(PROBIDAD/IFEX) – El presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, decidió el 25 de mayo de 2006, Día del Periodista hondureño, engavetar, en efecto, la Ley de Transparencia y acceso a la información pública por considerar que no había consenso, existía mucha oposición, el dictamen no le convencía y porque el presidente Manuel Zelaya, gestor de […]
(PROBIDAD/IFEX) – El presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, decidió el 25 de mayo de 2006, Día del Periodista hondureño, engavetar, en efecto, la Ley de Transparencia y acceso a la información pública por considerar que no había consenso, existía mucha oposición, el dictamen no le convencía y porque el presidente Manuel Zelaya, gestor de la iniciativa, pidió «tiempo» para enviar sus observaciones.
Rompiendo las normas del reglamento interno del Congreso, Micheletti incluso desoyó la petición expresa de varios parlamentarios, entre ellos el diputado Donaldo Reyes Avelar, del partido Nacional, en la oposición, que le increpó por su determinación, tras un compromiso expreso de la directiva del Congreso en pleno en iniciar la discusión de la ley esta semana.
Reyes Avelar leyó a Micheletti lo que dice el reglamento del Congreso al respecto, tras recordar que su determinación no solo irrespeta la labor de la Comisión de Dictamen, sino que es un mal mensaje a la sociedad ante un compromiso estatal de favorecer la transparencia en los actos públicos del Estado mediante mecanismos que garanticen el acceso a la información pública.
Pero el presidente del Congreso – que casi nunca asiste a la sesiones de la Cámara – fue tajante al indicar que «esa ley por el momento no va, hay muchos sectores opuestos y además un grupo de congresistas va a viajar en junio a otros países a conocer otras experiencias, y no podemos aprobar algo a la ligera, cuyo dictamen aún no nos convence».
«Ese dictamen debe ser cambiado, hay que escuchar a otros sectores para obtener un dictamen enriquecido, por eso, en este momento la ley no se discute», dijo Micheletti.
Para el diputado César Ham, del partido de Unificación Democrática (UD), de izquierda, el anuncio del presidente del Congreso sólo tiene una interpretación: «no quieren que haya Ley de Transparencia y este asunto va para largo. Hay que librar una fuerte batalla», dijo.
Ham dijo al Comité por la Libre Expresión (C-Libre) que «uno no sabe si reír o llorar ante las sorpresas que se producen en este Congreso, una ley ampliamente consensuada y debatida de pronto se paraliza porque sienten que no les conviene, no quieren entrar de fondo a la transparencia», acotó.
Asimismo, miembros de la Comisión dictaminadora del proyecto de ley informaron a C-libre que el Presidente Zelaya, que hizo de la Ley de Transparencia su bandera de campaña, a última hora pidió a Micheletti «parar» la iniciativa porque necesitaba «tiempo» para hacer llegar sus observaciones.
El gobernante, al parecer, no estaba satisfecho con el dictamen porque no se le reconocían méritos de ser el impulsor de la iniciativa y estaría mandando sus apreciaciones en torno al órgano garante de la Ley, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), porque al parecer «no le convence». En los tres meses que duró la discusión de la Ley de Transparencia, el poder Ejecutivo nunca hizo alguna objeción y estuvo al tanto de todos los detalles del proceso, informaron miembros de C-Libre responsables de cabildear el proyecto de ley.
El ambiente en contra de la Ley de Transparencia fue evidente al interior del hemiciclo cuando los diputados del gobernante partido Liberal, con excepción de cuatro parlamentarios, rechazaron una moción presentada por el parlamentario nacionalista, Jorge Ramón Hernández Alcerro, de que la ley fuera discutida sin pretextos el 30 de mayo de 2006.
«Había línea de partido para no apoyar esa moción, es increíble lo que pasó en el Congreso», declaró Félix Molina, uno de los principales responsables del cabildeo de la ley en el hemiciclo.
Entre sus argumentos en contra de la iniciativa, los parlamentarios alegaron la oposición de la directiva del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), nuevamente el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), y curiosamente, de periodistas que mantienen contratos publicitarios con el Estado cuyo monto no quieren que se revele. Así lo denunciaron los parlamentarios.
Otro elemento que se opone a la transparencia, fue la determinación entre un sector de diputados de los partidos Liberal y Nacional – mayoritarios en el país – de mantener como «reservada» la información relacionada con el subsidio que entrega el Legislativo a los diputados y las ayudas humanitarias a sus esposas y parientes, además de mantener el secretismo de las partidas confidenciales u «ocultas» del poder Ejecutivo.
Por el momento, el poder legislativo tiene dos caminos en torno a la Ley de Transparencia: obligar a la comisión dictaminadora a retirar su dictamen final e iniciar un nuevo proceso, o esperar que los opositores difundan en público, en el hemiciclo, sus oposiciones a la ley cuando ésta se discuta en base al dictamen ya elaborado.
Esta actualizacíon ha sido realizada por PROBIDAD con información proporcionada por C-Libre.
