A partir una larga lista de experiencias investigativas, R3D ofrece un nuevo informe que recopila y amplía la evidencia que demuestra que la vigilancia de comunicaciones en México continúa fuera de control.
Este artículo fue publicado originalmente en r3d.mx
Por más de una década, desde R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales hemos advertido sobre los riesgos que el creciente uso de tecnologías digitales para la vigilancia de comunicaciones representa para los derechos humanos. También hemos investigado y documentado permanentemente la evidencia de los abusos e utilizado herramientas legales cientos de veces para combatir la opacidad, efectos e impunidad de la vigilancia ilegal.
Por ejemplo, en 2014 desde R3D impugnamos la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), como resultado de ese juicio de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) clarificó por vía interpretativa, las autoridades facultadas para solicitar a empresas de telecomunicaciones información sobre las personas usuarias de esos servicios y explicitó la necesidad de autorización judicial previa para ello.
R3D también ha presentado miles de solicitudes de acceso a la información y centenares de recursos de revisión en materia de transparencia, que han resultado en el acceso de miles de documentos relevantes y que han producido precedentes importantes para el acceso a la información respecto de este tipo de actividades, incluyendo decisiones de la SCJN como la emitida en el Recurso de Revisión en Materia de Seguridad Nacional 1/2016, en el que la SCJN reconoció la publicidad de información estadística sobre medidas de vigilancia o el Amparo en Revisión 105/202, en donde la Segunda Sala de la SCJN estableció que la información en materia de seguridad nacional debe someterse a la prueba de daño.
A lo largo de estos años, R3D ha documentado múltiples abusos de herramienta tecnológicas para la vigilancia. En 2016, publicamos los informes El Estado de la Vigilancia: Fuera de Control y ¿Quién defiende tus datos?, en los que evidenciamos irregularidades y formulamos propuestas para establecer controles democráticos a la vigilancia. En los años siguientes publicamos los informes Observatorio de Reportes de Transparencia, ¿Quién no defiende tus datos? y Transparencia y Vigilancia en México, en los que evidenciamos la insuficiente transparencia sobre las actividades de vigilancia.
Adicionalmente, desde 2017 hemos revelado decenas de casos de espionaje ilegal con tecnologías como el spyware Pegasus, en contra de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, activistas y opositores en México mediante investigaciones como Gobierno Espía y Ejército Espía, acompañando a múltiples víctimas en su búsqueda de justicia y en combate a la impunidad, que a la fecha prevalece.
A partir de esta experiencia, ofrecemos este nuevo informe El Estado de la Vigilancia, en el que recopilamos y ampliamos la evidencia que demuestra que la vigilancia de comunicaciones en México continúa fuera de control.
En primer lugar (capítulo uno), se sintetizan los estándares de derechos humanos aplicables a la vigilancia de comunicaciones. Posteriormente (capítulo dos), se realiza un análisis de estado actual del marco jurídico mexicano que regula las actividades de vigilancia. A continuación (capítulo tres), se presenta un resumen de la evidencia existente sobre las medidas de vigilancia existentes en México, las tecnologías empleadas y sus abusos.
Por último, en los dos capítulos finales, a partir de los hallazgos documentados, se presenta un diagnóstico de los problemas y desafíos que la vigilancia de comunicaciones representa para los derechos humanos y se desarrollan propuestas para el establecimiento de controles democráticos a las medidas de vigilancia de comunicaciones que permitan prevenir, detectar y remediar la sistemática violación de los derechos humanos a través de tecnologías de vigilancia y abatir su impunidad.
Agradecemos especialmente a las víctimas de la vigilancia de comunicaciones en México, cuyo valor y dignidad han permitido a la sociedad conocer y cuestionar los abusos que, desde los pasillos más oscuros del poder público, han sido dirigidos a periodistas, personas defensoras de derechos humanos y otra cuya labor de interés público han contribuido a sostener las aspiraciones democráticas, de justicia y dignidad que continúan pendientes en el país.
Deseamos que este documento, además de preservar la memoria, inspire a la acción para combatir y desmantelar las estructuras que han abusado de su poder para contruir y mantener pactos de impunidad y corrupción que atentan contra los derechos humanos y la democracia.
