La Sociedad Interamericana de Prensa manifiesta su preocupación por las reiteradas solicitudes del diputado panameño, Jorge Arrocha, ante el Congreso de su país para que el Ministerio Público investigue la compra de la Editora Panamá-América.
Este artículo fue publicado originalmente en sipiapa.org el 8 de febrero de 2017.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifiesta su preocupación por las reiteradas solicitudes del diputado panameño, Jorge Arrocha, ante el Congreso de su país para que el Ministerio Público investigue la compra de la Editora Panamá-América (EPASA), interpretando que sus denuncias configuran una «forma sutil de intimidación y de censura» que afecta la libertad de prensa.
Arrocha, del Partido Panameñista de gobierno, ha intervenido en tres ocasiones recientes ante la Asamblea Nacional en las que solicitó a la Procuraduría General de la Nación que investigue el proceso de compra del grupo editorial que publica Panamá-América, Crítica y Día a Día. El diputado afirma que tiene evidencias de irregularidades y que cuenta con documentos sobre supuestos actos de coacción y sobornos a empresarios en la transacción, ocurrida durante la presidencia de Ricardo Martinelli.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Roberto Rock, consideró que «las declaraciones reiteradas, cobijadas en la inmunidad parlamentaria y sin la correspondiente denuncia y presentación de evidencias ante la Justicia, parecieran que solo tratan de levantar sospechas con la intención de generar una forma sutil de intimidación y de censura».
«Muchas veces vemos como a los medios se los trata de arrastrar al fango político para desprestigiarlos o quitar la atención sobre sus denuncias, por lo que siempre sostenemos en la SIP que el mejor lugar para solucionar los conflictos es a través de la Justicia», agregó Rock, de La Silla Rota, Ciudad de México, México.
Según fuentes periodísticas de Panamá, las declaraciones de Arrocha ante la Asamblea hechas el 31 de enero y el 1 y 6 de febrero habrían sido una reacción a investigaciones publicadas en los diarios de EPASA sobre la petición de información de parte de las autoridades suizas a la Procuraduría panameña por las actividades millonarias de una sociedad offshore cercana al oficialismo.
El presidente de EPASA, Ricardo Chanis Correa, presentó el 1 de febrero una segunda solicitud de medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fundamentada en lo que considera son ataques del gobierno contra los diarios de la cadena. En su oportunidad la SIP pidió al gobierno de Panamá que este caso sea resuelto de la manera más eficiente y ajustado a debido proceso.
