En el Día Mundial de Internet, IPYS Venezuela presenta su segundo Informe Anual de Derechos Digitales en Venezuela.
Este artículo fue publicado originalmente en ipysvenezuela.org el 17 de mayo de 2019.
La libertad de expresión en Internet se enfrentó a mayores desafíos durante el 2018. En este período destacaron las fallas en la conectividad por daños a la infraestructura de telecomunicaciones en todo el territorio nacional, los ataques y bloqueos a diversos portales de medios digitales y organizaciones de la sociedad civil, amenazas a periodistas, la aplicación de normativas restrictivas y detenciones arbitrarias por la opinión de ciudadanos en las redes sociales, así como la ejecución de estructuras oficiales que avalan la vigilancia y el seguimiento bajo esquemas policiales y militares en internet.
Los estándares internacionales establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que deberían garantizar un Internet abierto, libre y democrático, se vieron vulnerados en Venezuela cuando ocurrieron 72 violaciones de las seis categorías fundamentales para el ejercicio de los derechos digitales de los ciudadanos. En los doce meses de 2018 fueron recurrentes las incidencias por restricciones de acceso a internet (26), ataques (22), restricciones a la expresión (11), bloqueos (8), restricciones normativas (4) y limitaciones a la privacidad (1), de acuerdo con los datos que documentó el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela a través de su sistema de monitoreo de libertad de expresión en la red.
1. Navegación sin garantías
Incierta. Así estuvo la conectividad a internet en Venezuela a lo largo de 2018. Un año en el que aumentaron las denuncias por fallas de acceso a internet. Los ciudadanos experimentaron dificultades para acceder a internet y episodios de desconexión desde los servicios fijos y móviles, tanto privados como estatales.
Ese año, IPYS Venezuela registró 26 incidentes masivos que afectaron el acceso a internet en el país que, según las denuncias recibidas, fueron recurrentes por lo menos en 12 estados del país. Estos datos reflejan que tres de cada 10 violaciones a los derechos digitales en Venezuela ocurrieron por interferencias para navegar en internet, debido a que estos incidentes acumularon 36% de los 72 casos totales de restricciones a la libertad de expresión en internet, según los registros de enero a diciembre de 2018 del sistema de monitoreo de derechos digitales de esta organización. Esta cifra muestra un aumento en las precariedades para el acceso a internet, pues en 2017 las fallas de conexión y navegación representaron 18% en los 50 casos registrados ese año.
En la cola de la región
Las restricciones de acceso a internet fueron multifactoriales, según los reportes de IPYS Venezuela, y estuvieron relacionadas a fallas de la infraestructura, de la calidad del servicio, por factores de gestión, cortes, robos y daños a la infraestructura y los equipos de conexión tanto domésticas como de los sistemas que sirven de transporte de la red. También, hubo incidencias por apagones eléctricos que afectaron a varios estados del país, lo cual provocó la suspensión de los servicios de telecomunicaciones en entidades específicas y otras veces se extendía a regiones completas del país.
Esto ocurrió a lo largo de 2018, cuando la conectividad en Venezuela tuvo un promedio de 1,8 megabit por segundo (mbps), según las bases de datos que maneja M-LAB, que es el laboratorio de mediciones abiertas de internet en alianza con IPYS Venezuela. Para estos resultados se tomaron en cuenta 42 mil pruebas realizadas a lo largo del año que sirvieron para testear la velocidad de descarga, que sustenta a este indicador.
Ese número supuso un estancamiento de la velocidad de conexión en la Banda Ancha Fija, que son las conexiones domésticas, si se compara con los datos de 2017, cuando el promedio de navegación fija fue el mismo, según datos de Akamai, una empresa privada que levanta estadísticas sobre el comportamiento de internet.
Los datos de Akamai reflejan una caída de la velocidad con respecto al año 2016, cuando el país tuvo un promedio anual de 1,9 mbps. Estas cifras destacan a Venezuela como el segundo país con la velocidad de conexión más pobre de América Latina a nivel de Banda Ancha Fija. Según la base de datos de Akamai, Venezuela solo superaba a Paraguay, que en 2017 cerró con un promedio de 1,4 mbps.
Los datos de IPYS Venezuela, M-LAB y Akamai, indicaron que la velocidad promedio de conectividad fija en Venezuela para el cierre de 2018 fue cinco veces inferior a la que disfrutaba Chile durante 2017. Ese país tenía, para ese momento, el mejor desempeño de velocidad con 9,3 mbps. Los otros cuatro países con mayor rapidez en las redes fijas eran México (7,3), Brasil (6,8), Argentina (6,3) y Perú (6,3).
Las brechas para Venezuela fueron mayores en la navegación móvil. En 2018, dos décimas fue lo que varió la navegación móvil con respecto a la red fija. El país experimentó una navegación promedio de 2 mbps, desde los servicios móviles privados y estatales que están gestionados solo por cuatro teleoperadoras. Esta cifra de navegación es muy baja a pesar de que este sector tiene una potencialidad mayor de conectividad por sus capacidades tecnológicas.
El desempeño de la navegación móvil en Venezuela ha ido decreciendo. Akamai reportó en su último informe de 2017, que este país tenía un promedio de Banda Ancha Móvil (BAM) de 2,8 mbps. Para ese entonces, ya era el último de la región, pues las velocidades promedios de los vecinos estaban entre cinco y ocho. Perú tenía la velocidad estimada más alta con 8,3, le seguían México (7,8), Paraguay (7,5), Chile (7,2), Colombia, (6,7), Brasil (5,2) y Argentina (5,1).
Fallas generalizadas
Mientras la mayoría de los países de América Latina ofrecen mejores condiciones de velocidad de conexión, el acceso a internet en Venezuela estuvo marcado por fallas generalizadas en todo el país pero fueron aún más intensas en 12 estados, entre ellos Aragua, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Lara, Mérida, Monagas, Sucre, Táchira, Zulia, el Área Metropolitana de Caracas y otras zonas del estado Miranda. Además, IPYS Venezuela reportó cuatro episodios de fallas masivas de internet que afectaron a todo el territorio nacional.
Las precariedades se concentraron en cinco estados que tuvieron promedios de conexión tanto fija como móvil, por debajo de un megabit por segundo. El estado con el servicio más lento fue Cojedes con un estimado de 0,69 mbps. Este indicador estuvo cerca del 0,257 mbps, que es límite mínimo para considerar a una conexión como de Banda Ancha, según la Comisión Económica para América Latina y El Caribe.
También fue crítica la velocidad en Mérida (0,70), Táchira (0,73) y Trujillo (0,87), entidades que componen el eje andino. En esta zona se prolongaron los episodios de desconexión, en varios momentos del año, por daños en la infraestructura y por fallas generalizadas en los servicios públicos.
Otros 15 estados experimentaron promedios de conexión entre 1 y 1,7 mbps. Entre ellos: Vargas, Anzoátegui, Aragua, Guárico, Carabobo, Falcón, Apure, Lara, Nueva Esparta, Portuguesa, Bolívar, Monagas, Barinas, Sucre, Amazonas y Delta Amacuro.
Fue excepcional la velocidad de navegación del Área Metropolitana y zonas de Miranda, con 2,2 mbps. Destacó que Zulia tuvo un desempeño de 2,62 mbps, y a pesar de que este estado tuvo el mejor promedio estadal, fue la entidad con mayores padecimientos en la navegación pues las fallas fueron recurrentes y de mayor magnitud a partir de agosto de 2018, por deficiencias generalizadas del sistema eléctrico que afectaron todos los sistemas de telecomunicaciones de la entidad.
Estas dificultades se mantuvieron e incluso se hicieron más agudas en el primer cuatrimestre de 2019, cuando las deficiencias en los servicios de telecomunicaciones se convirtieron en parte de la normalidad de los ciudadanos, no solo por las fallas de acceso y de infraestructura en los servicios de internet sino por el impacto de las fallas eléctricas que han afectado a casi todo el territorio nacional. Los fenómenos de incomunicación fueron intensos, sobretodo en marzo de este 2019, cuando se registraron apagones eléctricos que se extendieron por largos lapsos de horas, y dejaron desconectados a 97% a los usuarios de internet en algunos momentos, según los datos de Netblocks, una organización internacional que monitorea las condiciones de conectividad.
Estos fenómenos afectan el principio de acceso a internet, que está establecido en los estándares internacionales de derechos digitales, y que supone redes de calidad, abiertas, sin interferencias e incluyentes para todos los ciudadanos. Las fallas generalizadas de comunicación en la red, también ponen en riesgo el cumplimiento por parte del país de los compromisos establecidos en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2015-2030, impulsada por Naciones Unidas.
Los datos de 2018 reflejan que Venezuela no pudo garantizar un acceso universal a internet de todos sus ciudadanos y asegurar acceso a la cobertura fija y móvil, tal como lo establece la agenda de Naciones Unidas. Sigue siendo urgente que el estado tome en cuenta, también, el llamado de la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión de la OEA, que ha establecido como una prioridad para los estados “Promover el acceso universal a Internet para garantizar el disfrute universal y efectivo del derecho a la libertad de expresión”.
2. Internet suprimido
No solo los episodios de incomunicación y deficiencias para acceder a internet marcaron la agenda de 2018 en materia de derechos digitales. La mayoría de las incidencias que afectaron las libertades en red de los venezolanos se registraron durante los primeros seis meses del año. Este período coincidió con los conflictos sociales que se generaron por la agudización de la Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa el país -según lo han declarado instancias de Naciones Unidas- caracterizada por las fallas en el sistema de salud, la carencia de alimentos y medicinas, así como la falta de servicios básicos y de transporte público. A diferencia del 2017, cuando las manifestaciones ciudadanas fueron en su mayoría de carácter político, en el 2018 las necesidades de la población venezolana fueron el núcleo de las acciones de calle que se desarrollaron en todo el territorio nacional.
En este lapso de tiempo, también, ocurrió el llamado a elecciones presidenciales a solicitud de la Asamblea Nacional Constituyente y el Poder Electoral, que el 20 de mayo de 2018 devino en la posterior reelección de Nicolás Maduro como Presidente de la República para el nuevo periodo gubernamental 2019-2025, el cual careció de legitimidad y no fue reconocido por más de 50 países.
En este escenario, 37 de los 72 casos registrados en el sistema de monitoreo de IPYS Venezuela ocurrieron entre enero y junio de 2018. Por lo que la cobertura periodística y la expresión en internet sobre estas manifestaciones públicas y decisiones gubernamentales transcurrieron en condiciones de escasez informativa, en un contexto en el que además el gobierno contó con una plataforma mediática utilizada con fines proselitistas, mientras los medios independientes y críticos fueron censurados, según el monitoreo de IPYS Venezuela. Los meses que acumularon el mayor número de casos en el primer semestre del año fueron enero (6), marzo (11) y junio (6).
Este lapso estuvo marcado por acciones legales y medidas de censura que coartaron la expresión de periodistas y ciudadanos a través de plataformas digitales, limitaciones de acceso a internet por fallas de infraestructura, los hechos de intimidación y ataques en la red y bloqueos a portales de medios de comunicación digitales y de organizaciones no gubernamentales, limitaciones a la privacidad, así como declaraciones agraviantes en las redes sociales por parte de autoridades públicas. También hubo medidas restrictivas para la libertad de expresión que se dieron desde el gobierno nacional por su aplicación de estrategias de regulación de las redes sociales y legalización de bloqueos a portales informativas, las cuales avalan la censura en internet.
En el segundo semestre del 2018 sucedieron 35 de casos de violaciones a los derechos digitales. En estos meses predominaron las fallas de comunicación y conexión, además de los ataques y bloqueos a medios digitales y organizaciones defensoras de derechos humanos. En el total de las vulneraciones registradas en 2018, resultaron afectadas 126 personas, además de los 26 casos en los que la ciudadanía de distintas entidades del país vieron obstaculizado su derecho de acceso a internet por problemas de infraestructura en los servicios de telecomunicaciones privados y estatales. Otras de las víctimas fueron los portales de 15 medios de comunicación y de cuatro organizaciones no gubernamentales.
