En el marco del 181 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, diversas organizaciones de la región cuestionaron la ausencia de controles democráticos y la falta de transparencia en el uso e implementación estatal de tecnologías de vigilancia - R3D hablo de la situación en México.
Este artículo fue publicado originalmente en r3d.mx el 27 de octubre de 2021.
En el marco del 181 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, diversas organizaciones de la región cuestionaron la ausencia de controles democráticos y la falta de transparencia en el uso e implementación estatal de tecnologías de vigilancia.
Durante su intervención, Luis Fernando García, Director Ejecutivo de R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, señaló que en México, con el pretexto del combate a la delincuencia organizada, el Estado ha buscado justificar la expansión de sus facultades legales para invadir la privacidad y el incremento del gasto en capacidad de vigilancia, sin contrapesos institucionales ni controles democráticos, cuyo resultado ha sido “la corrupción generalizada y la vigilancia ilegal sistemática en contra de la sociedad civil perpetrada por agentes del Estado”.
García ilustró estos abusos con el caso de la adquisición y uso de Pegasus en el país, señalando que, pese a las negativas de las autoridades mexicanas, se encuentra plenamente documentado que al menos tres instancias adquirieron licencias para su uso sin licitación, con sobreprecio y, en algunos casos, a través de empresas intermediarias fantasma.
Las autoridades mexicanas que adquirieron Pegasus son: la Procuraduría General de la República –actualmente, Fiscalía–, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) –actualmente, Centro Nacional de Inteligencia (CNI)-, y el Ejército Mexicano, el cual ni siquiera posee facultades legales para la intervención de comunicaciones privadas.
Así mismo, también se encuentra documentado que, entre 2014 y 2017, fueron atacados con Pegasus decenas de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, activistas, familiares de víctimas de violaciones a derechos humanos e integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa. Incluso el actual Presidente de la República, su familia y múltiples miembros del gabinete fueron objetivo de este malware.
García recordó que “todo lo que hoy sabemos sobre el uso ilegal de Pegasus en México ha sido investigado y revelado por periodistas, alertadores y organizaciones de la sociedad civil, no por el Estado”. Por el contrario, a cuatro años de las primeras revelaciones y denuncias, el Estado no ha esclarecido los hechos ni garantizado el derecho a la verdad.
“Hoy seguimos sin saber el universo completo de víctimas de Pegasus en México. Las víctimas tampoco saben qué información fue obtenida de ellas, como ha sido utilizada; tampoco conocemos a los perpetradores intelectuales y materiales de este espionaje”, señaló García.
El director de R3D también denunció que agencias del Estado, como el CNI o el Ejército, continúan reservando información sobre la adquisición y uso de Pegasus y otros sistemas de inteligencia, y que incluso está documentado que las autoridades mexicanas han falseado declaraciones, ocultado documentos y negado que existan registros de uso del sistema.
Por último, García indicó que la investigación continúa abierta en la Fiscalía, sin que haya producido resultados hasta ahora ni llevado a persona alguna ante la justicia. “Este clima de impunidad y ausencia de verdad no solo incentiva la repetición de los hechos sino que perpetúa las graves consecuencias de la vigilancia que ha sido descrita”.
R3D, junto con Artículo 19 y el Centro Prodh, pidieron a la CIDH que exhorte al Estado mexicano a transparentar las contrataciones de sistemas de vigilancia, investigar de forma diligente y exhaustiva el caso Pegasus, y hacer las reformas necesarias para controlar la adquisición y uso de tecnologías de vigilancia.
ALFREDO ESTRELLA/AFP via Getty Images
