esta nota es parte de una serie que IFEX está produciendo sobre experiencias regionales con el problema global del ‘desorden informativo’ y lo que la gente está haciendo para contrarrestarlo. Mientras que las acusaciones de ‘noticias falsas’ aún ocupan un espacio considerable, el término es, en el mejor de los casos, impreciso y fácilmente manipulable. Siguiendo el importante trabajo de Claire Wardle y Hossein Derakhshan, consideramos tres aspectos del ‘desorden informativo’: desinformación, información errónea y mala información. La desinformación es información falsa y creada deliberadamente para dañar a una persona, grupo social, organización o país. La información errónea es información falsa, pero que no fue creada con la intención de causar daño. La mala información es información basada en la realidad, utilizada para infligir daño a una persona, grupo social, organización o país.
Esperamos que esto ayude a ampliar la comprensión y aliente el diálogo sobre el problema del ‘desorden informativo’, así como las repercusiones que las contramedidas pueden tener en el espacio cívico y en nuestro derecho a la libertad de expresión e información.