En 2023, Fundamedios reportó 265 agresiones contra la libertad de expresión, incluyendo un aumento del 340% en ataques atribuidos al crimen organizado, en comparación con 2022.
Este artículo fue publicado originalmente en fundamedios.org el 13 de noviembre de 2024.
Este martes, una delegación de la Sociedad Civil, encabezada por Fundamedios y una delegación del Estado ecuatoriano se presentaron en la audiencia número 13 de Ecuador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de las 191 sesiones de la Comisión. Allí se abordó la situación actual de periodistas en Ecuador.
José Luis Calderón, periodista exiliado, Tamia Villavicencio, hija de Fernando Villavicencio, Karen Minda, periodista amenazada por grupos criminales, Dagmar Thiel, CEO de Fundamedios US, Dagmar Flores, coordinadora del Área de Protección y César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios -en representación de la Sociedad Civil- expusieron varios casos y cifras de lo que ocurre en el país en materia de libertad de expresión.
“Esta audiencia busca no solo exponer las circunstancias adversas que afectan a los actores clave en la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión en Ecuador, sino también solicitar el acompañamiento del organismo para prevenir una mayor erosión de estas libertades fundamentales. El contexto que presentamos en los siguientes puntos resalta la necesidad urgente de atención y acción por parte de la comunidad internacional”, dijo Thiel.
Por su parte, Dagmar Flores habló sobre la creciente ola de violencia en Ecuador y el rol del crimen organizado, que ha pasado de ser una amenaza latente a un riesgo real para la seguridad pública y la libertad de prensa. «En 2023, Fundamedios reportó 265 agresiones contra la libertad de expresión, incluyendo un aumento del 340% en ataques atribuidos al crimen organizado, en comparación con 2022. Hasta octubre de este año, se registraron 163 agresiones nuevas, y seis periodistas fueron desplazados por amenazas de muerte, sumando un total de 14 periodistas exiliados en los últimos dos años».
Además, Flores solicitó el cese del discurso estigmatizante por parte del Estado y señaló que ha sido la sociedad civil la que se ha hecho cargo de la situación de periodistas, activistas y defensores de Derechos Humanos exiliados; pues el Estado no se ha pronunciado al respecto.
En este primer bloque, José Luis Calderón, periodista que estuvo en el ataque a TC Televisión en enero pasado, dio su testimonio del hecho y su presente. “Actualmente mi situación es crítica e incierta, durante mi estancia en los Estados Unidos. Mientras mi solicitud de asilo se resuelve , preveo recibir un permiso para trabajar, por parte del gobierno estadounidense», enfatizó.
Karen Minda, periodista que ha sido blanco de amenazas por parte de grupos criminales en los últimos años también dio su testimonio a través de un video presentado durante la audiencia.
César Ricaurte solicitó, entre otras cosas, que el Estado garantice el financiamiento necesario para el Mecanismo de Prevención y Protección del Trabajo Periodístico; el cese inmediato de la persecución y represalias contra las víctimas y sus familias, quienes han sufrido agresiones por ejercer y defender la libertad de prensa; y que la Comisión continúe respaldando los pronunciamientos de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión sobre la situación en Ecuador.
Peticiones antes la CIDH
- Solicitamos al Estado ecuatoriano que garantice el financiamiento necesario para el mecanismo de protección de periodistas, asignando recursos adecuados para evaluar riesgos, implementar políticas de protección y facilitar la denuncia de actos de violencia contra periodistas.
- Pedimos verdad, responsabilidad, no repetición y reparación integral para las víctimas directas e indirectas de crímenes contra periodistas, así como cooperación transnacional para investigar estos casos y perseguir a los responsables. En especial se debe investigar casos tan graves y emblemáticos como el asesinato de Javier, Paúl y Efrain, el asesinato de Fernando Villavicencio y el ataque armado a TC Televisión.
- Solicitamos el cese inmediato de la persecución y represalias contra las víctimas y sus familias, quienes han sufrido agresiones por ejercer y defender la libertad de prensa.
- Pedimos que el Estado detenga el uso abusivo del poder estatal en contra de la prensa y medios críticos, prácticas que afectan gravemente la democracia y la libertad de expresión.
- Solicitamos a la CIDH que inste al Estado ecuatoriano a reformar sus políticas y marcos legales, con el fin de asegurar un entorno libre y seguro para el desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil en Ecuador.
- Debido a la violencia electoral y su impacto en los derechos de participación, expresión y prensa, solicitamos que la CIDH sea parte de las misiones de observación electoral de la OEA, monitoreando y emitiendo un informe sobre la libertad de expresión durante estos comicios en curso.
- Solicitamos que la Honorable Comisión preste especial atención y priorice las medidas de protección, incluidas las cautelares relacionadas con la filtración masiva de comunicaciones de periodistas, muchos de los cuales están en grave riesgo inminente e irreparable. La Comisión exige una investigación y sanción rigurosa a los responsables de la filtración masiva de comunicaciones de más de 150 periodistas en Ecuador.
- Pedimos que la Comisión continúe respaldando los pronunciamientos de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión sobre la situación en Ecuador.
La delegación del Estado ecuatoriano, conformada por Eduardo Esparza, subsecretario General de Integridad Pública, Karola Ricaurte, directora Nacional de Derechos Humanos y Alonso Fonseca Garcés, subdirector de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado, tomó su turno para exponer su versión. Ricaurte aseguró que el Estado ha cumplido con las medidas cautelares contempladas por la CIDH y que han entregado la información solicitada por la Comisión; Fonseca Garcés complementó diciendo que existe una constante preocupación por parte del Estado desde 2023 en relación a las agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos.
Por su parte, Esparza se refirió a la Política Pública para regular a las Organizaciones de la Sociedad Civil, misma que entró en una reforma que se llevará a cabo en conjunto con las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Tras las exposiciones de Sociedad Civil y el Estado ecuatoriano, las principales interrogantes y cuestionamientos se enfocaron en el Mecanismo de Prevención y Protección al Trabajo Periodístico y la falta de presupuesto de éste para poder cumplir de manera eficiente con su objetivo; así como la falta de garantías del Estado para proteger a defensores de derechos humanos y periodistas. «Su compromiso con la libertad de expresión, en un escenario complejo, es admirable. No están solos, el respaldo se escucha en la comunidad internacional», dice Stuardo Ralón, comisionado de la CIDH y relator para Ecuador, quien, además, agradeció a la delegación de la sociedad civil por el esfuerzo que realizan para la defensa de la libertad de expresión.
Ralón cuestionó al Estado si hay acciones concretas para hablar de avances en torno al Mecanismo de Prevención y Protección al Trabajo Periodístico. Además, solicitó información sobre las políticas públicas que el Estado está adoptando para combatir y, sobre todo, proteger a la población del crimen organizado.
Finalmente, Tamia Villavicencio elevó una petición al Estado y a la CIDH, para que exista un servicio de acompañamiento y apoyo legal y psicosocial para las víctimas, de forma gratuita. Además, hace un llamado para seguir procesos de veedurías a todos los actores dentro del proceso investigativo para evitar que sean «manchados» o «filtrados» por el crimen organizado.
“Como una víctima y, ahora, como periodista quiero llegar viva a la verdad. Desde el momento uno, no tuvimos un acompañamiento legal y psicológico tras el asesinato de nuestro padre. Yo recibí ayuda de una organización de México porque en nuestro país no encontré una solución gratuita”, comentó Villavicencio.
Además, Villavicencio solicitó que exista una veeduría externa en los procesos judiciales, pues dijo que en su caso se enfrentaron a la filtración de información, donde “personajes políticos y algunos abogados mafiosos filtraron datos e información sobre las acciones que se tomaron con respecto a los delincuentes que perpetraron el asesinato de nuestro padre”.
“Necesitamos que se garantice una protección externa, porque la Policía también ha sido infiltrada por el crimen organizado”, añadió la comunicadora.
La solicitud de audiencia fue realizada por la Coalición de organizaciones que forman parte del Observatorio de Seguimiento a las Recomendaciones en materia de DDHH conformada por: Fundamedios, Fundación Desafío, Diálogo Diverso, la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), Nos Faltan 3, la Fundación Mil Hojas y Fundación Lucha Anticorrupción.
