Un Tribunal de Sentencia de Choluteca, violentando los estándares interamericanos sobre libertad de expresión, condenó penalmente e inhabilitó para ejercer el periodismo al periodista Ariel D’Vicente.
Este artículo fue publicado originalmente en clibrehonduras.com el 23 de agosto de 2016.
Un Tribunal de Sentencia de Choluteca, violentando los estándares interamericanos sobre libertad de expresión, condenó penalmente e inhabilitó para ejercer el periodismo al periodista Ariel D’Vicente.
El fallo fue emitido el 26 de julio de 2016 y le notificaron a su defensor la semana anterior, dijo Ariel D’Vicente. El acusador es ex jefe policial de Choluteca en 2014, Lorgio Oquelí Mejía Tinoco. El periodista denunció supuestas irregularidades del jerarca policial. Lo habían depurado, pero la actual comisión lo ratificó en su cargo, dijo el periodista.
Denunció que el policía le ha mandado a decir que tiene amistades en el gobierno y que no atice (que no hable más del caso).
El fallo en contra del comunicador cita: «Primero: Condenar a Ariel Armando D’Vicente Jarquin por considerarlo responsable del delito de difamación por expresiones constitutivas de calumnias, en perjuicio de Lorgio Oquelí Mejía Tinoco, a la pena principal de tres años de reclusión en la Penitenciaría Nacional de Choluteca.
Segundo: Condenar a Ariel Armando D’Vicente Jarquin, a las penas accesorias de inhabilitación especial, que consiste en la prohibición de ejercer el sufragio, y ejercer el periodismo, e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal».
El fallo también declara la responsabilidad civil y condena al imputado a pagar todos los gastos ocasionados durante el juicio.
La parte acusadora arguyó que entre el 17 y 20 de febrero de 2014 en su programa Prensa Libre, de 12:00 a 2:00 de la tarde, Ariel Armando D’Vicente Jarquin vertió expresiones calumniosas constitutivas de difamación en contra del policía Lorgio Oquelí Mejía Tinoco.
El periodista Ariel D’Vicente denunció que es víctima de hostigamiento judicial, mediante el uso del derecho penal para perseguirlo y que la situación se ha agravado desde que el diputado de Choluteca, Mauricio Oliva, preside el Congreso Nacional.
Según el periodista, las represalias judiciales provienen de actores políticos, económicos y altos jefes policiales por su agenda investigativa, publicada en los noticiarios que dirige en su empresa televisora, de la zona sur.
El periodista mostró documentos de la querella entablada por Mejía Tinoco. Asimismo, investigó operaciones del narcotráfico, dijo D’Vicente a C-Libre el 18 de agosto pasado.
«Me presentaron cuatro querellas una la gané, otra la concilié y está pendiente una más con los empresarios del Ingenio Azucarero La Grecia», explicó D’Vicente.
Este es el segundo caso de inhabilitación para ejercer el periodismo en la historia contemporanea de Honduras.
En 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado hondureño “suspender la ejecución de la sentencia condenatoria de fecha 9 de diciembre de 2013 de la Corte Suprema de Justicia y abstenerse de realizar cualquier acción para inhabilitar al periodista Julio Ernesto Alvarado”, según se desprendió de la Medida cautelar 196-14.
Pese a esa medida cautelar, los jueces siguen violentando los principios democráticos.
