El nuevo marco legal dispone un aumento en los límites de la cantidad de licencias que se pueden acumular, y permite una mayor extranjerización del sistema mediático uruguayo.
Este artículo fue publicado originalmente en observacom.org el 23 de octubre de 2024.
En mayo el Senado aprobó la normativa con carácter “grave y urgente”, pero recién el pasado 16 de octubre obtuvo su sanción definitiva cuando el presidente Luis Lacalle Pou la promulgó. Esta ley habilita una mayor concentración y elimina controles y obligaciones de transparencia del Estado
El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, promulgó el pasado 16 de octubre la Ley N°20.383 que deroga la mayor parte de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N°19.307 – popularmente conocida como Ley de Medios. La nueva normativa fue aprobada en mayo por la cámara alta del Parlamento y en agosto por la Cámara de Representantes, ambas instancias bajo el tratamiento de “grave y urgente”, lo cual impidió un debate profundo de los cambios realizados a último momento por la bancada oficialista.
El nuevo marco legal dispone un aumento en los límites de la cantidad de licencias – tanto para servicios de radio como de TV – que se pueden acumular, y permite una mayor extranjerización del sistema mediático uruguayo.
También deroga todas las disposiciones sobre obligaciones de transparencia establecida en la ley derogada, así como las consultas públicas sobre los procedimientos de autorización, transferencia y renovación de licencias de radio y televisión. También elimina la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (Chasca), un organismo de control ciudadano sobre las actuaciones del gobierno en estos asuntos.
Varios cuestionamientos
Según reporta el Índice Chapultepec de libertad de expresión elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) – gremial de los principales medios escritos de la región -, Uruguay tuvo un descenso del quinto al séptimo lugar en este ranking. Entre las preocupaciones señaladas, se destaca que “la aplicación de la nueva Ley de Medios, aprobada por la coalición de gobierno puede representar una amenaza en la conformación y fortalecimiento de nuevos y viejos monopolios de medios como la radio, televisión abierta y para abonados”.
Dicha normativa fue rechazada por la oposición y ampliamente cuestionada por diversas entidades nacionales e internacionales. La UNESCO y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) advirtieron que la ley “es contraria a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”.
