La Alianza para el Gobierno Abierto busca construir una relación entre gobierno y sociedad aprovechando al máximo el derecho a la información pública. México, como presidente de esta Alianza, debe garantizar una relación de diálogo verdadero entre todos los órdenes de gobierno, poderes y la sociedad.
- Han pasado 53 días desde la desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes mexicanos y la ejecución extrajudicial de otros tres.
- Recientemente México asumió la Presidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto y como tal debe garantizar espacios verdaderos de confianza y co-creación con la sociedad civil, sólo así podrá fungir como guía para los demás países.
- La sociedad civil de las Américas exige al gobierno de México que rinda cuentas sobre los hechos acontecidos en el estado de Guerrero y garantice la búsqueda efectiva en vida, verdad, justicia, reparación y no repetición.
La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) busca construir una nueva relación entre gobierno y sociedad aprovechando al máximo el derecho a la información pública y las tecnologías de la información; ampliando la rendición de cuentas de los gobiernos y asegurando una participación ciudadana efectiva en la vida pública de los países.
México es uno de los ocho países fundadores de la AGA. Desde su lanzamiento en septiembre de 2011, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, el órgano garante de acceso a la información y el gobierno federal, han manifestado públicamente su interés en convertir esta Alianza en una verdadera plataforma de diálogo y colaboración para avanzar en los principios de Gobierno Abierto. Sin embargo, el día de hoy, estos principios en México se encuentran ante circunstancias que ponen de manifiesto una crisis estructural que trasciende eventos, partidos políticos, poderes y ámbitos de gobierno.
Las ejecuciones extrajudiciales de 22 personas en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, a finales de junio de este año; la desaparición forzada de 43 estudiantes y ejecución de 3 más de la Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero en septiembre de este año; las más de 22 mil personas desaparecidas y, la proliferación de acciones legales y cuasi-legales para restringir los espacios cívicos a las voces de disenso, hacen evidente la crisis de violencia e inseguridad que vive el país, así como la apremiante necesidad de que el Gobierno Mexicano informe de manera veraz, oportuna y clara y rinda cuentas a fin de generar confianza de parte de la sociedad.
México, como presidente de esta Alianza, debe fungir como ejemplo para los demás países y garantizar una relación de diálogo verdadero entre todos los órdenes de gobierno, poderes y la sociedad. La fragmentación existente entre las partes hace imposible que funja como guía y dé cumplimiento a los objetivos de esta iniciativa. Por esto, organizaciones de la sociedad civil, académicos, activistas, programadores y desarrolladores de México y de las Américas se solidarizan con las familias de los jóvenes desaparecidos y con la sociedad mexicana y llaman al Gobierno Mexicano a mostrar un verdadero compromiso con el gobierno abierto.
No somos indiferentes a este doloroso contexto y por esto nos solidarizamos con las familias de las víctimas y con la sociedad mexicana que ha sufrido por los años de ausencia de un Estado de derecho.
La indignación y el dolor no nos van a vencer. Es hora de que el Estado sepa que no toleraremos ni una simulación más. México necesita un cambio profundo.
La sociedad civil mexicana y de 18 países apoyamos y hacemos propias las demandas de los padres y las madres de los 43 estudiantes desaparecidos y exigimos, en el marco del Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto, que el Gobierno Mexicano rinda cuentas y garantice un verdadero Estado de derecho. Exigimos la búsqueda en vida, verdad, justicia y reparación para las víctimas. Es necesario conocer el paradero real de las víctimas, los hechos, los actores involucrados y las sanciones a las que son acreedores, las acciones u omisiones del Estado que permitieron que estos hechos ocurrieran, y aquellas que deberán garantizar que nunca más vuelvan a ocurrir.
Ayotzinapa ¡Nunca más!
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