Fundamedios registró 21 agresiones, elevando el total anual a 119 agresiones. Este patrón revela una escalada en la violencia y hostilidad hacia la prensa en el país.
Este artículo fue publicado originalmente en fundamedios.org.ec el 1 de julio de 2024.
En junio de 2024, la situación de la libertad de expresión y prensa en Ecuador se ha vuelto más compleja y violenta, con un notable aumento en las agresiones contra los medios de comunicación. Fundamedios ha registrado 21 agresiones este mes, un incremento respecto a mayo, elevando el total anual a 119 agresiones. Este patrón revela una escalada en la violencia y hostilidad hacia la prensa en el país.
Un aspecto alarmante de este mes es la predominancia de las agresiones perpetradas por el Estado, con 15 de las 21 agresiones registradas provenientes de este actor. Esto destaca un patrón de crecientes restricciones por parte del gobierno de Daniel Noboa, quien ha intensificado el control sobre la difusión de contenido y ha recurrido a ciertas acciones de censura y represión contra voces críticas. Desde la toma de posesión de Noboa el 23 de noviembre de 2023, se han registrado 139 agresiones, indicando un aumento significativo de agresiones contra la libertad de expresión bajo su administración.
Las agresiones verbales son el tipo de agresión más frecuente con cinco casos, seguidos de la censura (4). El uso abusivo del poder estatal, los atentados y ataques físicos, y las amenazas registran la misma cantidad de agresiones.
Censura estatal
Uno de los hechos más importantes del mes se dio con el programa “Los irreverentes” conducido por los periodistas Sol Borja, Fabricio Vela y José Luis Cañizares—, que se transmitía por RTU. El 12 de junio conocimos que fue cancelado por varias presiones por parte del Gobierno frente a las críticas expuestas en el programa. Fuentes del medio no quisieron pronunciarse sobre el tema. Fuentes extraoficiales informaron a Fundamedios que las presiones contra el canal están relacionadas con el retiro de pauta, suspensión de pagos y pedidos de información por parte de ARCOTEL, la autoridad que regula el uso de frecuencias de radio y TV. (Ver alerta)
Esto sucedió solo días después de que Diana Jácome, asesora del presidente Daniel Noboa y su representante en los medios bajo control estatal, enviara un mensaje amedrantador a la periodista Sol Borja a través de la red social X, por un análisis que Borja realizó en base a la entrevista de Jácome en una radio local. “Vivo en paz y tranquila a diferencia del que tú y yo sabemos, no te vi defendiéndome cuando me atacaron. Hay que ser coherentes. Solo te bendigo, debe ser difícil tener tanto odio en el corazón”, fue la respuesta pública de Jácome citando la publicación de Borja. (Ver alerta)
Otro hecho sin precedentes sucedió el 25 de junio. A través de correo electrónico, la activista, comunicadora, actriz y periodista Alondra Santiago fue notificada de la revocatoria de su visa. La resolución No. 000057 del Viceministerio de Movilidad Humana indica que el Ministerio del Interior entregó un documento calificado como “secreto” en el que se explica que Santiago ha cometido “actos que atentan contra la seguridad pública y estructura del Estado”. El Ministerio del Interior emitió un comunicado indicando que el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) les envió un documento “clasificado como SECRETO”, y que en ese marco enviaron la alerta al Ministerio de Relaciones Exteriores y fue hasta el 25 de junio que conocieron de la revocatoria de visa de Santiago. “El Ministerio del Interior actúa con base en criterios técnicos y en estricto respeto a la institucionalidad (…) Por lo que se solicita a los medios acudir al Ministerio de Relaciones Exteriores para informarse sobre la decisión”. Solo días antes, Santiago fue denunciada por calumnia, por el docente universitario William Brito, por, supuestamente, haber mancillado la letra del Himno Nacional. Santiago publicó en TikTok una canción que compuso utilizando versos del Himno, pero que hace una crítica al Gobierno ecuatoriano. Ante ello, Santiago ha sido objeto de fuertes críticas de diversos sectores que ven como una ofensa nacional el uso satírico del Himno Nacional y ahora afronta un proceso penal, por el que podría enfrentar una sentencia de entre seis meses y dos años de prisión. (Ver alerta)
Esto no solo se vio con periodistas nacionales, sino también de talla internacional. El Gobierno de Daniel Noboa buscó un escudo para repeler las críticas que le surgieron tras el perfil que el periodista estadounidense Jon Lee Anderson publicó en The New Yorker, la revista más reputada del periodismo anglosajón. En distintos momentos, Anderson desarrolló temas que apuntan a conocer la percepción del Presidente sobre el accionar de sus homólogos en la región como Nayib Bukele, Gustavo Petro, Lula Da Silva, Javier Milei… una de las temáticas que más encendió las alarmas del Gobierno. Noboa describió a Petro como ‘snob’ de izquierda (aquel que busca sentirse superior, ese que reproduce e imita actitudes de las clases sociales altas o de élite intelectual), a Bukele como arrogante, y a Milei como ensimismado.
Tras la revelación del reportaje, el gobierno cayó de nuevo en un discurso autoritario que ataca al mensajero; discurso que recuerda un pasado nefasto para la prensa y la libertad de expresión en el país. El Gobierno se ha lanzado al ataque. La secretaria de comunicación, Irene Vélez, y la canciller, Gabriela Sommerfeld, aseguraron que la publicación está “descontextualizada” y constituye parte de una conspiración de sectores de izquierda en contra del Gobierno de Noboa. Un elemento adicional: el correísmo también atacó a John Lee Anderson y el expresidente Rafael Correa, prófugo de la Justicia ecuatoriana, calificó a la crónica publicada en The New Yorker como un “publirreportaje” y se quejó de que el reportero no le había dado a él el mismo espacio. (Ver alerta)
Las agresiones del gobierno central también se trasladó hacia los locales. El gobernador de Esmeraldas, Javier Buitrón, insultó al periodista Cristian Guzmán, del medio Telecosta, durante una llamada telefónica, el lunes 10 de junio. Esto, tras un reportaje publicado por el periodista en el que el exintendente de esa provincia Tomás Restrepo denunciaba que dos funcionarios de la Gobernación tomaron su nombre para realizar operativos e incautar mercadería. El periodista grabó la conversación, que fue difundida en redes sociales. Buitrón amenazó con “hacer público que venían a la Gobernación de rodillas a pedir ayuda con el Gran Sorteo Familiar, a esos delincuentes”. El Gran Sorteo Familiar, al que se refiere, se trata de un programa del canal, que cuenta con un contrato por el espacio y es legal; sin embargo, el gobernador asegura que quienes hacen dicho programa son “delincuentes” y que el periodista recibe dinero de ese programa; lo cual fue desmentido por Guzmán. (Ver alerta)
En Loja, un equipo periodístico de Supercable TV Cariamanga acudió al Salón del Pueblo del Municipio del cantón Calvas, en la provincia de Loja, para cubrir una reunión entre el Sindicato de Trabajadores del Cabildo y el alcalde, Jorge Montero. Sin embargo, la directora distrital del MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social), Svetlana Montero, quien además es hija del alcalde Montero, gritó e insultó al equipo y le impidió que grabara el evento. Sucedió el jueves 6 de junio. (Ver alerta)
Uso abusivo del poder estatal
Un hecho que no se puede soslayar en este retorno a viejas prácticas propias de regímenes autoritarios es el mal uso de los medios públicos e incautados por parte de Noboa. El gobierno utilizó a TC Televisión, medio incautado, para emitir este 10 de junio una “investigación” sobre una supuesta red de troll centers manejada por la vicepresidenta Verónica Abad, para atacar a Noboa y su esposa. La nota, además de presentar nombres de opositores como los los operadores de estos troll centers asegura que los portales digitales Guayaquil News y Tiempo Real también están implicados.
Ante ello, Guillermo Lizarzaburo, fundador y director de Guayaquil News, asegura que se contactó con Iselda Ortega, coordinadora de noticias de TC Televisión, para solicitar una rectificación, pues asegura que su portal no es un ‘troll center’. “No tienen ninguna fuente creíble, solo se hacen eco de supuestos informes policiales. Yo creo que es una medida del Gobierno para tratar de levantar su popularidad, porque en ningún momento nosotros hemos publicado información que ataque al Gobierno”, comentó Lizarzaburo. Fundamedios pudo conocer que la investigación periodística, en realidad se fundamentó en informes entregados directamente por autoridades del gobierno a directivos de TC. (Ver alerta)
Fundamedios condena con firmeza estas prácticas propias de un régimen autoritario y que ya el Ecuador lo sufrió durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) cuando se utilizaron los medios públicos, incautados y la línea editorial de muchos medios privados fue comprada con pauta oficial para crear una estructura dirigida por los hermanos Alvarado destinada a crear un “estado de propaganda”.
