La Fundación para la Libertad de Prensa ha hecho seguimiento a los anuncios y compromisos de las autoridades con respecto a este caso y, con preocupación, comparte este balance.
Este artículo fue publicado originalmente en flip.org.co el 7 de septiembre de 2020.
Han transcurrido cuatro meses de las denuncias sobre perfilamientos a periodistas detalladas en la investigación «Carpetas secretas» de Revista Semana. La Fundación para la Libertad de Prensa ha hecho seguimiento a los anuncios y compromisos de las autoridades con respecto a este caso y, con preocupación, comparte este balance:
Investigaciones disciplinarias
El pasado 20 de mayo, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a dos generales en retiro, cinco coroneles, tres mayores, un teniente y dos suboficiales adscritos a diferentes unidades de inteligencia. Aún sigue pendiente fijar la fecha para la audiencia de juicio disciplinario. La FLIP valora positivamente que, una vez el Ministerio Público asumió competencia de este caso, se adoptaron decisiones de fondo, lo que no ocurrió mientras el Comando General de las Fuerzas Militares estuvo a cargo de la investigación.
Se tiene conocimiento de un informe de la investigación realizado por el Inspector General del Comando General de las Fuerzas Militares que habría sido remitido a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación.
Investigaciones penales
El 4 de mayo de 2020, el Fiscal General de la Nación anunció que desde enero comenzó una investigación por delitos de violación ilícita de comunicaciones, uso ilícito de equipos trasmisores, entre otros delitos, y que dentro de este expediente sería citado a interrogatorio el general en retiro Nicacio Martínez. Cuatro meses después dicha diligencia no se ha realizado.
La Fiscalía ha señalado que adelanta una investigación minuciosa ordenando entrevistas a integrantes de las Fuerzas Militares, también que cuenta con la información de los equipos incautados en el allanamiento ordenado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2019 y que realizó una inspección judicial a la investigación disciplinaria que adelanta la Procuraduría General de la Nación. A pesar de esta positiva autocalificación, a la fecha, no se conocen vinculaciones formales al proceso.
Acceso a la información
Resulta preocupante una respuesta del pasado 11 de agosto de la Fiscalía General de la Nación a un derecho de petición enviado por la FLIP, donde afirma que, contrario a lo publicado en Revista Semana, «no fueron 130 blancos los objetos de acciones ilegales de monitoreo, seguimientos, interceptaciones, perfilaciones, trabajos especiales por el Ejército Nacional, sino un número de personas que no supera los 20«1. La Fiscalía no informó los nombres de los periodistas víctimas, tampoco brindó detalles de cómo identificó a las víctimas, ni de los criterios que utilizó para afirmar que el número de víctimas es considerablemente menor.
La FLIP no ha recibido información sobre el alcance de los perfilamientos y los responsables a pesar de que se ha insistido recurrentemente en las preguntas concretas formuladas el 12 de mayo. Si bien el cuestionario tuvo un trámite formal ante distintas entidades del Gobierno, se ofrecieron respuestas parciales que no resuelven de fondo los interrogantes planteados. En varias ocasiones la petición fue trasladada de una dependencia a otra aumentando los tiempos y sin que el traslado implicara el pleno cumplimiento de los estándares de acceso a la información.
Medidas adoptadas en las FF.MM.
El 2 de mayo, el Ministro de Defensa anunció que once militares fueron retirados de servicio. En un comunicado posterior, explicó que esa decisión se fundamentó en “las necesidades del servicio y conveniencia institucional” pero no se refirió a las razones de manera clara, ni explicó la relación con las investigaciones que se adelantan por los hechos de perfilamiento a periodistas.
El ministro también anunció la adopción de medidas para evitar la continuidad de los perfilamientos. Para ello, el Comando General de las Fuerzas Militares realizó un proceso de revisión estratégica de capacidades de inteligencia, «cuyas conclusiones fortalecerán las capacidades y controles a las actividades de inteligencia y contrainteligencia«. Dicho diagnóstico es de carácter reservado, razón por la cual no se conocen los pormenores de las medidas que se adoptarán para que se respeten los estándares de protección de derechos humanos.
El despliegue de actividades de inteligencia militar contra la prensa no es un fenómeno nuevo, y a pesar de que cada vez se anuncian medidas para evitar que los hechos se repitan, se ha demostrado que son insuficientes. Para la FLIP, en este proceso debería participar la Comisión Parlamentaria para Asuntos de Inteligencia con el fin de garantizar que los controles externos a los servicios de inteligencia cumplan con su labor.
Naciones Unidas y la CIDH observan con preocupación el caso
El 19 de agosto de 2020, los cuatro Relatores Especiales de Naciones Unidas y la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestaron al Gobierno colombiano su preocupación sobre las actividades de vigilancia y elaboración de perfiles por parte del Ejército, considerando que dichas actividades someten a los periodistas a un riesgo elevado e interfieren con el desarrollo del ejercicio periodístico. Por lo anterior, solicitaron al Estado colombiano información para aclarar los hechos: detalles de las investigaciones que se han adelantado y de las actividades de prevención que se han desplegado.
En una comunicación del 5 de agosto, el Estado contestó algunas de las preguntas y omitió resolver de manera integral y completa todos los interrogantes planteados por los expertos independientes de Naciones Unidas y de la CIDH.
Así mismo, algunos miembros del Congreso de los Estados Unidos llamaron la atención sobre el caso, por el uso indebido de los recursos de ayuda internacional para fines ilegítimos. Por ello, allí cursa un proyecto de ley que busca el esclarecimiento del uso de la asistencia internacional del sector de seguridad de los Estados Unidos al Gobierno de Colombia, con el fin de aclarar si fue utilizada para fines de vigilancia o inteligencia ilegal a la población civil.
Conclusiones
Las actividades de inteligencia contra periodistas son tan recurrentes como las reacciones enérgicas de rechazo por parte de las autoridades una vez se conoce que ocurren. Las autoridades asumen públicamente compromisos para avanzar en el esclarecimiento de los hechos, pero con el paso del tiempo pareciera que estos quedan en una rueda de prensa, se diluyen en pocas semanas y no se reflejan en las investigaciones.
Es importante valorar el rechazo de lo ocurrido por parte del Gobierno nacional pero es prematuro dar por sentado y asumir con ese rechazo que todo está resuelto. Se ha forjado un ambiente gubernamental de superación del fenómeno que no pasa por la garantía del derecho a la justicia. Las investigaciones penales y disciplinarias se deben adelantar con celeridad y sancionar ejemplarmente a los responsables, de lo contrario anticipamos un alto riesgo de impunidad para estos hechos.
Para la FLIP es preocupante que los avances frente al caso de perfilamientos son mínimos y no proporcionan garantías para la libertad de prensa ni para la protección a las fuentes. Las medidas adoptadas hasta el momento no han sido suficientes para esclarecer de manera pronta la verdad sobre las vigilancias del Estado ni para prevenir que vuelvan a ocurrir.
1 Fiscalía General de la Nación. Oficio nº FDCSJ-10100- del 11/08/2020 en respuesta al derecho de petición radicado 110016000102202000007.
