La periodista María de Jesús Bravo y el profesor Gilberto Martínez obtuvieron su libertad después de que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz desistiera de la acción penal en su contra tras ser acusados de terrorismo.
(CENCOS/IFEX) – México D. F., 22 de septiembre de 2011 – Después de permanecer detenidos cerca de un mes en el penal de Pancho Viejo en Veracruz (sureste), la periodista María de Jesús Bravo y el profesor Gilberto Martínez obtuvieron hoy su libertad después de que la Procuraduría General de Justicia del Estado desistiera de la acción penal en su contra tras ser acusados de terrorismo por el gobierno del estado que encabeza Javier Duarte, mismo que anticipó la posible liberación ayer por la mañana.
El pasado 25 de agosto la periodista María de Jesús Bravo y el profesor Gilberto Martínez publicaron mensajes en las redes sociales Twitter y Facebook sobre posibles ataques en escuelas veracruzanas. Por este motivo, ambos fueron detenidos por elementos de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) y acusados bajo el delito de terrorismo, tipificado en el artículo 311 del Código Penal Veracruzano. El 31 de agosto, la jueza Beatriz Hernández, con sede en Xalapa, dictó auto de formal prisión en su contra.
La liberación del profesor y la reportera vino después de los fuertes reclamos que recibió el gobierno de Veracruz por parte de organizaciones de libertad de expresión, usuarios de las redes sociales, el llamado abierto a desistir de esta acusación que emitió el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad durante la visita de la Caravana de la Paz a Xalapa y de la sociedad civil en general.
CENCOS y Periodistas de a Pie celebramos esta decisión. Sin embargo nos preocupa la aprobación en el Congreso local de la modificación al Código Penal para crear la figura de perturbación al orden público como un delito menor que en el dictamen fue aprobado y publicado en la «Gaceta Oficial» el 20 de septiembre.
Los integrantes del colectivo ContingenteMx solicitaron el día de ayer a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que ejerza acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la aprobación y publicación de esta reforma, solicitud que tendrá respuesta en cinco días hábiles. Las organizaciones firmantes respaldamos la solicitud hecha a la CNDH, pues consideramos que esta reforma pone en riesgo las libertades de la ciudadanía veracruzana y en especial el derecho a la libertad de expresión.
Con anterioridad a estos hechos, las organizaciones firmantes advertimos al gobierno de Veracruz sobre la necesidad de implementar medidas de protección para la prensa en el estado. Creímos urgente distender el ambiente de zozobra y desinformación que vive la ciudadanía ante la creciente violencia, así como resarcir el clima de autocensura en los medios locales sobre temas de política, seguridad y narcotráfico para evitar la desinformación y resguardar el sano ejercicio de la libertad de expresión, fundamental para toda democracia.
Es por ello que solicitamos al gobierno de Veracruz no perseguir las expresiones y opiniones de la ciudadanía ni de la prensa y generar condiciones aptas para el ejercicio de la libertad de expresión en la entidad.
