El virus de la desinformación. Situación del derecho a la libertad de expresión, enero – abril de 2020

En el primer cuatrimestre del año se registraron al menos 161 casos¹ que se traducen en 442 violaciones al derecho a la libertad de expresión.  Esto implica una disminución del 41% respecto al total de casos y una reducción del 22% con relación al total de violaciones durante el mismo periodo del año 2019.

El 2020 inició con restricciones directas a la cobertura de la situación política. La agudización del conflicto en la Asamblea Nacional ante los impedimentos para la juramentación e instalación de la nueva junta directiva conllevaron a escenarios de violencia para negar el acceso y la cobertura de los acontecimientos. Durante el primer mes del año, se registraron más de 100 denuncias de violaciones, con un alto componente de confrontación física y hostigamiento por parte de cuerpos de seguridad y grupos de civiles armados. Las limitaciones a la búsqueda de la información política escalaron a mayores niveles de violencia durante febrero, donde reaparece el discurso hostil hacia la prensa como narrativa legitimadora de las agresiones.

Cuadro de violaciones por tipo (enero-abril de 2020)

Marzo suma más del 37% de los registros, en un contexto de limitaciones extendidas hasta abril a partir de la circulación de información sobre la pandemia del Covid-19. Privaciones ilegítimas de libertad, restricciones indirectas a la cobertura y la arremetida a trabajadores públicos en especial del sector salud, agravaron una desinformación generalizada frente la crisis sanitaria mundial y su impacto local, precedido por una emergencia humanitaria compleja, también caracterizada por la opacidad.

Ataque a la cobertura

Más de 80 personas resultaron afectadas en la cobertura y difusión de información, solo en el mes de enero. El 75% fueron reporteros o periodistas. A partir de 5 de enero y durante varias semanas, el acceso a la Asamblea Nacional fue restringido de forma arbitraria por cuerpos de seguridad y grupos de civiles armados, que contaban con la anuencia de los organismos del Estado. Agresiones, robos, desalojos violentos, persecución y golpizas recibieron reporteros/as por intentar hacer cobertura en la vía pública, o en la sede del Parlamento Nacional a pesar de las acreditaciones otorgadas.

– El 11 de febrero, al menos una decena de trabajadores de la prensa fueron agredidos por un grupo de simpatizantes del gobierno nacional, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar mientras esperaban el arribo de Juan Guaidó. Varios resultaron con lesiones físicas producto de las golpizas. Dos días después, Diosdado Cabello a través del programa “Con el mazo dando”, transmitido por el canal del Estado, hostigó a los reporteros, se burló de las agresiones y calificó como “pueblo patriota” a los victimarios².

– El 9 de marzo, dos funcionarios de seguridad y otros dos vestidos de civil hostigaron y amenazaron a la periodista Karen Aranguibel, cuando cubría una protesta de usuarios que exigían respeto a los turnos para el abastecimiento de combustible en una estación de servicio en Maracaibo, estado Zulia. Aranguibel, periodista de El Venezolano TV, estaba grabando la fila de usuarios en la estación cuando un efectivo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y otro de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) insistieron en quitarle el teléfono celular; de forma paralela dos personas vestidas de civil le pedían que borrara el material registrado.

Mientras la periodista intentaba salir de la zona, una mujer la interceptó, amenazó con matarla y forcejeó con la periodista, que resultó con rasguños en los brazos³.

Desinformación en la pandemia

Desde finales de febrero, la información sobre la pandemia estaba siendo restringida. Opiniones sobre la posible llegada de virus al país generaron represalias en línea, amenazas e intimidación. Reportes de potenciales casos fueron respondidos con ataques e insultos para desprestigiar la labor periodística.

Semanas después, la existencia oficial de casos implicó mayores limitaciones, directas e indirectas, para la cobertura informativa. Desde el inicio oficial de la cuarentena, el 16 de marzo, se han registrado 65 casos que se traducen en 151 violaciones al derecho, y 28 detenciones hasta el 20 de abril.

La exclusión de los medios de comunicación y periodistas de los sectores priorizados para continuar labores, los impedimentos para obtener combustible, y las consecuentes restricciones de movilidad para realizar recorridos; el impedimento de coberturas en lugares públicos, los desalojos forzados, detenciones arbitrarias, confiscación y eliminación de material se documentaron en este periodo.

Sobre la cobertura o difusión de información relacionada específicamente con Covid-19 se han registrado 37 casos violatorios del derecho a la libertad de expresión, hasta el 20 de abril; el 40% (10) de los detenidos por lo expresado sobre la pandemia son trabajadores de la prensa, y el 17% (4) son trabajadores de la salud.

• El 17 de marzo, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvieron al doctor Julio Molino, tras denunciar con sus colegas Carlos Carmona y Maglis Mendoza, la situación crítica del Hospital Núñez Tovar, en Maturín, estado Monagas. Carmona y Mendoza fueron buscados por los cuerpos de seguridad, se desconoce si fueron capturados. Molino, de 72 años, fue trasladado a tribunales, se le imputaron los delitos de “incitación al odio”, “incitación al pánico y zozobra a la comunidad” y “agavillamiento”. Se le ordenó arresto domiciliario⁴.
• Beatriz Rodríguez, directora del medio La Verdad de Vargas, fue citada por la Fiscalía el pasado 24 de marzo, tras publicar información sobre un caso positivo de Covid-19 en la entidad. Rodríguez fue sacada de su residencia por funcionarios de la policía regional y llevada a comparecer en el Ministerio Público. El motivo de la citación fue una investigación en proceso contra el medio por “terrorismo” y la directora fue citada en calidad de “testigo”⁵.

Bajones informativos

Las restricciones a la libre circulación de información en Internet se mantienen al ser la red uno de los pocos espacios con menos control censor, en relación al resto del ecosistema de medios en el país. Bloqueos simultáneos a redes sociales, caídas generales del servicio, bloqueos de páginas y plataformas informativas persisten, así como fallas en el servicio eléctrico que afectan la conectividad. En los últimos dos meses se han registrado 32 casos violatorios de la libertad de expresión en línea, lo que además de fallas de acceso, incluye hostigamiento y amenazas a través de redes sociales en represalia por difundir informaciones u opiniones.

Además de los bloqueos regulares identificados desde el año pasado a las transmisiones en línea de las sesiones de la Asamblea Nacional, declaraciones o ruedas de prensa vinculadas al Poder Legislativo, este año varias iniciativas web en el marco de la pandemia del Covid-19 han sido bloqueadas por operadoras nacionales. El 18 de marzo fue bloqueado mediante filtrado SNI el sitio coronavirusvenezuela.info de acuerdo al reporte de Ve sin Filtro. El 16 de abril, CANTV y la operadora privada Movistar aplicaron bloqueos DNS, la primera al sitio pvenezuela.com y el segundo impidió el acceso a la página teleconsulta.presidenciave.org. El 22 de abril CANTV bloqueó nuevamente el dominio ve presidencia.com que ofrece información vinculada al Covid-19.

El 26 de abril, Ve sin Filtro identificó la clonación de la página web heroesdesaludve.info promovida por la AN para ofrecer apoyo económico a los trabajadores de salud; a través de la práctica conocida como “phishing”, los usuarios que ingresaban al sitio por la operadora CANTV eran redireccionados a otro sitio web parecido bajo engaño para obtener los datos personales solicitados en el registro⁶. Los sitios desarrollados por la AN vinculados al Covid-19 y dominios relacionados han sido bloqueados por operadoras públicas y privadas, en las segundas se incluye: Movistar, Digitel, Inter y Supercable.

Víctimas

Entre enero y abril se registran unas 261 víctimas, entre ellos el 65% (160) son trabajadores de la prensa; los trabajadores públicos, que incluyen miembros del sector salud, suman el 8% (22), y los medios de comunicación (18) comprenden el 7%. El 36% de los victimarios son cuerpos de seguridad, en su mayoría miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Unas 59 personas fueron privadas de libertad por difundir información u opiniones en este primer cuatrimestre, en su mayoría por críticas relacionadas con la gestión del gobierno, lo más reciente vinculado a la emergencia sanitaria agudizada con la pandemia del Covid-19. De estas detenciones, en las últimas semanas cinco estuvieron relacionadas con difusión de ideas, informaciones y opiniones a través de la plataforma de mensajería WhatsApp, la mayoría en el mes de abril.

• El 1ero de abril, Elio Mendoza⁷, trabajador de la Siderúrgica del Orinoco (SIDOR), fue detenido e imputado por “instigación al odio” tras reenviar un mensaje por Whatsapp sobre Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Mendoza fue contactado en su día libre por su jefe para cubrir una guardia, y cuando fueron por él a su residencia, presuntamente para ir al trabajo, en realidad fue buscado por cuerpos de seguridad y privado de libertad. Mendoza fue presentado en el Tribunal Segundo de Control el 4 de abril.
• El 13 de abril, los ciudadanos Zuleima Sánchez, Jeison Robles y Sergio Ángel, recibieron medida privativa de libertad por el Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal de Táchira, extensión San Antonio, por la divulgación de un video en redes sociales donde denuncian las condiciones que padecen venezolanos en un albergue ubicado en Tienditas, en la frontera con Colombia⁸. Según el Tribunal Supremo de Justicia, el video fue publicado en Instagram, por la cuenta del perfil del medio digital La Patilla, señala que en las grabaciones se evidencia “la instigación al odio” y el “llamado a la población general al desacato”.
• -El periodista Eduardo Galindo fue detenido el 15 de abril por efectivos del Comando Nacional de Antiextorsión y Secuestro (CONAS), cuando estos se presentaron en su residencia, en San Fernando de Apure, y se lo llevaron para rendir declaraciones sobre una información publicada en el sitio web senderosdeapure.net. Funcionarios confiscaron la computadora (laptop) de Galindo, tras la resistencia de sus familiares de entregar el equipo, Yoleide Rodríguez, la esposa del periodista y Leonardo Galindo, su sobrino, también fueron detenidos por “resistencia a la autoridad”⁹.  A pesar de que le fue otorgada una medida cautelar el 19 de abril, con régimen de presentación cada ocho días, el periodista sigue detenido porque el tribunal tercero de control, que debe recibir los recaudos para hacer efectiva la excarcelación, tiene guardia en los próximos 15 días. Los familiares también fueron procesados y deben presentarse cada 15 días en tribunales¹⁰.

Marco metodológico

El registro cotidiano se realizó sobre la base de una matriz de eventos o casos en los cuales se incluyeron las siguientes variables: área geográfica; sexo de las víctimas; tipo de víctima (periodistas, medios, audiencia); tipología según el área de trabajo (reporteros, columnistas, camarógrafos, etc.); y tipo de violación según las categorías definidas anteriormente. Las informaciones de los distintos eventos o casos se contabilizaron a partir de las notas aparecidas en diarios de circulación nacional y regional, confirmadas con el testimonio de las víctimas y afectados, con el objeto de realizar un registro de fuentes directas. También se recogen datos de investigaciones realizadas por instituciones gremiales, académicas y de derechos humanos, de carácter nacional y/o internacional.

A partir de los datos recogidos se creó una matriz que considera las variables que explicitamos anteriormente. Se realizó una depuración de los distintos eventos, así como el cruce de las distintas variables. Se ejecutaron los cálculos correspondientes, y ello derivó en las tablas y gráficos que ilustran este informe. El estudio comprende una descripción de los patrones de violación al derecho, seguidos de una ilustración con algunos casos relevantes. En los eventos o casos se puede registrar la participación de varios agentes violadores o responsables e igualmente varias víctimas. De la misma forma en un caso pueden aparecer diversos tipos de víctimas: medios, periodistas, fotógrafos, y varios tipos de violaciones.