El Gobierno chileno sigue violando flagrantemente la libre expresion a pesar del retorno a la democracia en los últimos nueve años, escribe la periodista chilena Alejandra Matus en la edicion más reciente de «Index on Censorship» (Índice de la censura) titulada «After the Fall» (Después de la caída, Vol. 5, 1999). El 14 de abril, […]
El Gobierno chileno sigue violando flagrantemente la libre expresion a pesar del retorno a la democracia en los últimos nueve años, escribe la periodista chilena Alejandra Matus en la edicion más reciente de «Index on Censorship» (Índice de la censura) titulada «After the Fall» (Después de la caída, Vol. 5, 1999). El 14 de abril, el libro de Matus «El libro negro de la justicia chilena» que describe «la conducta de la Suprema Corte desde su inicio hasta el presente», fue prohibido por el juez Rafael Huerta de la Suprema Corte de Santiago. La policía decomiso inmediatamente todas las copias del «Libro negro» y Matus fue obligada a huir a los Estados Unidos.
Matus enfoca gran parte de su libro en la era de Pinochet, escribiendo que «la falta de independencia del poder judicial durante la dictadura de Pinochet ha privado a miles de personas de su proteccion legal, y en último término, les costo la vida». El libro también aborda las deficiencias del sistema legal antes y después del régimen de Pinochet, incluyendo la «corrupcion, nepotismo y abusos de poder de miembros de la Suprema Corte». Según Matus, el juez Servado Jordan, quien ordeno el decomiso de todas las copias del libro de Matus, estuvo directamente implicado en cuatro de los 17 casos en los cuales se aplico la Ley de Seguridad Nacional de 1990 a periodista. Según esta ley, «cualquier publicacion o emision que ‘insulte’ al presidente, sus ministros, generales y jueces se puede considerar un crimen contra la seguridad nacional y su autor puede estar sujeto hasta a cinco años de cárcel».
Matus apelo a la Comision Interamericana de Derechos Humanos, que a su vez «le dio al Gobierno diez días para tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad personal y el derecho a la libre expresion [de Matus]». El gobierno chileno todavía no ha respondido a esta orden, por lo que el «Libro negro» sigue prohibido y Matus, contra quien existe una orden de arresto, no puede regresar a Chile.
