Los periodistas ecuatorianos que formaron parte de la investigación de los Panama Papers han sido reiteradamente hostilizados y estigmatizados en una campaña de verdadero acoso que debe cesar inmediatamente.
Este artículo fue publicado originalmente en fundamedios.org el 12 de abril de 2016.
Los periodistas ecuatorianos que formaron parte de la investigación de los ‘Panama Papers’ han sido reiteradamente hostilizados y estigmatizados en una campaña de verdadero acoso que debe cesar inmediatamente, señaló Fundamedios.
En un hecho de suma gravedad el Presidente de la República, Rafael Correa, a través de sus cuentas en redes sociales expuso los nombres, medios y cuentas de Twitter de cada uno de los seis periodistas que desde Ecuador aportaron en la investigación de los Panama Papers. El Mandatario también arengó a sus partidarios para que envíen mensajes a los periodistas. “A exigirles TODA la verdad”, señaló.
Las agresiones y ataques en redes sociales no se hicieron esperar. Por ejemplo en Twitter la usuaria @amykun1 escribió al periodista Alberto Araujo “@Vividisimo Revela la verdad maldito, REVELA LA VERDAD CORRUPTO DE MIERDA! #PanamaPapers”. Por su parte el usuario @chinatharodec difundió fotos de los periodistas, incluso acompañados por sus hijos, menores de edad. Varios comentarios en Facebook califican a los periodistas como “mercenarios”, “ratas”, “prensa corrupta” y “lacayos del imperio”, entre otros.
Antes de esto, el Presidente, refiriéndose a los comunicadores y a la masiva filtración de documentos realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), escribió en la red social: “Casi un año pasaron buscando algo contra el gobierno ecuatoriano y no encontraron nada. Ahora le toca a los ciudadanos: exijamos TODA la información. La lucha “selectiva” contra la corrupción sólo es… ¡más corrupción!”, apuntó el Primer Mandatario a la vez que adjuntó un enlace de una publicación del medio estatal El Telégrafo en donde se hace referencia a cuentas en paraísos fiscales de personas vinculadas a la oposición y empresarios. El enlace lo publicó con la leyenda: “Lo que no encontrarás en la prensa mercantilista”.
A esto se suma el llamado que hizo el 6 de abril, la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) Yolanda González, quien anunció en rueda de prensa que se ha identificado a cinco periodistas que formaron parte de la investigación de los Panama Papers para exigirles entregar la información que esté en sus manos para iniciar investigaciones propias. “Estamos haciendo todo el proceso para convocar a estos periodistas ecuatorianos para que nos faciliten esa información y nosotros como Consejo, cumpliendo con nuestras atribuciones, procesaremos esa información como corresponde” (…) “Necesitamos su presencia y vamos hacer un llamado a la ciudadanía que exija a estos periodistas de que esa información la entreguen al Consejo y también a la ciudadanía”, apuntó la funcionaria, en declaraciones recogidas por el diario estatal PP El Verdadero.
Ese medio de comunicación también publicó los nombres completos de seis periodistas ecuatorianos que supuestamente han participado en dicha investigación y cita como fuente la página web del Consorcio. Sin embargo, al buscar en dicho portal solo figura el nombre de uno de ellos.
El pedido del Cpccs se oficializó el 13 de abril. A través de un escrito dirigido a los seis periodistas de medios privados que participaron en la investigación y al director del diario estatal El Telégrafo, ese Concejo citó a los comunicadores para que acudan el 19 de abril y entreguen a ese organismo toda la información a la que tengan acceso sobre la investigación que atañe a los ecuatorianos.
Un llamado similar lo hizo la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, la cual anunció, a través de un comunicado de prensa, que se invitará a los periodistas de los diferentes medios de comunicación que están investigando este tema. En ese sentido, el oficialista Mauro Andino, presidente de la Comisión, apuntó que aunque la asistencia de los periodistas no es un obligación legal, “sí es una obligación moral que tienen con el país”.
En la misma línea de lo que exigió el Presidente Correa, se ha iniciado una petición a través de la plataforma Change.org, convocado por un funcionario público de nombre Eduardo Yumi, quien trabaja en la Secretaría de la Política en la ciudad de Riobamba (sierra central del Ecuador) mediante la cual una organización denominada Juventud por la ética pide a los seis periodistas ecuatorianos y a los directivos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) a publicar todos los papeles de Panamá por considerar que lo difundido hasta hoy “parece apuntalado a generar un daño político al Presidente Putin de Rusia, a pesar de no estar involucrado en los papeles directamente”. Entre los firmantes constan algunos funcionarios públicos y colaboradores del Estado.
A estas acciones se suma el hecho que el 13 de abril, una docena de personas se presentaron con carteles en la puerta de diario El Comercio y El Universo, los diarios a los que pertenecen los periodistas que participaron en la investigación, para exigir ‘toda la información’. Esto ocurrió cerca de las 10 de la mañana en diario El Comercio y horas más tarde en El Universo. También se conoció que esta protesta tuvo la cobertura de medios estatales, según denunció El Comercio en su editorial del 14 de abril.
Fundamedios rechaza y repudia estas acciones que evidencian el hostigamiento y la estigmatización desde el poder. Al revelarse los nombres de los periodistas implicados en la investigación, son expuestos a una mayor vulnerabilidad que podría tener consecuencias nefastas, tanto para la integridad de los periodistas, como para la libertad de expresión.
Fundamedios recuerda que la Corte y la Comisión Interamericana han establecido que las declaraciones estigmatizantes efectuadas por altos funcionarios públicos contra personas que ejercen su libertad de expresión pueden ponerlos en una posición de mayor vulnerabilidad relativa frente al Estado y determinados sectores de la sociedad. De igual forma, la repetición de estas declaraciones puede contribuir a exacerbar el clima de hostilidad, intolerancia y animadversión por parte de ciertos sectores de la población frente a estas personas.
La jurisprudencia interamericana en reiteradas oportunidades ha reconocido que la libertad de expresión otorga, tanto a los directivos de medios de comunicación como a los periodistas que laboran en ellos, el derecho a investigar y difundir por esa vía hechos de interés público; y que en una sociedad democrática, la prensa tiene derecho a informar libremente sobre las actividades estatales, y criticar al gobierno—ya que la ciudadanía tiene un derecho correlativo a ser informada sobre lo que ocurre en la comunidad. También se ha reconocido que los periodistas tienen el derecho a difundir en su país información sobre temas de legítimo interés público que están disponibles en la prensa extranjera.