La Editora Regional de IFEX Laura Vidal reflexiona sobre el año 2022 en las Américas, que estuvo marcado por la violencia, la vigilancia y la censura pero también por organizaciones de la sociedad civil que lucharon contra la impunidad y los abusos y por firmes acciones colectivas encabezadas por ciudadanos.
Esta es una traducción del artículo original.
Al comenzar un nuevo año recordamos el 2022 como uno de los años más difíciles para la prensa y el espacio cívico en las Américas, y reflexionamos sobre la capacidad y el potencial demostrados por la sociedad civil para enfrentar esos desafíos.
“Un año trágico”: violencia e impunidad
A finales de 2022, una contundente declaración conjunta denunció la extraordinaria violencia que había azotado al continente americano en lo que calificó como un “año trágico para la prensa”. La violencia adoptó muchas formas, la más extrema de ellas dejó como saldo la muerte de al menos 37 periodistas en varios países de la región, incluidos México, Haití, Colombia, Paraguay, Honduras y Estados Unidos.
La declaración, firmada por ARTÍCULO 19 México y Centroamérica, el Comité para la Protección de los Periodistas, la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia, Reporteros Sin Fronteras, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la red Voces del Sur e IFEX-ALC, describió los muchos factores que configuraron un panorama inquietante, contribuyendo a que la labor de la prensa fuera tan difícil y riesgosa.
Uno de esos elementos fue el resurgimiento de políticos autoritarios, cuyas estrategias tienden a incluir ataques a la prensa y la estigmatización de los periodistas. Otro fue el uso creciente (y cada vez más sofisticado) de la desinformación en línea, una práctica que se agudiza en períodos electorales.
Para contrarrestar las amenazas hay que empezar por saber en qué consisten. Diversas organizaciones de la sociedad civil (OSC), entre ellas el miembro de IFEX Abraji en Brasil, siguieron de cerca los riesgos que enfrentaron los periodistas en 2022. Otros ejemplos son ANP en Bolivia, FOPEA en Argentina e IPYS en Perú.
Los esfuerzos por contrarrestar la desinformación y la información falsa no cesan y el contexto está constantemente evolucionando y cambiando. Muchas organizaciones de la región han desarrollado campañas y producido informes y contenidos estratégicos tendientes a promover un mayor conocimiento público de los temas e impulsar la alfabetización mediática. En algunos casos estos han sido diseñados teniendo en cuenta específicamente a comunidades indígenas.
Otra respuesta tuvo que ver con la convulsionada campaña electoral de 2022 en Brasil. Con el fin de diseñar estrategias para combatir la desinformación, entre otras cosas mediante la producción de contenidos fáciles de entender y de compartir, se forjaron alianzas entre el Tribunal Superior Electoral y diversas plataformas y organizaciones de la sociedad civil.
Imagen de una pantalla de teléfono inteligente donde se lee la frase “Fake News”, frente a una pantalla de computadora con varios informes de prensa sobre noticias falsas y desinformación referidas a la elección presidencial brasileña, en Río de Janeiro (Brasil), el 29 de agosto de 2022. MAURO PIMENTEL/AFP vía Getty Images
Combatir la vigilancia digital
Es bien conocido el efecto devastador que tiene la vigilancia ilegal de periodistas para que estos puedan realizar su trabajo sin riesgos. A principios de 2022, la revelación en El Salvador de que se estaba usando el malware (o programa malicioso) de espionaje Pegasus para espiar a periodistas y defensores de los derechos humanos suscitó un nuevo escándalo. Este ataque fue descubierto gracias a una investigación encabezada por una coalición de organizaciones de derechos digitales que incluía a Access Now, Citizen Lab y SocialTIC.
Entre las víctimas más afectadas estuvieron periodistas del galardonado medio de prensa El Faro.
En este espacio hemos informado muchas veces sobre el uso de las leyes para hostigar a los medios de comunicación. Aquí, en cambio, vemos un ejemplo de cómo los medios pueden usar la ley para defenderse. Trece periodistas y otros dos integrantes de la redacción de El Faro entablaron una demanda en un tribunal federal estadounidense contra los creadores de Pegasus, la compañía israelí NSO Group. En la demanda se alegó que NSO diseñó y utilizó el software espía para infiltrar los teléfonos de 22 integrantes de esa organización de noticias y se pidió que la empresa identificara, devolviera y eliminara toda la información obtenida mediante los ataques, que se prohibiera a la empresa utilizar Pegasus contra los demandantes y que revelara quién es el cliente detrás del espionaje cometido con este programa en El Salvador.
“Presentamos esta demanda para defender nuestro derecho a investigar e informar, y para proteger a los periodistas de todo el mundo en su búsqueda de la verdad.” Carlos Dada, cofundador y director de El Faro
El Faro no es ni por lejos la única víctima. En México, hace tiempo que tanto periodistas como defensores de derechos son objetivos frecuentes. Más de 15.000 números de teléfono habrían sido intervenidos ilegalmente en ese país, incluidos los de familiares de los 43 estudiantes secuestrados y desaparecidos en Ayotzinapa en 2014, así como el del periodista Cecilio Pineda Brito, que fue asesinado pocas semanas después de ser blanco del software espía, según informes.
La sociedad civil también enfrentó enérgicamente estas amenazas a la privacidad, la seguridad y la libertad de expresión. ARTÍCULO 19 México y Centroamérica, R3D y SocialTIC dirigieron una investigación que reveló nuevos casos que vinculan el uso de Pegasus no solo con el gobierno sino también con el ejército mexicano. En el informe, titulado “Gobierno espía”, se destacó cómo el ejército vigila ilegalmente a actores de la sociedad civil y periodistas que denuncian la participación de las fuerzas armadas en violaciones de los derechos humanos.
El gobierno de Venezuela también atenta contra la privacidad de sus ciudadanos, pero no ha podido hacerlo en secreto. Organizaciones locales como Espacio Público y Ve Sin Filtro han monitoreado estas acciones del gobierno y han ayudado al público a entender el alcance de su vigilancia abusiva. A mediados de 2022, un informe de transparencia en las comunicaciones publicado por la telefónica española Movistar – compañía matriz de Movistar Venezuela – reveló que más del 20 % de las líneas telefónicas y de internet de sus clientes venezolanos habían sido interceptadas. Ve Sin Filtro ha llamado la atención sobre el hecho de que en el informe no se mencionan órdenes o autorizaciones judiciales, lo que pone de relieve el carácter autoritario, y hasta ilegal, de las solicitudes gubernamentales de interceptación de líneas.
Eliminar la violencia de género y proteger los derechos reproductivos
La vigilancia es solo uno de los muchos desafíos que tienen que ver con los avances en tecnologías digitales. La violencia contra periodistas y defensores de los derechos humanos adopta formas específicas cuando se ejerce en línea, en particular cuando se trata de mujeres. En un importante caso ocurrido en 2022 en Canadá, grupos de extrema derecha habrían acosado en línea a periodistas, en particular mujeres periodistas de color, amenazándolas en redes sociales en el contexto de la cobertura informativa de COVID-19 y las protestas antivacunas.
En Colombia, en un hecho sin precedentes, la Corte Constitucional calificó a la violencia de género en línea como una forma grave de violencia. Fundación Karisma viene trabajando sobre este tema desde hace tiempo. En 2022 publicó en las redes sociales una serie de videos explicativos fáciles de compartir, incluido un “glosario sonoro” para promover una mayor conciencia pública sobre la violencia que sufren las mujeres en línea.
El año pasado se gestaron acciones de solidaridad transfronteriza entre Estados Unidos y México con el objetivo de proteger los derechos reproductivos de las mujeres en respuesta a la eliminación de la legislación que se conoce comúnmente como “Roe contra Wade” y, con ella, el derecho al aborto en Estados Unidos. Acompasando los avances logrados en México en términos de despenalización del aborto, algunos grupos feministas y de derechos reproductivos mexicanos idearon distintas estrategias para brindar información y servicios a mujeres estadounidenses que les permitan acceder a abortos seguros.
“Estamos aquí para ti, te enviaremos píldoras por correo, te explicaremos nuestras tácticas. Lo que sea que precises”, Crystal, acompañanta del aborto de México
Una jubilada grita consignas frente a una línea de policías antimotines, durante una marcha en reclamo de aumento de salarios y jubilaciones, Caracas (Venezuela), el 6 de abril de 2022. YURI CORTEZ/AFP vía Getty Images
Ante los obstáculos, la censura y el exilio, la responsabilidad de informar
Periodistas y defensores de los derechos humanos de Venezuela siguen encontrando maneras de superar las distintas formas de censura y la falta de acceso a la información. En los últimos años, muchas de estas iniciativas han llamado la atención de medios internacionales. El uso de WhatsApp, grupos de periodistas que “toman” un autobús urbano para compartir las últimas noticias con los pasajeros y la producción de artículos exhaustivos para explicarle a los lectores cómo usar las VPN para acceder a páginas web bloqueadas son algunas de las iniciativas que se están llevando a cabo. Espacio Público también ha destacado el papel creativo que cumplen los murales como espacios alternativos de libre expresión.
Documentar las violaciones del derecho a la libertad de expresión y a la información es crucial y, como siempre, las OSC aportaron en ese sentido. A lo largo de 2022, organizaciones como Espacio Público y Ve Sin Filtro llevaron rigurosos registros de los muchos cortes de internet y de luz que se produjeron en Venezuela, así como de los hackeos a sitios de noticias y del hostigamiento del gobierno contra periodistas.
Un hecho muy preocupante registrado por Espacio Público fue el cierre masivo de emisoras de radio por el gobierno, a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). En respuesta a esos cierres, 38 organizaciones firmaron una declaración denunciando la “gestión opaca” de ese organismo en la toma de decisiones, ya que muchas emisoras no recibieron órdenes ni explicaciones formales, y exhortando a CONATEL a garantizar “una diversidad y pluralidad de contenidos”.
Nicaragua está sufriendo una restricción extraordinaria de su espacio cívico y ataques continuos a la prensa y a las OSC por parte del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Radio Vos respondió estratégicamente a estas circunstancias llevando su transmisión a formato en línea, luego de que el gobierno le expropiara sus equipos y le suspendiera el derecho a usar la frecuencia modulada. Muchos periodistas y medios de comunicación siguieron trabajando desde el exilio usando espacios digitales, a pesar de que esa modalidad tampoco es necesariamente segura, dada la nueva táctica del gobierno que consiste en la detención arbitraria de familiares.
Cabe hacer una reflexión final sobre la importancia de la colaboración estratégica en los tiempos difíciles que corren. En toda la región, una de las estrategias más importantes que han encontrado los periodistas para poder seguir trabajando ha sido la formación de alianzas basadas en la solidaridad y en inquietudes compartidas, dejando atrás divisiones históricas causadas por la competencia de los medios, uniendo fuerzas entre medios tradicionales y medios independientes, profundizando investigaciones y superando obstáculos, gracias a la colaboración. Como lo expresó el periodista venezolano Nelson Bocaranda:
“Fue gracias a la unión que logramos escapar a la censura.”
Diciembre de 2022: la región en breve
La conmoción política que sigue sacudiendo a Perú ha dejado un saldo de al menos 39 muertos y 300 heridos. Tras las protestas en diciembre, más de 20 periodistas fueron agredidos, lo que suscitó una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene previsto regresar en el mes de enero de 2023.
El periodista Wilder Alfredo Córdoba fue asesinado a balazos en el sur de Colombia cuando desarrollaba su labor periodística en La Unión, departamento de Nariño. Córdoba era el director de TV Unión, un canal comunitario, y había estado recibiendo mensajes anónimos en línea y fuera de línea donde le advertían que “a nadie le importaba” lo que él informaba y que con su trabajo “molestaba a los venteños [habitantes de La Unión]”.
UNESCO y la Oficina del Relator Especial para la Libertad de Expresión invitan a la sociedad civil y a periodistas de las Américas a participar de una consulta para fortalecer su incidencia en el Examen Periódico Universal (EPU) de las Naciones Unidas. Hay tiempo hasta el 15 de enero.
