Los casos mencionados se suman a una lista de víctimas en la que se observan tratos crueles e inhumanos.
Este artículo fue publicado originalmente en articulo19.org el 15 de agosto de 2024.
ARTICLE 19 externa su preocupación por las sistemáticas violaciones de derechos humanos de las que son víctimas las personas periodistas y activistas, presas políticas, que se encuentran privadas de su libertad en las cárceles de Cuba por su activismo o por mantener una postura crítica ante el gobierno.
De acuerdo con medios cubanos independientes, el activista y artista cubano Maykel Castillo, sentenciado a 9 de prisión por los supuestos delitos de “desacato” y “desórdenes públicos”, se encuentra con distintos malestares físicos que están afectando su salud y que no han sido atendidos por las autoridades de la prisión Kilo 5 y medio en Pinar del Río; vulnerando con ello su derecho a la salud y acceso a servicios médicos. Ello, además, es una forma constitutiva de trato cruel, inhumano y degradante.
Este caso sólo es uno de los que ARTICLE 19 ha registrado, pues también se encuentran casos como el de Fernando Eloy González Herrera, Mario Alberto Hernández, Ernesto Santiesteban Bello, Luis Manuel Otero Alcántara, por mencionar sólo algunos. Basta recordar que en el contexto del tercer aniversario de las manifestaciones históricas del 11J se registró una alza de las agresiones contra activistas presos que participaron en dichas protestas.
Es importante recordar que Maykel, junto con el artista Luis Manuel Otero Alcántara y otros activistas del Movimiento San Isidro, son beneficiarios de medidas cautelares ante la CIDH desde febrero de 2021, por considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, en donde sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable.
Por otro lado, la joven influencer cubana Sulmira Martínez Pérez de 22 años -conocida en redes sociales como Salem Cuba- detenida el 23 de enero de 2023 por los supuestos delitos contra el orden constitucional y de desacato, por llamar a protestar en la isla a través de la red social Facebook, ha atravesado por un desmedido proceso jurídico que ha implicado su constante revictimización, pues además fue expuesta públicamente en televisión nacional obligada a autoinculparse en abril de 2023.
El pasado lunes 12 de agosto estaba prevista la celebración de su juicio después de estar año y medio en prisión provisional; no obstante, fue cancelado y pospuesto hasta septiembre, sin que la Fiscalía emitiera alguna razón para ello, lo cual evidencia violaciones a sus garantías de debido proceso. Al igual que en los casos ya señalados, Sulmira ha sido víctima de malos tratos y condiciones insalubres, lo que ha derivado en que su salud física y mental se vea mermada. Aunado a las dificultades económicas que atraviesa su madre, Norma Pérez, quien es su principal sustento.
Los casos mencionados se suman a una lista de víctimas en la que se observan tratos crueles e inhumanos, en lo que respecta a la negación de los servicios de salud, las condiciones insalubres en las celdas, el aislamiento prolongado, la prohibición de tener contacto con sus familiares o personas cercanas, entre otros. Todo ello atenta contra sus derechos fundamentales. A ello se suma el uso desproporcionado de la medida cautelar de prisión preventiva como una forma de castigo y pena anticipados.
En este marco, ARTICLE 19 exige al Estado cubano respetar la libertad de expresión en el país y derogar el desacato y demás ordenamientos penales que criminalizan las expresiones en redes sociales, contrarios a lo dispuesto por el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Además, es imperativo que garantice los derechos humanos de todas las personas que se encuentran privadas de su libertad en prisiones, particularmente su derecho a la salud y a una vida libre de violencia, otorgando los tratamientos necesarios para salvaguardar sus vidas y la integridad, acorde con el punto 24 de las Reglas Nelson Mandela y los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas de la OEA.
