Un mes después de que una periodista en Texas fuera encarcelada por rehusarse a entregar informacion confidencial, la cuestion del derecho de los periodistas a proteger la confidencialidad de sus fuentes paso a primer plano debido a otro incidente ocurrido la semana pasada. El secretario de Justicia de Estados Unidos, John Ashcroft recibio fuertes críticas […]
Un mes después de que una periodista en Texas fuera encarcelada por rehusarse a entregar informacion confidencial, la cuestion del derecho de los periodistas a proteger la confidencialidad de sus fuentes paso a primer plano debido a otro incidente ocurrido la semana pasada. El secretario de Justicia de Estados Unidos, John Ashcroft recibio fuertes críticas del International Press Institute (Instituto Internacional de Prensa, IPI), Reporteros sin Fronteras (RSF) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) después de que el Departamento de Justicia requirio las conversaciones telefonicas del periodista de John Solomon, de la Associated Press.
Según el IPI, Solomon recibio una carta de la fiscal de EE.UU. Mary Joe White el 20 de agosto de 2001 que le notificaba que los oficiales habían obtenido sus llamadas telefonicas entrantes y salientes hechas entre el 2 y el 7 de mayo de 2001. Solomon había presentado un artículo el 4 de mayo en el cual citaba a un funcionario del Departamento de Justicia que revelo que un dispositivo de espionaje telefonico federal había vigilado las conversaciones telefonicas del Senador estadounidense Robert Torricelli. Las leyes federales prohíben a los agentes de policía revelar informacion obtenida a través del espionaje telefonico gubernamental, informa RSF.
El IPI expreso su consternacion debido a que la oficina del Secretario de Justicia violo el Codigo de Reglamentos Federales al emitir el requerimiento, pues se exige «se den todos los pasos de investigacion alternativos razonables» para obtener informacion antes de recurrir al uso de un citatorio. Solomon recibio el citatorio solo 10 días después de la publicacion de su artículo. «La decision de la oficina del Secretario de Justicia tendrá un efecto inhibitorio en la libertad de prensa y promoverá el punto de vista de que los periodistas son solo un apéndice investigador del Estado», comento el IPI.
Este año, la periodista independiente Vanessa Leggett fue encarcelada sin derecho a fianza en Houston, Texas, el 20 de julio de 2001 después de que un juez de un tribunal de distrito la considero en «desacato al tribunal» por rehusarse a entregar notas y entrevistas que compilo mientras investigaba un asesinato. [Ver «Comunicado» IFEX No. 10-31.] RSF informa que el 17 de agosto de 2001, Leggett perdio una apelacion al fallo en el Quinto Tribunal de Circuito de Apelaciones de Estados Unidos.
Para obtener más informacion, vea www.freemedia.at, www.rsf.fr y www.iapa.org.
