El caso se remonta a 2011, cuando el asambleísta Cléver Jiménez, el periodista Fernando Villavicencio, y el activista Carlos Figueroa acusaron a Correa de delitos de lesa humanidad, por supuestamente haber ordenado la incursión armada en el Hospital de la Policía, durante la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010.
El 14 de enero de 2014, el Tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia negó el recurso de casación que interpusieran el asambleísta de Pachakutik, Cléver Jiménez, el periodista y experto en temas petroleros Fernando Villavicencio, y el activista Carlos Figueroa.
Con esta decisión, la Sala ratificó la sentencia de la jueza Lucy Blacio, quien en abril del 2013 los declaró culpables del delito de injuria judicial contra el presidente Rafael Correa. En esa resolución, Blacio sentenció a Jiménez y Villavicencio, en calidad de autores materiales, a 18 meses de prisión. Mientras que la condena de Figueroa, por demostrar atenuantes, fue reducida a seis meses.
Como reparación económica, la jueza también dispuso el pago aproximado de 140.000 dólares, valor que representa el sueldo del Presidente multiplicado por el tiempo que duró la querella (20 meses contados a partir del 4 de agosto de 2011 al 16 de abril de 2013) y que los procesados se disculpen públicamente con Correa a través de los medios de comunicación del país.
El caso se remonta a 2011, cuando los tres acusaron a Correa de delitos de lesa humanidad, por supuestamente haber ordenado la incursión armada en el Hospital de la Policía, durante la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010. Esta denuncia fue desechada y calificada de maliciosa y temeraria.
Tras este fallo, el Presidente puso la contrademanda y ayer la decisión de la jueza Blacio en este caso fue avalada por el tribunal de la Corte integrado por el juez Vicente Robalino y las juezas Gladys Terán y Mariana Yumbay. Por unanimidad, los magistrados declararon improcedente el recurso de casación después de más de cuatro horas de audiencia.
El abogado del Primer Mandatario, Caupolicán Ochoa, aseguró que la defensa de los procesados no fundamentaron el recurso de casación y que esperaba esta decisión por parte de la Sala. Durante su argumentación, afirmó que la inmunidad parlamentaria en este caso no procede y citó el artículo 128 de la Constitución que se establece que no será necesaria la autorización de la Asamblea para enjuiciar a un legislador cuando el caso “no se encuentre relacionado con el ejercicio de sus funciones”.
“Los juristas más serios del Ecuador coinciden en que no se quiere de juicio o autorización para iniciar el juicio penal… En el nuevo derecho constitucional la inmunidad es una instrucción obsoleta, es un instrucción que ha servido de escudo para que los delincuentes se queden en la impunidad, que ha sido cuestionada por todo el derecho constitucional moderno… Esto de la impunidad se quedó atrás porque cuando se comete un delito como cualquier ciudadano tienen que aplicarse las normas, porque de lo contrario se está conspirando”, manifestó Ochoa.
Julio Sarango, defensor de Jiménez y Villavicencio, insistió en que hubo irregularidades durante todo el proceso y hubo una “errónea interpretación de la ley” para beneficiar al querellante. Según su argumento, la demanda que pusieron los procesados contra Correa no llegó a juicio y por lo tanto no procedía el delito de injuria judicial por el que fueron sentenciados.
Sobre la inmunidad, acotó que éste es un privilegio que tienen los asambleístas para enfrentarse al poder y pedirles rendición de cuentas. “Ahora se quiere decir que la interpretación de una jueza, que es muy respetable, que no necesitan autorización (de la Asamblea para iniciar un juicio) porque ha revisado un comentario de un jurista muy connotado y en eso se basan y hacen que se reemplace la ley”.
Jiménez, al final de la diligencia, aseguró que con este resultado se demuestra “que la justicia está sometida al poder ejecutivo”. Acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Penal Internacional “para que desde allá se haga justicia en tantos atropellos de este Gobierno” en referencia a los hechos del 30-S.
El asambleísta además refirió que el 4 de noviembre pasado denunció en la Fiscalía amenazas de muerte en su contra. “Estarían intentando incriminarme, encarcelarme y posteriormente asesinarme”.
La decisión judicial ocurre después de que los domicilios de Jiménez y Villavicencio fueran allanados en diciembre pasado. Durante esto operativo las fuerzas especiales se llevaron computadores, tablets, teléfonos celulares y documentación. La oficina de Jiménez en la Asamblea Nacional también fue intervenida. Villavicencio, asesor de Jiménez y quien no se presentó ayer a la audiencia, ha publicado varios reportajes denunciando hechos de corrupción en negocios petroleros y de seguros dónde estarían involucrados funcionarios y ex funcionarios del Gobierno ecuatoriano.
La defensa de los procesados esperará recibir la sentencia para solicitar la aclaración y ampliación de la misma.
