El derecho a la verdad es como un elemento primordial para reducir la impunidad, así como un mecanismo de justicia indispensable para las víctimas, sus familias y la sociedad en su conjunto.
Este artículo fue publicado originalmente en animalpolotico.com el 26 de marzo de 2022.
El 24 de marzo se conmemora el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas. Escribimos este texto para recordar la importancia del derecho a la verdad como un elemento primordial para reducir la impunidad, así como un mecanismo de justicia indispensable para las víctimas, sus familias y la sociedad en su conjunto. Además, constituye una parte fundamental de toda democracia, ya que contribuye a la rendición de cuentas de las autoridades y a la no repetición de las violaciones a los derechos humanos.
El Derecho a la verdad es una obligación de los Estados que consiste en proporcionar todo tipo de información a las víctimas, a sus familiares y a la población sobre lo acontecido en torno a las graves violaciones a los derechos humanos. Para ejercer este derecho es necesario garantizar recursos efectivos y ágiles que permitan conocer lo sucedido sobre los abusos cometidos, las circunstancias en las que ocurrieron, su reconocimiento público por parte de las autoridades y las medidas de reparación como las garantías de no repetición pertinentes y oportunas. Conocer la verdad permite también la identificación de los autores materiales e intelectuales de dichos crímenes; determinar las causas que los originaron; y, en el caso de las desapariciones forzadas y ejecuciones, conocer las circunstancias en que éstas ocurrieron, así como el paradero final de las personas desaparecidas.
En el contexto actual de violencia generalizada, la crisis humanitaria y forense en el país, el derecho a la verdad continúa siendo una obligación pendiente de cumplir por parte de las autoridades en sus diversos ámbitos tanto sobre los crímenes cometidos en el pasado, principalmente durante el periodo de violencia de Estado entre la década de los setenta y ochenta, así como los sucedidos más recientemente. Para finales de noviembre de 2021, según datos oficiales durante la visita del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) a México, se tenían registradas más de 95 mil personas desaparecidas y 52 personas desaparecidas sin identificar. Hoy en día se habla de casi 100 mil personas que no han regresado a su casa y de las cuales no sabemos su paradero. A esta crisis se le suman las agresiones y asesinatos contra periodistas, defensoras de derechos humanos y el territorio, feminicidios y crímenes de odio contra las mujeres.
Es precisamente ante este escenario que se enmarca la relevancia de la creación de mecanismos extraordinarios como las Comisiones de la Verdad con la finalidad de que los crímenes sean investigados; se garantice el acceso a la información y datos en materia desaparición, tortura y ejecuciones extrajudiciales, así como la apertura de archivos oficiales para evitar vulnerar el derecho a la verdad, la memoria de las víctimas, y garantizar el derecho a saber, pero sobre todo se asegure la no repetición.
En el caso mexicano estos instrumentos son relativamente nuevos y germinales, pero fundamentales en nuestra historia reciente. La Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero fue pionera en la investigación sobre los crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos en la llamada Guerra Sucia en Guerrero; el 20 de marzo pasado cumplió diez años de su creación por decreto estatal. Su Informe Final de Actividades, documentos oficiales de su investigación documental, 1 así como los tres insumos anexos: Historias de vida, Personas Participantes en Desapariciones Forzadas y Reconstrucción Histórica son pilares del derecho a la verdad para que las víctimas, sus familiares y la sociedad en general podamos conocer lo que sucedió en aquella época de represión social, autoritarismo e impunidad.
Por su parte, el ejercicio más reciente de este tipo se creó el 6 de octubre de 2021, con la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (ComVEH). Lo anterior representa una oportunidad histórica para resarcir el incumplimiento de las obligaciones del Estado Mexicano con las víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas durante el período, así como con sus familias y con la sociedad en general.
Ambos esfuerzos, representan un logro derivado de la larga y digna lucha y amor de las víctimas y los familiares. Por ello, para que su mandato se cumpla a cabalidad, la participación de ellas en los trabajos de la Comisión debe ser efectiva, y no meramente representativa. Asimismo, la voluntad política debe transformarse en prácticas reales y no de simulación, el gobierno federal debe de garantizar a la ComVEH los recursos necesarios para efectuar su investigación en todas las instituciones y personas involucradas, así como garantizar el acceso a sus archivos bajo el principio de máxima publicidad, en particular de las Fuerzas Armadas e instituciones de seguridad a nivel local y federal, que históricamente se han caracterizado por falta de transparencia y su gran opacidad.
El camino para ejercer el derecho a la verdad es sinuoso y representa retos más allá de la voluntad política. Es indispensable que esta Comisión impulse medidas de reparación para las víctimas; apertura de la información como un primer paso imprescindible para un Estado democratico, donde la rendición de cuentas es indispensable para disminuir la impunidad y la corrupción. La ComVEH es clave y precedente para garantizar la no repetición ante la continuidad de las violencias y la crisis humanitaria que como sociedad mexicana hoy día seguimos viviendo.
Persona detenida con el número 581, por la Policía del Estado de Guerrero en el periodo de la llamada Guerra Sucia. Documento en proceso de catalogación por el proyecto Archivos de la Represión.
* Cinthya Alvarado Rivera es Investigadora de Derecho a la información. Jessica Chantal Alcázar Romero es Coordinadora de Derecho a la Verdad y Rendición de Cuentas de ARTICLE 19, oficina para México y Centroamérica.
1 Actualmente la investigación documental realizada por la Comisión de la Verdad del estado de Guerrero, durante su mandato en el Archivo General de la Nación, se encuentra disponible en el repositorio digital Archivos de la Represión, realizado por Artícle 19 desde 2018.
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