OBSERVACOM presentó ante el Congreso de Argentina recomendaciones para la regulación de los servicios audiovisuales en Internet.
Este artículo fue publicado originalmente en observacom.org el 11 de agosto de 2020.
La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado en Argentina fue escenario para que OBSERVACOM presentara, el viernes 7 de agosto, su documento Desafíos y asimetrías regulatorias de los servicios audiovisuales en Internet. ¿Qué hacer? Recomendaciones para una regulación democrática de los servicios audiovisuales en Internet.
El documento, publicado por UNESCO, ofrece insumos para la discusión sobre la regulación de los servicios audiovisuales en Internet. “Se necesitan posiciones democráticas adecuadas al entorno digital. El uso y consumo de Internet tienen cada vez más influencia en el debate público, con la presencia de actores enormes, incluso, más grandes que Estados enteros”, aseguró Gustavo Gómez, Director Ejecutivo de OBSERVACOM.
“El uso y consumo de servicios audiovisuales a través de Internet está consolidado” e implican “un traspaso de recursos económicos al exterior de los países latinoamericanos”, por lo que precisa ser regulado… Pero hay que pensar distintos abordajes para los distintos aspectos que componen Internet. No es lo mismo regular servicios de transporte, que de alojamiento, que de servicios audiovisuales. Los derechos a proteger son diferentes”, explicó Gómez.
“Nosotros proponemos un enfoque amplio (para la regulación de servicios audiovisuales en Internet) que, además de los aspectos impositivos, contemple la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, la promoción de la industria audiovisual, entre otros aspectos. No hay que inventar nuevos derechos pero hay que ver cómo se aplican en el entorno digital”, concluyó el Director Ejecutivo de OBSERVACOM.
Por su parte, Santiago Marino, investigador asociado y Coordinador del Área OTT Audiovisual de OBSERVACOM, se encargó de presentar los puntos centrales del documento.
El documento “ofrece un diagnóstico integral del problema, qué han hecho distintos países y posibles soluciones, que buscan ser un insumo para las discusiones”, aseguró Marino. La propuesta sigue los principios generales de derechos humanos, explicó: “estos principios deben mantenerse en Internet, el desafío está en adaptarlos al espacio global para que sean ejercidos efectivamente. Eso incluye reconocer los derechos de las empresas y de las audiencias y las personas ante las empresas que ofrecen estos servicios”, indicó.
Marino explicó que, en la actualidad, “se pone en duda la capacidad regulatoria del Estado, algo que no se cuestionaba en el entorno analógico”. O de desregular a los servicios audiovisuales tradicionales para resolver las asimetrías existentes. Pero desde la perspectiva de OBSERVACOM, “la propuesta implica no desandar el camino dejando a un lado las normas vigentes, porque eso llevaría a profundizar las asimetrías entre actores y desproteger a la ciudadanía de sus derechos”, precisó.
“El documento plantea que una regulación única para todos los OTT sería un error. Es necesario regular por servicios y no por tecnología y que se apliquen normas comparables”, señaló. “Estamos hablando de regular servicios culturales y no cualquier mercancía, que tienen valor material y simbólico, tal como ha sido reconocido por Convención para la Diversidad Cultural de UNESCO. Los servicios audiovisuales tienen la capacidad de producir sentido social, formar valores e identidad cultural, por eso exigen regulaciones específicas”, sostuvo Marino.
En este sentido, expresó que “es necesario mantener principios como el de derecho a la información, pluralidad, entre otros, y ampliar la perspectiva. Hay que pasar de regular la televisión a regular servicios audiovisuales”.
“Hay aspectos claves para que haya regulación democrática de los servicios audiovisuales en Internet. Esta debe incluir, en primer lugar, una clara definición de los servicios, dejar de hablar de televisión para ampliar el concepto a servicios audiovisuales y adecuar la normativa vigente para que alcance a los servicios audiovisuales en Internet”, dijo Marino.
Esta definición alcanzaría a servicios lineales y no lineales (a demanda) pero no incluiría a aquellos contenidos audiovisuales que sean complementos de otros servicios (por ejemplo páginas web de medios de prensa). “El documento deja como pregunta abierta si la definición debería incluir a las plataformas de intercambio de contenido de terceros”, señaló.
Otros aspectos centrales que se deberían atender para pensar una regulación democrática para los servicios audiovisuales en Internet son los mecanismos de entrada al mercado. “Para las OTT debería bastar con una autorización o registro, en vez de licencia, y cumplir ciertas garantías como la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes por ejemplo a través de instrumentos técnicos de control parental, etc.”, explicó Marino.
En términos tributarios, los proveedores de servicios audiovisuales deberían pagar impuestos en el país en el que operan. También deberían contemplarse criterios para la promoción de la producción nacional y/o regional, además de plantear lógicas para la adecuada visualización de los contenidos en esas plataformas y aportes económicos de las plataformas para el fondo audiovisual nacional, entre otros aspectos.
Además, Marino explicó la centralidad de que haya un regulador independiente, “con capacidad de ejercer control dentro de su jurisdicción”.
La investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), María Soledad Segura, comentó la propuesta de OBSERVACOM a partir de tres preguntas: ¿cuáles son los presupuestos de los que parte la propuesta? ¿qué desafíos se plantean para regular a los servicios audiovisuales en Internet? y ¿qué experiencias previas ya tiene el país en la materia?
“En una democracia es necesario regular las asimetrías de poder para que todas las voces sean escuchadas, expresadas, se construya lo colectivo y lo común, y se tramiten subjetividades. Lo que hay que proteger es el interés público”, dijo Segura.
“El Estado tiene un papel que cumplir en la regulación de las OTT… Las políticas públicas resultan determinantes para promover la diversidad de la oferta y facilitar el acceso a los bienes culturales”, indicó.
Segura destacó la importancia de plantear un debate que articule a las organizaciones de sociedad civil, la academia y los actores del mercado para avanzar en una propuesta que alineada con los principios de derechos humanos. “El paradigma regulatorio debe seguir siendo el de los Derechos Humanos, a tono con las recomendaciones más progresistas de los organismos multilaterales”, sentenció.
Planteó que entre los principales desafíos a atender para la regulación de servicios audiovisuales en Internet es la presencia de plataformas que operan a escala global y “ponen en cuestión el papel de los Estados y su capacidad de regulación soberana”, así como también se presenta la dificultad de “traducir principios generales a soluciones legislativas y regulatorias concretas”.
Destacó que la experiencia de Argentina en el debate sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha permitido avanzar sobre cuestiones como la regulación por tipo de servicio, así como la consagración de principios de protección y promoción de la industria y el trabajo nacional, cuotas de pantalla, tributos destinados a fondos de fomento y protección de derechos de personas vulnerables que plantea la propuesta de OBSERVACOM.
En este sentido aseguró que el debate en torno a la regulación de los servicios audiovisuales en Internet “es urgente para proteger a los ciudadanos en tanto públicos que precisan diversidad, cultura nacional, no discriminación y respeto; en tanto personas con necesidad de que su privacidad y sus datos sean protegidos; y en tanto consumidores que requieren cumplimiento de contratos, calidad de servicio, precios accesibles”
Además dijo que “esta regulación también es fundamental para todo país en desarrollo y… es necesaria para evitar que el dinero de quienes consumen estos contenidos salga del país en sus totalidad, sin volver ni en parte como tributos, fomentos, empleos o inversiones… La ley se precisa para promover la industria cultural nacional y generar empleo de manera directa e indirecta”, concluyó.
