Horas después de haber criticado la elección del Fiscal General y Adjunto del Ministerio Publico, el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Ivis Discua Barillas, abandonó el país producto de amenazas a muerte.
Según fuentes familiares, horas después de haber denunciado que la elección del Fiscal General y Adjunto del Ministerio Publico (MP), «era una imposición de la cúpula del Partido Nacional, para protegerse con gente a fin que les permita continuar con actos de corrupción», el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ivis Discua Barillas, abandonó el país producto de amenazas a muerte.
Discua Barillas, es un reconocido militante del Partido Nacional (gobierno en turno), quien formaba parte de los cinco candidatos nominados al cargo de Fiscal General y Fiscal Adjunto, presentados por una Junta Proponente integrada por siete organizaciones nacionales, pero que al final del proceso solamente cuatro organizaciones avalaron la postulación de los cinco candidatos.
El sábado 31 de agosto, Discua Barillas se retiró de las audiencias públicas que el Congreso Nacional (CN) organizó para los candidatos a Fiscal General y Fiscal General Adjunto, afirmando que: «Creo que ha llegado el momento que no hay que agachar la cabeza para seguir consignas políticas, que debemos levantarla y respetar y tomar la decisión nosotros mismos, no permitir que un pequeño grupo nos imponga situaciones y a los del Partido Liberal quiero decirles que no sean cobardes, que no sean timoratos».
Familiares y amigos de Discua Barillas aseguraron que inmediatamente después de su renuncia publica al proceso de selección de Fiscales, este habría recibido amenazas a muerte vía mensajitos de texto, y que el pasado sábado 31 de agosto y el domingo 1 de septiembre fue víctima de persecución por personas desconocidas que se conducían en diferentes carros.
Alrededor de las dos de la madrugada del día domingo 1 de septiembre, el pleno del CN, juramentó al abogado Óscar Fernando Chinchilla y al abogado Rigoberto Cuéllar, como los nuevos Fiscal General y Fiscal General Adjunto respectivamente por un periodo de cinco años, violentando así, la Constitución de la República.
