En todos los lugares donde alzan la voz y se apropian del espacio cívico (físico y digital) para levantar sus demandas, las mujeres han tenido que enfrentar la reacción violenta de las autoridades y de la opinión pública.
Este artículo fue publicado originalmente en articulo19.org el 28 de noviembre de 2022.
Al igual que en muchas partes del mundo, en los últimos cinco años en México han incrementado las protestas sociales entre las que destacan aquellas protagonizadas por mujeres en defensa de sus derechos. Aunque la mayor parte de las marchas, movilizaciones y actos de expresión del actual descontento han tenido lugar en la Ciudad de México, la resonancia de estas acciones también ha encontrado cabida en mujeres de otras regiones del país.
El enojo –más aún, la rabia– es el rasgo distintivo de estas manifestaciones; el sentimiento no es vano. Cada año en nuestro país son asesinadas cientos de mujeres sin que la situación parezca detenerse, mientras que las cifras oficiales muestran que los niveles de violencia y los feminicidios han ido en aumento. Por ejemplo, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que desde 2015 los números de “presuntos delitos de feminicidios” en el ámbito nacional se han incrementado pasando de 412 casos en 2015 a 969 casos en 2021.
El reporte anual de esta misma institución señalaba que para finales de 2021 las entidades federativas donde más casos de feminicidio se reportaron fueron el Estado de México (132), Jalisco (66), Veracruz (66), Ciudad de México (64) y Nuevo León (57). En lo que respecta a los casos de Chiapas y Oaxaca, el registro fue de 46 y 43 casos de feminicidio, respectivamente. Además de las cifras, la rabia y la indignación de las mujeres atiende a la reacción de las autoridades y una buena parte de la sociedad, que persisten en el cuestionamiento y la culpabilización de las propias víctimas y de sus familias de la violencia que viven.
En Oaxaca y Chiapas –con un alto porcentaje de población femenina, indígena y rural–, estas y otras problemáticas que, debido a circunstancias históricas, estructurales y culturales impactan de manera diferenciada el ejercicio de sus derechos, no son nuevas. Tampoco es reciente su movilización para demandar respuestas del Estado, cuyo referente más inmediato se encuentra en las movilizaciones de resistencia en contra de proyectos extractivos y de generación de energía desde los primeros años del siglo XXI.
Lo cierto es que en todos los lugares donde alzan la voz y se apropian del espacio cívico (físico y digital) para levantar sus demandas, las mujeres han tenido que enfrentar la reacción violenta de las autoridades y de la opinión pública, tanto mediante señalamientos como por agresiones físicas, verbales y psicológicas que menoscaban su integridad y la posibilidad de ejercer plenamente sus derechos a la organización, la manifestación y la libre expresión del pensamiento constitucionalmente garantizados.
En este entorno, la presente investigación analiza la situación de las mujeres que, en los últimos años, se han venido manifestando en el espacio cívico, particularmente de la Ciudad de México y de los estados de Chiapas y Oaxaca. El objetivo es examinar la existencia de narrativas estigmatizantes por parte de las autoridades acerca de la movilización y las protestas de las mujeres, y cómo estas narrativas influyen o alientan prácticas discriminatorias y violaciones a los derechos humanos en contextos de protesta.
Como resultado de la investigación, este documento también muestra los principales hallazgos obtenidos del proceso de documentación e interlocución con un significativo número de personas –mujeres, en su mayoría– que han participado, acompañado y presenciado acciones de protesta y que han sido afectadas por la actuación del Estado y otros actores a causa de dicho involucramiento.
En la primera parte de este documento se describen las pautas metodológicas que guiaron la realización de la investigación. Se explica y se detallan los recortes espacio- temporales de esta, con quién y de qué se habló durante el proceso de entrevistas, así como las limitaciones que se encontraron para efectuarla.
La segunda parte elabora trazos del actual contexto político que contornan la protesta social en México y que, de alguna manera, pueden llegar a condicionar su ejercicio en un futuro inmediato.
En un tercer apartado se revisan las causas que en las localidades focalizadas llevan a las mujeres a protestar y a movilizarse, mientras que en el cuarto apartado se presentan los resultados de la revisión de los marcos legales que en los ámbitos nacional y estatal regulan el derecho a la protesta y cómo su implementación lo garantiza o lo limita.
En el quinto apartado se muestran los principales patrones que siguen las narrativas generadas desde el Ejecutivo federal, principalmente, y cómo estas continúan estigmatizando la actuación de las mujeres en el espacio cívico por considerarla “contraria –cuando no desestabilizadora– a los intereses del Estado”.
La sexta sección profundiza en la descripción del tránsito de estas narrativas estigmatizantes hacia prácticas discriminatorias y violaciones a los derechos humanos que enfrentan las mujeres en los múltiples espacios donde plantean sus demandas y reivindicaciones. Como correlato de todo lo anterior, se presenta una última sección en la que se repasa el impacto que estas circunstancias tienen en el derecho a la protesta de las mujeres y, finalmente, se puntualizan las conclusiones de la investigación y una serie de recomendaciones dirigidas tanto a las autoridades como a las personas y las organizaciones defensoras de derechos humanos.
