Según un pronunciamiento suscrito por varias organizaciones bolivianas, la Ley de Imprenta "constituye el instrumento legal más idóneo a ser aplicado para juzgar los delitos de imprenta".
(ANP/IFEX) – el 19 de enero de 2011 – Al cumplirse este 19 de enero de 2011 el 86vo. Aniversario de la promulgación de la Ley de Imprenta, las principales organizaciones periodísticas de Bolivia convocaron «a todos los periodistas y medios de comunicación social del país a movilizarse contra cualquier propósito de desconocer o ignorar esta norma, como sucedió con los nefastos artículos 16 y 23 de la noble Ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación».
El pronunciamiento, titulado «86 años de la Ley de Imprenta», está suscrito por la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, la Asociación Nacional de la Prensa, la Asociación de Periodistas de La Paz, y la Asociación Boliviana de Radiodifusoras.
La Ley de Imprenta, dicen las organizaciones citadas, «constituye el instrumento legal más idóneo a ser aplicado para juzgar los delitos de imprenta, requiriendo únicamente un reglamento que extienda su alcance a los medios de comunicación audiovisuales y digitales y actualice los montos de multa pecuniaria establecidos».
El pronunciamiento demanda al Gobierno y a la Asamblea Legislativa Plurinacional «mantener y respetar la plena vigencia de esta Ley como lo establecen los artículos 21, 106 y 107 de la Constitución Política del Estado (CPE), en el marco de los estándares internacionales sobre Derechos Humanos y Libertad de Expresión de los que Bolivia es signataria. Asimismo, evitar que intereses contrarios a la libertad de prensa y expresión intenten mutilarla, anularla o sustituirla por otra que pretenda poner al periodismo independiente al servicio de gobiernos de turno».
La Ley de Imprenta fue promulgada el 19 de enero de 1925 por el Presidente Bautista Saavedra, después de un largo e intenso debate que comenzó con poco después del nacimiento de la República, en 1826, cuando el gobierno del mariscal Antonio José de Sucre introdujo en la Constitución la penalización del llamado «abuso de la libertad de imprenta».
