Como parte de su visita in loco a Honduras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conoció que hace 12 días, agentes de investigación criminal le habrían advertido al director de Radio Globo, David Romero Ellner, que en la confrontación entre gobierno y crimen organizado varios periodistas pueden perder la vida.
Estos artículos fueron publicados originalmente en conexihon.hn el 5 de diciembre de 2014.
El periodista de Comayagua, Óscar Edgardo Corea, pidió protección a las autoridades estatales del país porque un desconocido le advirtió que podría perder la vida si seguía informando sobre el quehacer de una banda criminal. Corea es director de Noticias Impactos JB al mediodía, de Radio Impactos y del programa Noticias HB Informativo, de Canal 17.
A la radio llaman personas para denunciar que les están robando el café o los están asaltando, pero Corea dejó de transmitir esta información para salvaguardar su existencia. «Emití un comentario donde pregunté por qué la policía no actúa», indicó el periodista. Tres días después de esa transmisión, a finales de octubre, a eso de las 11:45 de la mañana, una persona llegó intempestivamente hasta la cabina de radio y le advirtió que si seguía hablando de esa organización ya sabían dónde vivía, dónde trabaja y conocen a su familia.
La misma persona le preguntó si él se daba cuenta de la muerte de un juez de justicia municipal y otras víctimas en distintos municipios del departamento y me dijo: «esa misma persona que mató a esa gente te va a venir a matar a vos si volvés a mencionar la banda y volvés a emitir algún comentario a favor o en contra. No quiero que te pase nada porque yo he crecido escuchándote a vos», le advirtió. Corea dijo que no puede dar a conocer el nombre de la asociación, pero sí quiere revelar esta amenaza porque necesita medidas de protección para preservar su vida.
La Red de Alerta y Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales de Comayagua (Rapcos Comayagua) denunció que en este departamento, del centro del territorio, sufren amenazas a muerte, los corren de las fuentes, en algunos casos se les trata de velones, periodistas tarifados y existe regulación de la publicidad estatal como un mecanismo de premio o castigo para controlar los contenidos de los medios locales. Además, han tenido intimidación judicial, para el caso, un diputado querelló al periodista Luis Almendárez, luego conciliaron.
Incluso, en una ocasión el presidente de la República, Juan Orlando Hernández visitó Comayagua y no había provisto un lugar para la prensa. En ese momento, el presidente llegó violentamente, le dijo a los comunicadores de la zona que se quitaran de dónde estaban porque no iba a hablar con los periodistas sino con su pueblo que lo respalda, según las grabaciones que están en poder de la Rapcos Comayagua.
En otro caso, como parte de su visita in loco a Honduras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conoció que hace 12 días, agentes de investigación criminal le habrían advertido al director de Radio Globo, David Romero Ellner, que en la confrontación entre gobierno y crimen organizado varios periodistas pueden perder la vida.
«Hace 12 días, agentes de investigación me llamaron para decirme que tenían que decirnos que pueden atentar contra nosotros porque en la confrontación entre gobierno y crimen organizado podemos perder la vida», denunció Romero Ellner ante los representantes de la CIDH, en Tegucigalpa, la capital del país.
Aunque el gobierno ya ha analizado la posibilidad de esta amenaza, no tiene un análisis de riesgo ni protocolos de seguridad para proteger a los comunicadores sociales; mientras tanto, sigue en suspenso la aprobación de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de la Justicia.
La obligación del Estado es iniciar una investigación para proteger la vida de los periodistas ante una denuncia de un medio de comunicación tan importante, opinó el doctor y maestro en Estudios Avanzados en Derechos Humanos, Joaquín Mejía, de la Universidad Carlos III de Madrid e investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación y de Radio Progreso.
En Radio Progreso, 17 personas tienen medidas cautelares, ordenadas por la CIDH, han ocurrido dos asesinatos contra sus comunicadores, aún sin resolver, describió Mejía.
Ojalá este fuera sólo un nuevo rumor. «Pero no es un rumor que debe tomarse a la ligera», es necesario que el Estado investigue para prevenir, afirmó Mejía.
En Honduras, independientemente de las posiciones ideológicas, el sólo hecho de tomar una pluma y decir algo, que atente contra intereses concretos de aquellos que tienen poderes fácticos, los coloca en peligro, sostuvo.
El director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, consideró que es positivo que esta información salga para que el sistema de seguridad del país pueda tomar las precauciones porque eso le haría un daño muy grande a la nación.
«Si hay impunidad, es la mejor coyuntura para que ocurra cualquier delito, en un país donde sólo se judicializa el 4 por ciento de todos los crímenes ocurridos», describió.
Sobre el tema, C-Libre consultó al asesor, en materia seguridad, de sociedad civil y de la Policía Nacional y ex titular de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC), Saúl Bueso Mazariegos, ahora denominada Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC).
Periodistas: blanco de las represalias
Bueso Mazariegos advirtió que los sectores más críticos de una sociedad son los jueces, fiscales, policías, abogados y periodistas, «siempre van a ser blanco de las represalias del crimen organizado cuando hay una lucha frontal contra el crimen organizado».
Es organizado precisamente por eso, porque sabe quién puede hacer un daño irreparable a su organización. «En muchas ocasiones, antes de emprender una acción masiva en contra del crimen organizado se previenen a todas las partes involucradas para que puedan endurecer sus medidas de seguridad que les ayuden para no ser un blanco fácil».
«Que va a haber reacciones del crimen organizado una vez que se tocan sus intereses, es lógico», advirtió el asesor.
A juicio de Bueso Mazariegos el Estado tendría que levantar un análisis de riesgo del gremio periodístico, abogados, operadores de justicia y evidenciar las medidas de mitigación para erradicar o trasladar el riesgo, sugirió.
De 2003 a 2009 fueron asesinados 3 periodistas y a partir de 2009 hasta octubre de 2014 hubo 46 asesinatos de comunicadores sociales en Honduras.
