Las organizaciones firmantes de este comunicado deseamos expresar nuestra más profunda repulsa a la acción del gobierno nicaragüense en contra de la directora de Programas del Centro PEN Nicaragua, Andrea Margarita del Carmen y su hijo Gabriel López del Carmen.
El pasado 14 de septiembre de 2022 la policía irrumpió en la casa de Andrea Margarita Del Carmen para detenerla, acusada de Conspiración. Al no encontrarla en ese momento las autoridades se llevaron detenido a su hijo acusándolo del mismo delito y encarcelándolo en la prisión “El Chipote” en Managua, y cuya audiencia es hoy 19 de octubre de 2022, a las 14 horas, tiempo de Nicaragua.
Esta práctica de generar represalias hacia familiares de perseguidos políticos se ha realizado como una medida de presión máxima para escarmentarlos por no lograr capturarles.
Desde el exilio, Del Carmen declaró a Confidencial[1]:
“Esta es la respuesta cruel del régimen frente a la imposibilidad de capturarme. Tuve que resguardarme fuera del país por la persecución del régimen, y al no encontrarme en mi casa, la policía capturó a mi hijo. Mi hijo vive en Matagalpa pero yo le pedí que llegara a cuidar a mi madre unos días, pues ella es una señora mayor y está enferma. Se lo llevaron como rehén, y ahora lo están procesando injustamente. ¿De qué lo pueden acusar? Ellos saben perfectamente que mi hijo no tiene ningún vínculo con actividades políticas, y por lo tanto deben ponerlo en libertad.”
Es necesario mencionar que hace más de un año el Centro PEN Nicaragua fue cerrado en el marco de la ofensiva permanente contra asociaciones civiles nacionales e internacionales en territorio nicaragüense. Hasta el momento, se contabilizan más de 160 artistas, periodistas, escritores y escritoras[2] que se han visto obligadas a salir de su país por la posibilidad latente de ser apresadas, así como 209 personas presas políticas desde abril de 2018[3].
La detención de familiares de personas consideradas críticas por el gobierno de Nicaragua es una nueva dimensión de agresión en las tácticas utilizadas por las autoridades para hostigar a quienes consideran críticos de su gestión. A la persecución constante que coarta el derecho a defender los derechos humanos, se le añade la presión psicoemocional que implica tener a un familiar sufriendo represalias por actividades de las que no participaron.
Por esta razón, las organizaciones firmantes exigimos la liberación de Gabriel López del Carmen y el retiro de todos los cargos interpuestos en su contra y de su madre Andrea Margarita Del Carmen así como el cese de los ataques en contra de la sociedad civil, medios y periodistas independientes en el país.
Del mismo modo, realizamos un llamado a la comunidad internacional para que condene la violación sistemática de los derechos humanos en Nicaragua y el clima de incertidumbre al que están sometidos sus ciudadanos y ciudadanas.
[1] Confidencial, 3 de octubre de 2022, Más presos políticos: diecisiete acusados por supuesta conspiración y noticias falsas
[2] PEN International, Nicaragua: Miembro de PEN, acusada de “conspiración” por el gobierno de Daniel Ortega https://pen-international.org/es/noticias/nicaragua-miembro-de-pen-sera-juzgada-por-el-gobierno-de-daniel-ortega
[3] https://presasypresospoliticosnicaragua.org/
