Dos periodistas, cuatro particulares y tres medios de comunicación fueron las mayores víctimas de violaciones a la libertad de expresión en el segundo mes de 2025, que se caracterizó por un importante número de actos de intimidación, hostigamientos y censura.
Este artículo fue publicado originalmente en espaciopublico.ong el 5 de marzo de 2025.
En febrero documentamos un total de seis casos que se tradujeron en 13 violaciones a la libertad de expresión y tres detenciones de personas que se expresaron libremente. El Estado, con sus cuerpos de seguridad e instituciones, fue nuevamente el principal victimario.
Dos periodistas, cuatro particulares y tres medios de comunicación fueron las mayores víctimas de violaciones a la libertad de expresión en el segundo mes de 2025, que se caracterizó por un importante número de actos de intimidación, hostigamientos y censura.
Periodistas y trabajadores de la prensa
Familiares del periodista y locutor José Gregorio Camero alertaron que su salud está en riesgo tras sufrir varias descompensaciones en un calabozo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) del estado Guárico (centro), donde se encuentra recluido tras ser detenido de forma arbitraria el 3 de agosto de 2024.
Recientemente, Camero fue trasladado al Hospital Rafael Zamora Arévalo de Valle de la Pascua, también en Guárico, tras sufrir una complicación médica, según alertaron familiares del periodista a través de las redes sociales. Hasta la fecha ningún organismo ha informado a los familiares del locutor la causa de su detención, ni han tomado en cuenta los informes médicos que demuestran su condición de salud.
Entre el 4 y el 6 de febrero estuvo hospitalizado el periodista Víctor Ugas tras sufrir complicaciones con el asma que padece, como consecuencia de factores ambientales en la cárcel de Tocorón, estado Aragua (centro), donde se encuentra recluido luego de su detención arbitraria en agosto de 2024.
La madre del periodista alertó que Ugas estuvo hospitalizado y recibió tratamiento en el mismo centro de reclusión. Además, contrajo dermatitis por los jabones que utiliza en Tocorón y requiere cuidados especiales para tratar una complicación en el sistema digestivo que padece.
En Caracas, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) detuvieron el 20 de febrero al periodista de La Patilla, Rory Branker, al salir de su casa junto con su pareja. A ambas víctimas las abordaron en su vehículo y las obligaron a pasarse al asiento de atrás mientras uno de los “funcionarios” manejaba.
A la pareja de Branker le dijeron que iban a llevar al periodista a la sede del SEBIN en El Helicoide, sitio señalado por ser un centro de torturas y violaciones al debido proceso. Mientras al trabajador de La Patilla se lo llevaban a otro lugar, a su pareja la llevaron a su casa para hacer un allanamiento ilegal.
El 26 de febrero, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, leyó un documento en su programa televisivo afirmando que Branker “fue capturado por extorsionar a personas mediante la publicación de información falsa y otros delitos más”, sin informar sobre su paradero o integridad.
Alrededor de 10 personas sin identificación hostigaron el 26 de febrero al dirigente sindical y coordinador de la Red Sindical Venezolana, Mauro Zambrano, y a la periodista María Graterol en el momento en que ambos grababan testimonios de pacientes y trabajadores del Hospital Magallanes de Catia, en Caracas.
Fueron abordados por civiles “que se identificaron como líderes de la comunidad”. Los acusaron de “promover una agenda”, “perjudicarlos” y “montar una guarimba”, cuando solo grababan las opiniones de las personas sobre la reciente canonización del doctor José Gregorio Hernández.
Medios
La emisora Ritmo Stereo 93.5 FM estuvo fuera del aire entre el 12 y el 17 de febrero a causa de un apagón eléctrico en la ciudad de Mérida, estado Mérida (oeste), el 11 de febrero, que dañó algunos de sus equipos de transmisión y los obligó a parar su actividad informativa.
A través de sus redes sociales, la emisora informó a su audiencia que sus equipos sufrieron “daños de consideración” como consecuencia de “los múltiples e indiscriminados apagones eléctricos” que sufren Mérida y otros estados del país desde hace varios años. Durante la pausa, se mantuvo al aire vía web.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó el 21 de febrero el cierre de las emisoras Victoria 100.9 FM y Stilos 93.1 FM que operaban en la localidad de Biscucuy, estado Portuguesa (centro oeste), así como el decomiso de sus equipos.
Un locutor de Stilos 93.1 FM dijo que los funcionarios de la Conatel se llevaron la computadora, el monitor y los transmisores. Afirmó que el cierre tuvo motivaciones políticas relacionadas con el parentesco de su dueña con el alcalde opositor de Biscucuy, Jóbito Villegas. Con los dos cierres, al menos cinco estaciones salieron del aire en los últimos dos años por órdenes de la Conatel.
Ciudadanía
El ciudadano y médico Alexis Zárraga, quien fue arrestado de forma arbitraria el 14 de febrero por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), bajo acusaciones de “instigación al odio”, en Coro, estado Falcón (noroeste), y sentenciado a prisión por el Tribunal Quinto de Control del Palacio de Justicia de esa ciudad.
Zárraga habría publicado mensajes críticos con el gobierno de Nicolás Maduro en grupos de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp. Posterior a la publicación de los mensajes, los funcionarios del SEBIN iniciaron su búsqueda y ejecutaron la detención arbitraria. Se desconoce el contenido de los mensajes de los que fue acusado Zárraga, así como el sitio de reclusión o los delitos que se le imputan amparados en la ilegal e inconstitucional ley contra el odio.
Un juez del estado Carabobo (centro) condenó a 15 años de prisión al activista y miembro del partido opositor Encuentro Ciudadano, Nelson Piñero, quien fue detenido en noviembre de 2023 por informar y expresar sus opiniones políticas en redes sociales.
Piñero fue detenido de forma arbitraria en su casa, el 22 de noviembre de 2023, por funcionarios del SEBIN. Su hijo dijo que al activista lo detuvieron por expresar sus opiniones en redes sociales, sin ninguna orden judicial y sin cumplir el debido proceso, por lo que fue una detención arbitraria
El fiscal general, Tarek William Saab, anunció la detención el 24 de febrero de una adolescente de 16 años que publicaba contenido en la red social TikTok y que enfrenta cargos por “instigación al odio” por “burlarse de la muerte de una adulta mayor con cáncer”, medida desproporcionada que afecta a una menor de edad y que no cumple con los estándares de libertad de expresión.
La joven fue detenida junto con sus padres por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Cocorote, estado Yaracuy (centro) mientras vecinos tomaron fotografías y grabaron la situación. Según un comunicado del Ministerio Público, los videos que publicó tenían “los fines de atentar contra los buenos sentimientos y moral de la hija de la fallecida con el único objetivo de hacerle daño”, aunque las declaraciones muestran una acusación y sentencia sin acceso a un juicio que garantice el debido proceso y el derecho a la defensa.
