El Foro de Periodistas Argentinos repudia enérgicamente el ataque que sufrieron los trabajadores del diario Tiempo Argentino y Radio América en la madrugada de este lunes por parte de un grupo de violentos liderados por el autodenominado empresario Mariano Martínez Rojas.
Este artículo fue publicado originalmente en fopea.org el 4 de julio de 2016.
El Foro de Periodistas Argentinos (FOPEA) repudia enérgicamente el ataque que sufrieron los trabajadores del diario Tiempo Argentino y Radio América en la madrugada de este lunes por parte de un grupo de violentos liderados por el autodenominado empresario Mariano Martínez Rojas quien, aduciendo una propiedad de los medios que no ha podido demostrar, intentó desalojar por la fuerza el edificio de Amenábar 23 y provocó destrozos que buscaron impedir la salida del diario y la emisión normal de Radio América.
FOPEA, además de solidarizarse con los trabajadores de ambos medios que atraviesan una grave crisis desde hace más de siete meses, reclama a las autoridades judiciales y políticas que se adopten las medidas necesarias para garantizar la integridad física y la fuente laboral de quienes cumplen tareas, tanto en Tiempo Argentino como en Radio América. Al mismo tiempo, exige que se encaminen las acciones tendientes a hacer justicia con quienes aparecen como los dos más claros responsables de esta situación: el empresario Sergio Szpolski y hoy Mariano Martínez Rojas, quien dice ser comprador de ambos medios, aunque hasta ahora no lo ha podido demostrar.
La usurpación del edificio donde están instalados ambos medios se dio alrededor de la 1 de la mañana de este lunes 4 de julio, cuando un grupo de entre quince y veinte personas encabezadas por Mariano Martínez Rojas ingresó destrozando todo lo que encontraban a su paso y golpeando a los trabajadores con los que se cruzaban. Entre las víctimas de esas agresiones físicas se encuentra un trabajador de Tiempo Argentino que sufre discapacidades físicas.
El tiempo que el grupo de patovicas pasó dentro del edificio hasta que la Justicia les ordenó retirarse, lo utilizaron para provocar innumerables destrozos tanto en el diario como en la radio, con la clara intención de que ambos medios dejaran de funcionar, aunque también provocaron destrozos en los sectores de administración y recursos humanos de la empresa. Los trabajadores denunciaron la inacción policial y judicial, que permitió que todos estos violentos, incluido el propio Martínez Rojas, se retirasen del lugar custodiados por los uniformados, en lugar de llevarlos detenidos por los delitos cometidos. Al mediodía la fiscal Verónica Andrade, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 de la ciudad de Buenos Aires, decidió imputar a Martínez Rojas y a una decena de sus patovicas por los delitos de usurpación y daños. Aunque horas antes un grupo de esos “custodios” se habían escapado por la terraza a las casas de los vecinos que denunciaban a los gritos por esta nueva usurpación y ante la pasividad de las fuerzas policiales.
Este no es el primer ataque de Mariano Martínez Rojas con el propósito de impedir la salida de un medio de comunicación. Veinte días atrás ingresó también a la planta transmisora de Radio América e interrumpió la salida al aire de la programación de emergencia que venían realizando los trabajadores, lo que constituye un gravísimo hecho de censura. Este autodenominado empresario, con un pasado cargado de antecedentes penales, desde que dijo haber comprado ambos medios realizó a los trabajadores y autoridades nacionales una serie de promesas y compromisos que nunca cumplió.
Vale recordar que Sergio Szpolsky obtuvo en los últimos años cientos de millones de pesos en pauta publicitaria del anterior gobierno nacional. Pese a ello, después de haber incumplido todo tipo de normas y obligaciones, abandonó a su suerte a las empresas de medios de comunicación que decía eran de su propiedad y en consecuencia a sus trabajadores, en una clara muestra de irresponsabilidad empresaria que no puede quedar impune.
Por todo ello desde FOPEA exigimos que la Justicia actúe con la celeridad y el rigor que marcan las leyes al respecto. Y que se investigue el accionar policial. En estos hechos no sólo hay una violación a los derechos laborales sino también un ataque directo a la Libertad de Expresión. A la vez que exigimos que las autoridades públicas pertinentes (como el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Trabajo, el ENACOM –para el caso de Radio América- y la Secretaría de Comunicación Pública) tomen cartas en el asunto, asumiendo cada cual sus responsabilidades frente a una situación dramática que afecta a más de 200 trabajadores que desde hace siete meses no cobran sus salarios.
