En 20 años Espacio Público ha registrado el cierre de más de 400 medios de comunicación entre impresos, radios, canales de televisión y plataformas digitales.
Este artículo fue publicado originalmente en espaciopublico.ong el 9 de octubre de 2023.
En 20 años hemos registrado el cierre de más de 400 medios de comunicación entre impresos, radios, canales de televisión y plataformas digitales en Venezuela. Esta práctica constituye una política restrictiva que limita de forma directa la posibilidad de que las personas tengan acceso a la información oportuna.
Además se mantienen los impedimentos a la labor de la prensa, situación presente no solo en instituciones públicas, sino también en estaciones de servicio, lugares turísticos o durante la cobertura de protestas ciudadanas u otros hechos noticiosos, especialmente cuando estos demandan la presencia de cuerpos de seguridad del Estado.
A medida que se masificó el uso de las redes sociales en el país, las represalias por la emisión de opiniones o informaciones en línea también incrementaron. En ese sentido, se registraron detenciones y hostigamientos judiciales a trabajadores públicos, personal médico y ciudadanos/as como forma de castigo ejemplarizante por la difusión de críticas a la gestión pública. Los medios digitales no son ajenos a esta realidad, entre los años 2010 y 2022 registramos al menos 190 bloqueos ejecutados por organismos estatales que limitaron el acceso y difusión de contenidos e información en línea.
La Relatoría para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostiene que el bloqueo de páginas web, direcciones IP, puertos o protocolos de red aplicado por el Estado con la finalidad de contrarrestar la desinformación constituyen una medida extrema y desproporcionada, por lo que se admite solo cuando se estipule por ley y sea necesaria para garantizar o proteger un derecho humano[1].
Otro elemento a destacar es la desinformación, la cual consiste en la difusión deliberada y masiva de información falsa, con el propósito de engañar a la población y generar confusión. Este fenómeno puede alterar la legitimidad de un proceso electoral y por ende, debilitar el sistema democrático. Con el surgimiento del internet, la desinformación se convirtió en un fenómeno más complejo gracias a su fácil acceso y a la posibilidad que tienen las personas de expresarse en la esfera pública.
El Internet potencia el ejercicio de la libertad de expresión, porque facilita que las personas sean participantes activos del debate público. Si bien esto constituye un elemento positivo, puede agudizar el fenómeno de la desinformación, en vista de la velocidad con la que actualmente se producen y difunden contenidos.
Este contexto restrictivo incrementa la desinformación en la población y agudiza la crisis en materia de derechos humanos que atraviesa Venezuela. El derecho a la libertad de expresión es un requisito necesario e indispensable para la existencia de una sociedad democrática. Si bien la democracia no solamente consiste en votar, la libertad de expresión cobra especial relevancia en época electoral. En el caso venezolano estas restricciones acompañaron los distintos procesos de este tipo que se realizaron en el país durante los últimos 20 años.
Pluralidad en contextos electorales
La pluralidad informativa constituye una herramienta efectiva para hacer frente a la desinformación, contempla la capacidad que tiene la ciudadanía de acceder a fuentes de información de distinta línea editorial, con diferentes enfoques en la cobertura, lo cual permite contrastar y complementar el contenido que se recibe. Esto constituye un elemento sustancial de la libertad de expresión y un aspecto fundamental para la conformación de un entorno mediático variado e independiente.
Según el mapeo que hicimos en 2023, en Venezuela existen al menos 879 medios[2] e iniciativas comunicacionales operativas, de las cuales el 56% (492) son de formato tradicional: es decir, radio, impreso y televisión. Con respecto a la línea editorial de los medios tradicionales, un 21% señaló tener una línea pro-gobierno, mientras que un 8% se autodenominó pro-oposición.
En un contexto electoral, la pluralidad informativa cobra relevancia, más aún en el caso de los medios tradicionales, los cuales cuentan con mayor penetración a escala nacional[3]. La independencia de los medios de comunicación fortalece la democracia y permite mantener informada a la ciudadanía sobre asuntos de interés público, enriquecer su criterio y fundamentar las decisiones que tome la colectividad.
El caso venezolano no resulta el mejor ejemplo de pluralidad informativa, ya que el ecosistema de medios está debilitado tras el cierre progresivo de medios como medida de retaliación; la falta de independencia editorial y la censura establecida desde las instituciones del Estado.
Adicionalmente, en el sistema de medios públicos no existen espacios diseñados para exponer las distintas corrientes ideológicas que hacen vida en el país; por el contrario, la programación difundida desde los medios estatales tiene una línea editorial que se identifica directamente con el partido de gobierno.
Entre el 2003 y el 2022 se hicieron en Venezuela al menos 15 eventos electorales[4]. Estos procesos estuvieron marcados, en mayor o menor medida, por los impedimentos a la cobertura periodística y la censura en medios tradicionales. En tal sentido, se registraron al menos 273 denuncias de violaciones al derecho en el contexto de estos procesos.
2003 – 2010: agresiones a la prensa
En este periodo se hicieron 6 eventos electorales: regionales y municipales (2004); parlamentarios (2005); presidenciales (2006); regionales y municipales (2008); parlamentarios (2010) y regionales y municipales (2010). En este contexto, se registraron al menos 12 denuncias de violaciones al derecho a la libertad de expresión. Las principales víctimas fueron periodistas y reporteros. Mientras que los victimarios más frecuentes resultaron ser los cuerpos de seguridad del Estado y grupos afectos al oficialismo.
Durante las elecciones parlamentarias de septiembre de 2010, las periodistas Sara Vargas, del canal Órbita TV, y Susana Quijada de TV Sur, sufrieron agresiones por simpatizantes del oficialismo, quienes les arrebataron sus equipos y posteriormente golpearon a Vargas. La agresión se registró durante la votación del exalcalde de Anaco, Ernesto Paraqueima, quien también resultó agredido.
En esa misma ocasión, el entonces presidente, Hugo Chávez, cuestionó el desempeño de la periodista Andreína Flores, corresponsal de Radio Francia Internacional (RFI) y RCN noticias de Colombia, quien preguntó sobre la diferencia de votos y escaños obtenidos por la oposición en las elecciones parlamentarias durante una rueda de prensa con medios de comunicación internacionales[5].
Flores le preguntó al mandatario: “¿cómo se explica que con una diferencia de unos 100 mil votos, la oposición haya logrado 37 diputados menos que el oficialismo?”. Al respecto, Chávez dijo: “Haces una pregunta configurada ahí, de manera extraña”, y le preguntó a la periodista si conocía la constitución venezolana. “Esa pregunta está hecha como gelatinosa, no tiene fundamentación lógica o sea, pareciera que tú ignoras totalmente lo que pasó como si vivieras en la luna”, agregó.
2011 – 2017: institucionalización de la violencia
Entre los años 2011 y 2017 se hicieron 6 eventos electorales en el país: presidenciales (2012); regionales (2012); presidenciales (2013); parlamentarias (2015); Asamblea Nacional Constituyente (ANC, 2017) y regionales (2017). En este período, registramos 167 violaciones al derecho en el contexto de los procesos electorales.
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