Según declaró el Fiscal encargado del proceso, se dejará de investigar porque los cuatro asesinos fueron asesinados en 2000 y 2002 durante combates con la fuerza pública.
(FLIP/IFEX) – 25 de abril de 2011 – La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) lamenta la decisión de la Fiscalía de no investigar más los asesinatos de Julio Daniel Chaparro y Jorge Enrique Torres, ocurridos el 24 de abril de 1991 en Segovia, Antioquia. A pesar de los llamados que las organizaciones civiles de prensa y los medios de comunicación le hicieron a la Fiscalía para que tomara las medidas jurídicas necesarias, los homicidios de los periodistas prescribieron el 24 de abril de 2011.
Según declaró el Fiscal encargado del proceso a Semana.com, se dejará de investigar porque los cuatro homicidas, según su versión guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), fueron asesinados en 2000 y 2002 durante combates con la fuerza pública. Además, en la resolución, la Fiscalía descarta declarar estos homicidios delitos de lesa humanidad, como lo pedían los familiares, la FLIP y otras organizaciones de prensa.
La Fiscalía sostiene en la resolución que los periodistas tomaron fotos y apuntes, e hicieron preguntas en la zona lo cual «generó automáticamente en las huestes de las milicias que allí operaban, la conclusión de que se trataba de agentes de inteligencia del Estado», atribuyendo a esta situación las causas de los asesinatos. La Fiscalía insiste en que fue un hecho aislado «quedando por demás establecido, – resalta la resolución – que el homicidio de JULIO DANIEL CHAPARRO HURTADO y JORGE TORRES NAVAS no fue perpetrado por su condición de periodista, ni mucho menos por serlo del diario ‘El Espectador’ . . . «
Julio Daniel Chaparro y Jorge Enrique Torres fueron asesinados por desconocidos mientras hacían un cubrimiento periodístico para «El Espectador», sobre el impacto de la masacre de Segovia en la población. Esa masacre, hecha por los paramilitares el 11 de noviembre de 1988 y que dejó más de 40 personas asesinadas, fue declarada crimen de lesa humanidad en 2010. Por esos hechos, el ex congresista, César Pérez García fue llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia.
A la FLIP le sorprende que la Fiscalía haya sacado resolución inhibitoria el 12 de abril de 2011, faltando pocos días para la prescripción de los asesinatos, usando como argumento principal la muerte de los presuntos autores, siendo que esas pruebas estaban desde hace varios años en el expediente y la Fiscalía jamás tomo alguna decisión en ese sentido, durante este tiempo. Por el contrario, en 1993 los presuntos guerrilleros responsables fueron detenidos y luego puestos en libertad. La misma Fiscalía precluyó la investigación en su contra al considerar que habían dudas en los testigos que los señalaban.
También llama la atención que la Fiscalía considere que los asesinatos nada tuvieron que ver con el oficio periodístico de Chaparro y Torres, desconociendo los antecedentes periodísticos de los reporteros, la persecución de que fueron víctimas varios periodistas de «El Espectador» por parte de la mafia durante esos años y la presencia de grupos armados ilegales en Segovia. Daniel Chaparro, hijo de Julio Daniel, le dijo a la FLIP que desde el inicio la investigación estuvo llena de irregularidades: «El proceso nunca avanzó. Desde el comienzo se entreveía impunidad. A mí me tocó decirle al Fiscal que investigara el contexto de la región, que estudiara el trabajo de mi papá.». Ruby de Torres, esposa de Jorge Enrique, coincide con el hijo de Chaparro: «El proceso tuvo muchas fallas, hemos golpeados muchas puertas a ver si la Fiscalía colaboraba», y agrega: «El único que trató de revivir el proceso fue el abogado Eduardo Umaña, pero él también fue asesinado. De la Fiscalía sólo ha habido silencio total, impunidad total.»
En repetidas ocasiones, La FLIP alertó sobre la posibilidad de que los dos homicidios quedaran en la impunidad. El 28 de marzo de este año, se le envió una carta a la Fiscal General de la Nación, Viviane Morales, solicitando tomar las medidas necesarias para activar la investigación y evitar su prescripción. A su vez, el pasado 7 de abril, por medio de un comunicado público se reiteró la urgencia y se solicitó declarar el homicidio como crimen de lesa humanidad alegando que hizo parte de las acciones sistemáticas y generalizadas contra los periodistas de «El Espectador» en esa época. Esos mismos argumentos se usaron en el caso del periodista Guillermo Cano, asesinado el 17 de diciembre de 1986, que sí fue declarado delito de lesa humanidad por la persecución recurrente del narcotráfico contra los periodistas de ese diario. Además, los asesinatos de Chaparro y Torres se dieron por el cubrimiento periodístico de la masacre de Segovia reabierta por los mismos argumentos.
La FLIP recuerda que el asesinato de periodistas, en ejercicio de su profesión, es una grave violación a los derechos humanos, al limitar su derecho a expresarse y restringir el derecho de los ciudadanos a estar informados. En el caso de Chaparro y Torres, la Justicia colombiana incumplió su obligación de investigar y sancionar a los responsables durante un tiempo razonable, así como tampoco les respetó el derecho de sus familiares a conocer la verdad de los hechos.
La decisión de la Fiscalía en este caso preocupa aún más si se tiene en cuenta que en los próximos meses puedan prescribir otros cuatro casos de periodistas asesinados en 1991. El próximo 20 de mayo se cumplen 20 años de los homicidios de Carlos Julio Rodríguez y José Libardo Méndez, periodistas de la emisora La Voz de la Selva que fueron abatidos en Florencia, Caquetá, y en cuyos casos no hay condenados.
