ARTICLE 19 externa su preocupación por los crecientes actos represivos en contra, no sólo de periodistas independientes, sino también de personas académicas e intelectuales quienes han expresado públicamente su disenso con las políticas implementadas por el régimen cubano.
Este artículo fue publicado originalmente en articulo19.org el 23 de septiembre de 2024.
El pasado 18 de septiembre, la académica cubana Jenny Pantoja Torres, fue víctima de vigilancia policial, detención arbitraria y amenazas por parte de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional; en tanto que el escritor humorístico, Jorge Fernández Era, el académico y periodista Alexander Hall Lujardo, y el intelectual y ensayista Raymar Aguado Hernández fueron citados a interrogatorios – personas que se han caracterizado por mantener una postura crítica frente al régimen cubano.
En el marco de la manifestación convocada de manera mensual, desde marzo de 2023, para exigir mejores condiciones de vida en la isla y la apertura a procesos institucionales democráticos, por la académica y coordinadora de la plataforma Laboratorio del Pensamiento Cívico (Cuba x Cuba), Alina Bárbara López Hernández, Pantoja informó mediante sus redes sociales que estaba siendo vigilada por personas de la IN-Seguridad del Estado, afuera de su domicilio.
Posteriormente, mientras se dirigía a la manifestación fue detenida arbitrariamente por personal de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional, y llevada a la estación policial de Aguilera, en donde, de acuerdo con el testimonio de la académica, estuvo encerrada en un calabozo cerca de cuatro horas. Durante ese periodo, fue interrogada en tres ocasiones y amenazada con ser procesada legalmente por el delito de “instigación a delinquir”, bajo el argumento de que al salir a manifestarse, está llamando a las personas a realizar actos delictivos.
De acuerdo con la académica, este hecho tuvo como objetivo principal obligarla a desistir de ejercer su derecho a la protesta. Es importante señalar que ella ya cuenta con un proceso jurídico abierto por “atentado”.
Por otro lado, el escritor de 61 años, Jorge Fernández Era, fue citado por la Seguridad del Estado para ser interrogado el 18 de septiembre en la sede central de dicha instancia, ubicada en Villa Marista, La Habana. De acuerdo una publicación del escritor en su red social Facebook, estuvo cerca de ocho horas en la sede. Señaló que fue interrogado en dos ocasiones, con una duración de poco más de una hora cada una, y el resto de las horas, estuvo en espera y sin información alguna. Cabe destacar que le fueron cuestionadas sus publicaciones en el medio digital El Toque y le informaron que se encontraban analizando su expediente, abierto en años anteriores, por el delito de “desobediencia”, por lo que corre el riesgo de que su caso se judicialice.
Fernández Era considera que esta medida fue tomada en represalia por su reciente renuncia a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), en solidaridad por la expulsión de Alina Bárbara Hernández, ocurrida el 12 de septiembre, atribuida por sus textos críticos y protestas frente al régimen cubano.
Los académicos y activistas Alexander Hall Lujardo y Raymar Aguado Hernández, quienes forman parte del colectivo Socialistas en Lucha, de igual manera fueron citados por la Seguridad del Estado para ser interrogados el mismo día que Fernández Era. De acuerdo con una nota periodística del medio digital Periodismo de izquierda, el también periodista de El Toque, Alexander, “intuye que en su caso se trata de un interrogatorio como parte de la redada contra el periodismo independiente que actualmente realiza la seguridad del Estado”.
ARTICLE 19 externa su preocupación por los crecientes actos represivos en contra, no sólo de periodistas independientes, sino también de personas académicas e intelectuales quienes han expresado públicamente su disenso con las políticas implementadas por el régimen cubano. Esta postura, lejos de garantizar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población cubana, ha recrudecido la precariedad, la falta de alimentos y agua, los apagones de electricidad, los problemas de transporte y la represión en contra de quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión, tal como lo señalamos en el Análisis trimestral sobre el estado de la libertad de expresión en Centroamérica y el Caribe.
Frente a este contexto represivo, exigimos al Estado cubano cesar inmediatamente el acoso y persecución en contra de todas las voces críticas quienes en apego a su legítimo derecho a la libertad de expresión, deciden alzar la voz en busca de un país en donde los derechos humanos sean respetados, tal como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Lo anterior de cara al cumplimiento de las recomendaciones que distintos países hicieron al Estado cubano en el marco del EPU 2023, dentro de las que destaca la obligación de garantizar plenamente la libertad de expresión, de asociación y de reunión, tanto en espacios públicos como digitales, lo que implica la modificación de todas las disposiciones del Código Penal que restringen su libre ejercicio.
