Con esta acción se pretende que se reconozca la responsabilidad del Estado colombiano en la muerte del periodista.
Este artículo fue publicado originalmente en flip.org.co el 6 de octubre de 2022.
Este 6 de octubre, la FLIP interpuso una demanda de reparación directa contra el Ejército y la Policía por el asesinato del comunicador indígena Abelardo Liz, ocurrido el 13 de agosto del 2020. Con esta acción se pretende que se reconozca la responsabilidad del Estado colombiano en la muerte del periodista. La FLIP, como representante de la familia de la víctima, ha logrado recolectar pruebas y testimonios que confirman que el Ejército disparó contra Liz mientras él cubría los enfrentamientos entre la fuerza pública y la comunidad Nasa en Corinto, Cauca.
Después de la muerte de Liz, el Ejército aseguró que los disparos contra el comunicador provenían de disidencias de las FARC. Sin embargo, de acuerdo con los análisis forenses, la FLIP puede afirmar que el proyectil que impactó al comunicador concuerda tanto en calibre como en marca con las armas de dotación oficial que estaba portando el Ejército el día del asesinato. Así mismo, las pruebas indican que ese día, durante los enfrentamientos de la fuerza pública con la comunidad, los grupos armados ilegales que operan en la zona no accionaron armas de fuego.
Sumado a esto, en la investigación se evidenció que la fuerza pública obstruyó en reiteradas ocasiones el paso de vehículos y personas que pretendían auxiliar al periodista cuando resultó herido. Miembros del Ejército y del ESMAD impidieron el paso del vehículo de atención médica del cabildo y apuntaron a las personas de la misión médica con un arma. La camioneta que finalmente pudo ingresar al lugar de los hechos para auxiliar a Liz llegó hasta allí porque se encontraba al otro lado de la carretera, donde no había presencia de la fuerza pública. Sin embargo, mientras trasladaban a los heridos al hospital de Corinto, este vehículo también fue agredido por uniformados.
En el departamento del Cauca, al igual que en otras regiones, existe un patrón de agresiones y estigmatizaciones por parte de agentes de la fuerza pública, en contra de las y los comunicadores indígenas. En escenarios como los procesos de la Minga, estos ataques se presentan con mayor intensidad.
El impacto colectivo que ha tenido este asesinato en el tejido de comunicaciones y los integrantes de la emisora es profundo. Durante los últimos dos años sus integrantes han sentido temor a ataques o estigmatizaciones, y se han visto obligados a acudir a la autocensura. Así mismo, ha habido una afectación en la comunidad, pues se silenció la voz de todo el pueblo Nasa que habita al norte del Cauca. Liz se formó como comunicador comunitario en el 2010 y desde el 2015 trabajaba en la emisora Nación Nasa de Corinto. Con su labor, visibilizó las luchas indígenas, los procesos culturales del pueblo Nasa y sus problemáticas sociales. Por esto, a través de la demanda esperamos que se reconozcan reparaciones simbólicas y colectivas para la comunidad.
Dora Muñoz, coordinadora del Tejido de comunicaciones del Cabildo de Corinto, ha mencionado que “asesinar a un comunicador es […] como asesinar a un sabedor espiritual, porque es intentar callar la voz de la comunidad. Es intentar callar todo este proceso de lucha y de denuncia que se ha venido caminando por varios años y que ha sido a través de estos comunicadores y comunicadoras indígenas”.
En el 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció que “el ejercicio del derecho a la libertad de expresión a través de los medios de comunicación indígenas se realiza individualmente, pero también se manifiesta colectivamente debido a la particular forma de organización de las comunidades indígenas”. Además, para ese tribunal, a través de la comunicación los pueblos indígenas pueden ejercer otros derechos como la autonomía y la cultura.
Por todo eso, la FLIP, como representante de la familia de Abelardo Liz, busca que el Estado colombiano establezca condiciones óptimas para que comunicadores y comunicadoras indígenas puedan ejercer su oficio sin ser víctimas de estigmatizaciones y hechos violentos por parte de la fuerza pública.
En concreto, solicitamos que se ordene al Ejército y la Policía realizar un acto público de perdón que incluya un reconocimiento expreso de responsabilidad por el homicidio de Liz y por las afectaciones que con ello generaron en la libertad de expresión y en la comunicación indígena. También pedimos que estas dos instituciones expidan un protocolo que garantice y proteja el ejercicio de la libertad de expresión de los comunicadores indígenas, con esto se podrán emprender acciones preventivas. Finalmente también exigimos que se construya un monumento en Corinto que visibilice el liderazgo que tenía Liz en la comunidad como reportero indígena.
