Los últimos años han visto cambios significativos en la organización de los servicios de inteligencia de Argentina, mientras persiste la preocupación de que la vigilancia es llevada a cabo en formas que violan el derecho individual a la privacidad.
Este artículo fue publicado originalmente en adcdigital.org.ar el 27 de junio de 2016.
Esta semana en Ginebra, el Comité de Derechos Humanos de la ONU examinará el cumplimiento de la Argentina con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), un tratado internacional que establece obligaciones a los firmantes para garantizar los derechos humanos, como el derecho a la privacidad.
Este examen, por un grupo de expertos independientes encargados de vigilar el cumplimiento del PIDCP, llega en un momento crítico para las leyes y políticas de la Argentina sobre la privacidad y la vigilancia.
Los últimos años han visto cambios significativos en la organización de los servicios de inteligencia de Argentina, mientras persiste la preocupación de que la vigilancia es llevada a cabo en formas que violan el derecho individual a la privacidad, incluyendo denuncias de espionaje hacia políticos, periodistas y otros activistas.
Mientras tanto, los riesgos para la privacidad y la protección de los datos personales que surgen de una mala aplicación de la legislación argentina de protección de datos han pasado a primer plano particularmente en relación con el creciente uso de la tecnología biométrica. La falta de control de los servicios de inteligencia y de las fuerzas de seguridad, así como el hecho de que una amplia gama de instituciones gubernamentales puede tener acceso a bases de datos de información personal, como SIBIOS (Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad), implica que el sistema podría facilitar la vigilancia masiva. La falta de mayor seguridad de la información también ha puesto la información personal de los individuos en riesgo de ser explotada o de ser accedida sin autorización.
El examen por parte del Comité de Derechos Humanos ofrecerá una evaluación independiente de la conformidad de las actuales leyes argentinas, políticas y prácticas con el PIDCP y podría proporcionar una guía útil para informar a las autoridades argentinas sobre las medidas necesarias para proteger efectivamente el derecho a la privacidad.
El informe periódico de la Argentina será revisado por el Comité de Derechos Humanos en su 117º período ordinario de sesiones en Ginebra. El debate público está previsto que tenga lugar el miércoles 29 de junio (15:00 a 18:00, hora de Ginebra; 10:00 a 13:00, hora de Buenos Aires) y jueves 30 de junio (10:00 a 13:00, hora de Ginebra; 15:00 a 18:00, hora de Buenos Aires).
Información sobre la sesión (incluyendo todos los informes presentados) está disponible en el website del Comité de Derechos Humanos.
La sesión será transmitida en vivo en el sitio UN Treaty Body Webcast.
La presentación de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y Privacy International en anticipación a la consideración del reporte por Argentina se encuentra disponible en los siguientes links:
Inglés:
ADC
Privacy International
Español:
ADC
Privacy International
