Las organizaciones firmantes rechazaron la "gestión opaca y arbitraria de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) que derivó en la suspensión masiva de transmisiones de decenas de emisoras radiales en varios estados del país durante los últimos meses."
Este artículo fue publicado originalmente en espaciopublico.ong el 27 de octubre de 2022.
Las organizaciones que suscribimos el presente comunicado rechazamos la gestión opaca y arbitraria de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) que derivó en la suspensión masiva de transmisiones de decenas de emisoras radiales en varios estados del país durante los últimos meses.
El cese de operaciones de las emisoras impacta gravemente en un ecosistema de medios restringido desde hace varios años. La población venezolana es la principal afectada por la falta de espacios plurales para opinar, informar y enterarse de lo que pasa en sus localidades. Además de limitar la libre deliberación pública, estas prácticas impiden que las personas tomen decisiones razonables o lo suficientemente informadas frente a situaciones que les afectan.
Bajo la excusa regulatoria, la Comisión ordenó por vías formales e informales el cese inmediato de transmisiones, lo que se traduce en el cierre de espacios para la difusión de contenidos, en muchos casos de emisoras con años de funcionamiento.
La gestión del espectro radioeléctrico opera bajo esquemas discrecionales, responde a una política que no rinde cuentas ni se ajusta a un mandato técnico. La regulación debe ofrecer certezas respecto al estatus de las emisoras.
En la práctica, la ausencia de la diligencia debida durante años por parte de Conatel derivó en una ilegalidad de hecho que deja en indefensión a gran parte de las emisoras en el país y es responsable de la mayoría de los cierres, más de 200 en 13 años.
La administración de bienes públicos debe ser transparente para la ciudadanía. El espectro radioeléctrico es propiedad pública, por lo tanto su gestión está sometida a los mismos criterios de rendición de cuentas que el resto de los organismos del Estado.
La transparencia pasa por ofrecer información regular y actualizada sobre el total de emisoras en funcionamiento, propiedad, estatus legal, criterios de otorgamiento o rechazo de concesiones, entre otro tipo de información de interés público que a la fecha no está disponible.
La lógica de Conatel ocasiona un grave daño que es la suspensión indefinida de transmisiones para concretar, según el ente, la actualización del estatus. Dejar de operar no es estrictamente necesario para poner la regulación al día; en especial si la responsabilidad de este vacío jurídico es atribuible al Estado por no responder con la debida diligencia, tanto a las nuevas solicitudes como a las demandas de actualización de las concesiones por parte de las emisoras.
La ausencia de respuestas de Conatel promueve una incertidumbre administrativa y jurídica que más tarde es usada como mecanismo de censura. Se acusa de ilegales a emisoras por: difundir contenidos “no apropiados” según una interpretación vaga y discrecional de la ley; o porque operan bajo “clandestinidad” a pesar de haber solicitado actualizar su estatus y ser ignorados por el ente.
Notificaciones formales e informales son comunes para “exhortar” a evitar ciertos contenidos, palabras, o vetar fuentes. En el peor de los casos, tales dinámicas derivan el inicio de procesos sancionatorios que terminan en cierres y confiscaciones.
La opacidad de la gestión y la ausencia de condiciones para el escrutinio público puede facilitar otras prácticas arbitrarias y hasta ilegales, como la concentración de medios, o la conformación de monopolios. Al no ser de conocimiento público los términos de funcionamiento del espectro, como la titularidad de la propiedad o el estatus de la frecuencia, tampoco es posible velar por su manejo legal y adecuado.
Alertamos nuestra preocupación sobre el nuevo reglamento de vía generales de las telecomunicaciones ya que incrementa innecesariamente los requisitos para solicitar el acceso a una frecuencia. Estas nuevas exigencias son ilegales por no estar contempladas en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, y además complejizan la gestión en medio del desorden administrativo vigente.
Por otra parte, este reglamento también busca eludir una responsabilidad estatal que es la elaboración de un informe técnico, necesario para la aprobación de las operaciones. Este requisito puede costar varios miles de dólares y es parte del mandato técnico de la Comisión.
En efecto, este reglamento pone en riesgo un acceso equitativo y en igualdad de condiciones al espectro como bien público. Por un lado, suma mayores requisitos a pesar de que el cumplimiento de los existentes no es garantizado a cabalidad por la Comisión. Y por otra parte, solo quienes pueden financiar el informe técnico podrán optar al permiso de la frecuencia, incluidos proyectos comunitarios.
Organizar el espectro como obligación estatal es necesario, debe responder a medidas proporcionales y ajustarse estrechamente al fin legítimo que es garantizar y proteger la libertad de expresión de la forma más amplia posible. La pluralidad y diversidad de contenidos, así como la libre circulación y el acceso a la información son principios innegociables que se deben respetar en armonía con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
Es urgente que el Estado venezolano:
- Ajuste la legislación y prácticas a los estándares en materia de derechos humanos que garanticen de forma amplia el derecho a la libertad de expresión, que ofrezca seguridad jurídica y permita el ejercicio pleno del derecho a la defensa.
- Que Conatel sea transparente, que rinda cuentas de forma clara y precisa sobre el manejo del espectro radioeléctrico como bien público.
- Garantice y proteja los principios de pluralidad, diversidad y libre circulación de contenidos, así como generar condiciones de igualdad y equidad para facilitar el uso legal y legítimo del espectro radioeléctrico.
